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En una sentencia rechazada por el ambientalismo ecuatoriano, a mediados de mayo el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar condenó a tres años de prisión y una multa de 600 dólares a seis habitantes del cantón Las Naves, por el delito de asociación ilícita. Los acusados se oponen al proyecto minero de cobre y oro Curipamba-El Domo, que tiene entre sus dueños a una empresa ligada a la familia del presidente Daniel Noboa.
Aunque el tribunal consideró que había evidencia para condenarlos, a lo largo del juicio se presentaron testimonios contradictorios sobre la solidez de las pruebas, falencias que resaltan los sentenciados y su defensa. También aseguran que sus argumentos fueron prácticamente ignorados en la decisión judicial.
A las críticas del caso legal, se suma que en el proyecto minero hay intereses de familiares del presidente Daniel Noboa, ya que desde 2019 compraron el 9.9 % de la empresa que posee la propiedad del 75 % de la mina.
Asimismo, ya durante el mandato de Noboa, en enero de 2024, la empresa obtuvo la licencia ambiental para su fase de explotación, que se espera inicie a más tardar en 2027. Las comunidades denuncian que la consulta ambiental que promovieron el Estado y la minera no fue libre, ya que no incluyó a todas las poblaciones y además, hubo presencia militar, lo que consideraron como una presión.
Los sentenciados se defendieron durante una rueda de prensa realizada a finales de mayo y en entrevista con Mongabay Latam. “Soy docente, vivo en Quito, antes Bolívar. Somos profesores, campesinos, agricultores, comerciantes, luchadores sociales, no criminales”, dice Luis Borja, uno de los defensores procesados.
Desde la izquierda a la derecha: relator de Naciones Unidas Marco Orellana y los sentenciados a tres años de prisión: Freddy Díaz, Oswaldo Lumbi y Luis Caiza. Foto: Proyecto Dulcepamba.
Las dudas alrededor del caso judicial
Mongabay Latam tuvo acceso al texto de la sentencia judicial. En este, el tribunal menciona que en la zona del proyecto encontraron lanzas y látigos, también que supuestamente los acusados intentaron detener el avance de automóviles del proyecto con clavos y que dañaron maquinaria o que invadieron propiedad privada.
La argumentación del fallo muestra que existía un ambiente tenso entre la empresa y las comunidades, sin embargo los testimonios acusatorios tienen algunas falencias y contradicciones. Por ejemplo, una de las dos personas que denuncian la invasión de su propiedad ha trabajado para la empresa minera, la otra era conocida del personal, situación que cuestionó Yakú Pérez, abogado de los acusados y excandidato presidencial.
“Los testimonios de los testigos fueron contradictorios. Se evidenció que los defensores usaron carteles que dicen: ‘Bolívar libre de minería’ o que se reunieron públicamente, pero eso no es delito. Dicen que atacaron con palos y lanzas, pero no hay pruebas de eso. Dicen que quemaron un policía, pero no hay evidencia de que exista el supuesto oficial”, explicó Pérez.
Asimismo, entre los policías hay versiones que no concuerdan. “El allanamiento (realizado a los investigados) se solicitó con el fin de obtener más elementos en el hecho que se está investigando, como látigos, lanzas, (pero) no se pudo obtener ningún tipo de estos indicios. Esos objetos (que se) mencionan en los informes el sargento Vera, a mí no me consta”, señaló el cabo segundo de Policía Carlos Veloz Peñaloza, de acuerdo con los documentos del caso.
El defensor ambiental Freddy Díaz, durante el receso en unas de las audiencias del caso. Foto: Proyecto Dulcepamba.
A otra pregunta de la defensa, otro policía respondió: “No recuerdo si (en las grabaciones) se dice que se va a cometer delitos”. El texto de la sentencia también tiene testimonios de policías y locales que describen el rechazo contra la minera y una alta tensión en la zona. Algunos señalan de violencia a los acusados, pero sin dar detalles claros de cuál fue el delito realizado, los elementos utilizados o de cómo supuestamente hay una “asociación ilícita” entre los investigados.
Para los acusados, las pruebas presentadas por los abogados de la empresa y la Fiscalía no son contundentes ni fidedignas. “Nunca hemos cometido actos de violencia. Haber asistido a marchas netamente pacíficas, públicas y haber usado carteles con consignas como ‘No a las empresas mineras’ o ‘Sí a la defensa del agua’ no es un delito”, dice el señalado Borja. Además, resalta que el delito de asociación ilícita se usa para organizaciones criminales, como las del narcotráfico, y no debería ser usado contra defensores ambientales.
Borja asegura que la empresa Curimining nunca ha realizado una verdadera consulta previa, libre e informada y que simplemente “han dividido a las comunidades con dádivas y promesas de obