La violencia replegó al Estado peruano y presiona la Reserva Nacional Tambopata en Perú

Perú posee uno de los bosques con mayor biodiversidad del planeta, una selva tropical que sirve de refugio para aves migratorias y especies amenazadas. Su nombre es Reserva Nacional de Tambopata, se ubica en la región amazónica de Madre de Dios y está protegida por 231 000 hectáreas de cobertura boscosa declaradas por ley como zona de amortiguamiento, pero solo en el papel. Esta franja territorial, que debería servir de escudo para la Reserva, está siendo invadida por usurpadores de tierras, mineros ilegales y bandas de crimen organizado. Entre el 2001 y el 2022, el área protegida sufrió una pérdida de 1586 hectáreas y la zona de amortiguamiento de 31 776 hectáreas. Esto equivale a 1.5 y 31 veces, respectivamente, el tamaño del distrito limeño de San Borja.

La violencia ha desterrado al Estado y una de las pruebas quedó grabada en video. Las imágenes captadas con un celular, en octubre de 2023, muestran a un grupo de hombres armados con machetes que rodea a dos policías y a una funcionaria de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), en una zona deforestada de la zona de amortiguamiento.

—¡Hay que quemar a la fiscal! —se escucha entre la muchedumbre.

Los hombres avanzan amenazantes, pero uno de ellos impone la calma. Aquel día la violencia no prosperó, pero las autoridades tuvieron que abandonar el lugar. Ellos habían acudido para constatar la ocupación ilegal de concesiones forestales que fueron otorgadas a los comuneros, y no pudieron culminar la diligencia. Al contrario, días después, la fiscal recibió una notificación: los invasores la denunciaron por abuso de autoridad.

—Los agricultores ilegales han perdido el miedo. Ahora amenazan abiertamente a las autoridades, al igual que los mineros ilegales. Solo se puede entrar a la zona de amortiguamiento si vas a comprar oro o proveerles maquinarias. El problema es muy grave, muy grave, ya no es manejable desde la región. En la Defensoría creemos que la estrategia contra la criminalidad en Madre de Dios debe ser dirigida desde las cabezas del Estado —dice el jefe de la Oficina Defensorial de Tambopata, Guimo Loaiza, quien también tuvo acceso al video.

La zona de amortiguamiento es hogar de más de 1500 familias que se dedican a actividades forestales y de protección del bosque. Este territorio limita con la Carretera Interoceánica, que conecta al oriente del país con Brasil, y con el mal llamado corredor minero, una franja paralela donde el Estado autorizó la extracción de oro y que ha impulsado el avance de la minería informal y la usurpación de tierras.

La modalidad que los invasores utilizan para apropiarse de las tierras consiste en cambiar el uso del suelo, parcelando los bosques para sembrar plátanos y especies de rápido crecimiento. Así lo ha documentado el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, un grupo de vecinos organizados que defienden sus tierras y concesiones forestales.

El objetivo de los invasores es argumentar ante las autoridades que el terreno siempre fue agrícola y así obtener documentos de posesión. Incluso, forman asociaciones de agricultores y denuncian a los verdaderos concesionarios. Y, ahora, también a los fiscales. Finalmente, el predio puede ser sometido a ventas sucesivas, pero termina en poder de la minería ilegal, la tala o la siembra de cultivos ilícitos.

Mongabay Latam recorrió la zona y confirmó que en esta porción de la Amazonía, donde tres defensores ambientales fueron asesinados a balazos en 2015, 2020 y 2022, el miedo ya no es exclusivo de las familias y concesionarios forestales que viven en la franja. El temor a hablar está presente entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil de todo Madre de Dios. Varios de los que contactamos para esta nota optan por el anonimato para evitar represalias.

La expansión del crimen

En Madre de Dios el oro no respeta los límites políticos. Se esconde en los cuerpos de agua y cruza de norte a sur la vía Interoceánica, como buscando la espesura de la Reserva Nacional Tambopata. Para encontrarlo, los mineros arrancan los bosques y remueven la tierra hasta convertirla en montículos de fango que bañan en mercurio. No es necesario adentrarse en la selva para ver sus consecuencias, los tajos se divisan a ambos lados de la carretera, en el llamado corredor minero y en la zona de amortiguamiento que limita con el área protegida.

En el análisis geoespacial realizado por Mongabay Latam, encontramos que a un kilómetro a la redonda de la reserva Tambopata se han deforestado 2187 hectáreas de bosque por actividad minera. A cinco kilómetros, esta cifra asciende a 7 001 hectáreas y a 10 kilómetros del área protegida, se incrementa a 10 077 hectáreas de bosque perdido.

Los mineros no intentan ocultarse. La tierra muerta se asoma al pasar por los centros poblados Santa Rosa, Virgen de la Candelaria, Primavera Alta y Nueva Arequipa. Los camiones descargan materiales y las bombas de succión trabajan a ritmo frenético. La voracidad de extracción es tan grande que ha logrado desestabilizar las bases de una torre de alta tensión al borde de la Interoceánica, una infraestructura que suministra energía a la capital de Madre de Dios, Puerto Maldonado.

En La Pampa, el enclave situado entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica y conocido por reunir los peores efectos de la minería, el crimen organizado y la trata de personas, se miran negocios más prósperos. Las casas de ladrillos llegan a los tres pisos de altura y los comercios cuentan con suficientes técnicos, repuestos, combustible y maquinarias, por lo que los mineros no necesitan ir hasta la capital para abastecerse.

La minería ilegal está fuera de control en la zona de amortiguamiento. Ello se evidencia por el avance de la deforestación y el ruido de las motobombas que operan en esta franja, pero también por las trochas ilegales que se han instalado en el bosque, con tranqueras y portones para controlar el ingreso desde la misma Interoceánica.

Erick Zamalloa, jefe de la Reserva Nacional Tambopata, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), asegura que los mineros ilegales no han ingresado al área intangible, pero sí ejercen presión en los sectores que limitan con el río Malinowski y la quebrada Yarinal. El funcionario explica que los 34 guardaparques del Sernanp monitorean la zona, y algunos de ellos han sido amenazados por los mineros.

La tensión es similar a lo que se registró meses antes de la invasión de finales de 2015, cuando los mineros irrumpieron en el área protegida y deforestaron más de 640 hectáreas. Zamalloa dice que los suelos degradados ya fueron parcialmente recuperados y la fauna está retornando, pero el proceso de regeneración natural del bosque es lento.

—La vuelta de la minería es imparable en este momento. La situación es bastante preocupante, la presión es bastante fuerte. Si bien hay un trabajo de restauración, me parece que es insuficiente. Las Fuerzas Armadas y la Fiscalía no se dan abasto. En realidad estamos peleando con un monstruo gigante. Deberíamos repensar el poder de intervención del Plan Restauración. No está resultando —dice Zamalloa.

Hasta noviembre de 2023, su institución calculaba alrededor de 700 motores activos destinados a la extracción de oro ilegal en La Pampa, una cifra que tiene sentido considerando que por cada equipo que la Policía y la Fiscalía destruye en los operativos de interdicción, los ilegales lo duplican en pocos días.

Entre el año 2019 y mediados de 2021, el gobierno inició la Operación Mercurio para arrinconar al crimen en La Pampa y desplegó 1200 policías, 300 militares y 70 fiscales. Si bien logró reducir el delito en este punto, los extractores de oro migraron a sectores como Barranco Chico y Mangote, a las cuencas de los ríos Punkiri y Pariamanu, y a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

La Operación Mercurio terminó con la llegada de la pandemia, y el gobierno decidió crear el Plan Restauración supuestamente con un objetivo más amplio: reducir la minería ilegal en todo Madre de Dios, pero también en Cusco y Puno. Sin embargo, esto no funcionó. Los ilegales no solo mantuvieron el control de sus nuevas zonas de explotación, sino que volvieron a La Pampa. Así lo confirman las imágenes satelitales analizadas por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), un programa de la organización ambiental Amazon Conservation.

Según el estudio de MAAP, la infraestructura ilegal que sirve para extraer el oro de los ríos se incrementó en más de 400 %  durante el Plan Restauración, incluso en áreas que ya habían sido recuperadas. Hasta mediados de 2021 eran 148 las dragas remanentes en La Pampa, pero en agosto de 2023 la cifra se elevó a 598, sobre todo en el tramo norte-sur que se dirige a la Reserva Nacional Tambopata.

En ese mismo periodo, los reportes de MAAP muestran que en todo Madre de Dios se deforestaron más de 23 000 hectáreas de bosque. Una extensión equivalente a desaparecer casi el 10% de la ciudad de Lima.

Las redes de trata y sicariato se fortalecen

Algo similar ocurrió con las redes de explotación sexual de mujeres, adolescentes y niñas que demandan los mineros ilegales. La información que maneja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Oficina Defensorial de Tambopata indica que durante la Operación Mercurio los bares de fachada se replegaron a otras 14 zonas de la región y del corredor minero, pero tras el inicio del Plan Restauración no solo mantuvieron el control de estas nuevas áreas, sino que también volvieron a sus focos iniciales y renovaron sus estrategias.

Antes, en La Pampa, las menores de edad víctimas de trata vivían en los mismos locales donde eran abusadas. Ahora, para intentar burlar la intervención policial, las mantienen en casas u hoteles diferentes y solo las movilizan a pedido.

Las bandas de sicariato y extorsión también poseen más poder en la zona de amortiguamiento y en el corredor minero. Los relatos de quienes viven y trabajan al pie de la Interoceánica relatan que son dos los grupos que controlan estos sectores: los primeros se presentan como comités de seguridad ciudadana y alertan sobre la presencia de foráneos, mientras que los segundos son cuadrillas armadas, equipadas con chalecos antibalas y teléfonos satelitales. Este pseudo grupo de seguridad que sirve a mineros ilegales y narcotraficantes extorsiona, además, a los comercios locales. A ellos se suma una red de mototaxistas, apostados en diferentes puntos de la carretera, que dan aviso de todo vehículo sospechoso que ingresa.

La minería ilegal comparte espacio con estas actividades delictivas, se nutre de ellas y les provee de un cordón de impunidad, pues el gran número de personas que se encuentra en campo extrayendo el oro de manera ilegal e informal, son los primeros en enfrentarse a los fiscalizadores y quienes avisan a los que protegen los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento de droga.

En septiembre del 2023, por ejemplo, un contingente de ellos interceptó una camioneta del Ministerio Público que se dirigía a Mazuco, la capital del distrito de Inambari, ubicada en el límite de la zona de amortiguamiento, para incautar combustible de contrabando. Los amenazaron con piedras y los obligaron a irse.

Rodolfo Mancilla Gonzáles, fiscal adjunto provincial del Quinto Despacho de la FEMA de Madre de Dios, recuerda que en diciembre de 2023 otro grupo de ilegales les impidió culminar un operativo de interdicción en el río Malinowski y en La Pampa. No estaba solo, lo acompañaban 15 policías y fiscales que se sumaron desde Lima, pero apenas los vieron llegar, los mineros se contactaron por radio para pedir refuerzos. Cuando las autoridades empezaron a detonar las balsas ya eran más de 400 las personas que los rodeaban.

—Por seguridad tuvimos que suspender el operativo y salir de la zona. Empiezan a tirar piedras, a vociferar que les estamos quitando su trabajo. Estos hechos empezaron como algo inusual pero ahora se hacen continuos y eso preocupa. Al vernos reducidos en número se complican las operaciones. Ya no tienen respeto alguno y al ver que son más, se enfrentan —dice el fiscal Mancilla.

La minería le abrió el camino a la producción de droga

Este escenario criminal ha facilitado el camino a un nuevo actor en esta región amazónica: el tráfico ilícito de drogas. El último monitoreo realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo estatal que depende del Consejo de Ministros, muestra que la superficie de cultivos de hoja de coca en Madre de Dios aumentó en 319 %, entre 2021 y 2023, al pasar de 247 a 1035 hectáreas.

Según estos datos, los distritos en mayor riesgo son Inambari, en la provincia de Tambopata; y Madre de Dios, en la provincia del Manu. Solo en la zona de amortiguamiento, Devida detectó que tres hectáreas de bosque fueron arrasadas en 2023 para ser reemplazadas con cultivos ilícitos. El área es equivalente a ver más de cuatro canchas de fútbol llenas de plantaciones de hoja de coca.

La Policía Nacional no aceptó que un vocero de la Dirección Antidrogas (Dirandro) brinde una entrevista para este reportaje, pero las notas de intervención policial a las que tuvimos acceso confirman que la zona de amortiguamiento, así como otros distritos de Madre Dios, no son solo foco de cultivos ilícitos, sino también de producción de Pasta Básica de Cocaína (PBC).

En noviembre de 2023, por ejemplo, el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Puerto Maldonado (Depotad) desmanteló dos centros de acopio en el centro poblado Santa Rita, ubicado en el distrito de Inambari, en plena zona de amortiguamiento. Aquí se almacenaban 800 kilos de hoja de coca en proceso de maceración, 220 kilos de hoja seca, 30 kilos en proceso de trituración, un laboratorio rústico e insumos químicos, y detuvo a cuatro personas procedentes del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

En el informe de Devida del 2022, este centro poblado aparece como zona de riesgo por el incremento de sembríos ilegales, y ha sido objeto de invasiones en la última década. En el último Monitoreo de Cultivos de Coca 2023 de esta institución, no se ha detectado presencia de cultivos dentro de la Reserva Nacional Tambopata, pero sí en la zona de amortiguamiento: tres hectáreas, dos más que las registradas en 2022.

Desde el 2017, las familias y concesionarios forestales que habitan en Santa Rita han presentado múltiples denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las autoridades forestales por el acoso que ejercen los usurpadores para que abandonen estos territorios. En julio de 2022, un grupo de agricultores ilegales atacó con machetes y palos a dos coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Tambopata, y siguen impunes.

Los reportes policiales revelan más focos de producción de PBC y cocaína en el denominado corredor minero de Tambopata, situado frente a la zona de amortiguamiento, y en las provincias de Manu y Tahuamanu. Uno de estos es el centro poblado Santa Rosa, limítrofe a la zona de amortiguamiento de la Reserva Tambopata, donde se desmantelaron otros dos laboratorios rústicos con 2000 kilos de hoja de coca en proceso de maceración, el 14 de agosto de 2023.

En abril de ese mismo año, en el distrito de Huepetuhe, la policía destruyó una poza de maceración de 15 metros de largo y una poza de decantación de dos metros destinadas a la elaboración de cocaína y PBC. También se incautaron bidones de 43 660 kilos con alcaloide de cocaína, insumos químicos, gasolina y hojas de coca en proceso de secado. Los documentos muestran que en 2021 y 2022 se destruyeron más laboratorios en el sector Laberinto, el centro poblado Mazuco y la localidad Primavera Baja, esta última ubicada dentro de la zona de amortiguamiento.

Además de las facetas de siembra y producción, Madre de Dios ya era un punto de encuentro y tránsito para la droga que proviene de Puno y Cusco con destino a Bolivia y Brasil. Fuentes policiales recordaron que en dos de los operativos de interdicción que se realizaron en 2023 se detectaron aeronaves con matrícula boliviana que llegaban cargadas de paquetes de clorhidrato de cocaína por pistas clandestinas instaladas en la comunidad nativa Shintuya y en el centro poblado de Itahuania, en la provincia del Manu.

Pese a lo narrado, los voceros de la Fiscalía y del Sernanp no creen que Madre de Dios haya entrado en un punto de no retorno. Ellos consideran que debe haber mayor voluntad política desde los líderes del Gobierno, para que la lucha contra la minería ilegal vuelva a tener prioridad y no se limite a la fase persecutoria. Mancilla, además, dice que se deberían volver a asignar fondos para desplegar a fuerzas militares y policiales de otras regiones, y ampliar el número de fiscales ambientales, pues ahora solo cuentan con tres funcionarios.

El Congreso benefició a la minería ilegal

En los operativos de interdicción, los mineros que son detenidos en flagrancia, manipulando un motor o sobre una balsa, no son quienes dirigen las redes del tráfico ilegal del oro. Esos mineros son  jóvenes y adultos de Madre de Dios y migrantes de otras regiones que aceptan sumergirse en el fango y el mercurio porque les prometen hasta el 25 % de lo que encuentran en una jornada. Suelen trabajar en grupos de cuatro, y en un buen día pueden extraer 20 gramos de oro, valorizados en 1305 dólares. En el escenario más optimista, se reparten 326 dólares diarios.

La minería ilegal e informal es el eje económico en Madre de Dios. Las numerosas familias que se oponen a la fiscalización lo hacen porque dependen de esta actividad para su sustento, pero también porque tienen respaldo político: los gobernadores y congresistas que representan a la región han sido vinculados a este negocio ilícito o buscan derogar las normas que regulan la actividad minera. Uno de ellos es el gobernador regional Luis Otsuka, exdirigente de la Federación Minera de Madre de Dios, dueño de dos concesiones mineras, y reelecto pese a tener investigaciones penales por peculado, malversación y colusión. Este medio solicitó una entrevista con el gobierno regional, a través de la oficina de prensa, pero no hubo respuesta.

Desde el Congreso también se han aprobado dos iniciativas que favorecen la minería ilegal y que fueron apoyadas por el congresista Eduardo Salhuana. La primera fue aprobada por el Pleno en mayo de 2024 para permitir que las máquinas incautadas en los operativos sean entregadas a los gobiernos locales, provinciales o regionales, en lugar de que sean destruidas. La segunda es la Ley 31989, fue aprobada en marzo e impide a la policía enfrentar  la tenencia ilegal de explosivos en personas que están suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Una tercera propuesta está en fase de dictamen y reúne los proyectos 2172, 2519 y 3621 con el fin de ampliar el plazo y las condiciones para acceder al Reinfo. En enero de este año, la entonces ministra del Ambiente, Albina Ruiz, le envió al Parlamento una carta en la que manifestaba su rechazo a extender un proceso que ya tuvo cuatro prórrogas desde 2002 sin alcanzar los objetivos esperados.

“Se configuraría un incentivo perverso para los mineros que se encuentran en esta situación, y un marco de impunidad, siendo que esta actividad generalmente se desarrolla sin planificación, sin instrumentos ambientales ni las autorizaciones requeridas por el marco legal, actos que debieran constituirse en delitos”, se lee en el documento.

Son 23 401 los mineros que están en proceso de inscripción en el Reinfo, y 2492 pertenecen a Madre de Dios. Para Guimo Loayza, el Reinfo facilitó la invasión de bosques y concesiones forestales, pues a los mineros les bastó con inscribirse en el proceso para empezar a explotar el mineral bajo el paraguas de protección que les da la categoría de “informales”.

Solicitamos una entrevista con un vocero de la Dirección General de Formalización Minera, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), pero dijeron que no responderían por falta de tiempo.

Defensores sin protección

Los dueños de las concesiones forestales han acudido varias veces al Ministerio Público y al Gobierno Regional para denunciar la usurpación de sus tierras y las amenazas a su integridad, pero sus procesos parecen estar encarpetados. El año pasado, dos coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata fueron cruelmente atacados por invasores, con piedras, palos y machetes, en el centro poblado Santa Rita Baja. El hecho también quedó grabado en video, pero no se sancionó a los culpables.

Por el contrario, los concesionarios y defensores ambientales son quienes terminan bajo el escrutinio, pues el Ministerio Público de Madre de Dios los investiga por presuntamente permitir que terceros talen árboles en sus hectáreas, o por presuntamente recibir dinero para permitir actividades ilícitas en sus predios.

El fiscal Mancilla indicó que muchos de los procesos no avanzan a la velocidad deseada debido a que solo son tres los fiscales que trabajan en el área administrativa y en campo, pero confirmó que hay agricultores formales bajo investigación.

El vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Demetrio Pacheco, explica que los dueños prefieren evitar las amenazas y transfieren a terceros la concesión que les dio el Estado para siembra o tala, pero son los nuevos posesionarios los que no regularizan su documentación. Entre 2012 y 2019, Pacheco presentó cuatro denuncias por la invasión de sus tierras ante la fiscalía y al Servicio Nacional Forestal, y solicitó protección policial a la prefectura de Tambopata por las amenazas que recibía, pero solo lo escucharon luego de que su hijo Roberto Pacheco fue asesinado a balazos, en septiembre de 2020, cuando vigilaba su concesión forestal.

—Las denuncias que hemos hecho están dando vueltas ahí, en la Fiscalía Ambiental, y ninguna tiene solución. Son tres los defensores ambientales asesinados hasta la fecha y no hay culpables. Los compañeros del Comité tienen amenazas de muerte. No sé hasta qué extremo más vamos a llegar, pero nuestra consigna es jamás claudicar, jamás retirarnos —dice Víctor Zambrano, presidente del Comité.

Zambrano dice que nunca dejarán de defender sus tierras, pues saben que estas amenazas son un reflejo futuro de lo que puede pasar  en otras regiones: “Solo pedimos que la desgracia que estamos viviendo en Madre de Dios no se traslade a otro espacio de la Amazonía”.

Imagen destacada: Minería ilegal registrada en La Pampa, zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata. Crédito: Max Cabello.

El artículo original fue publicado por Elizabeth Salazar Vega en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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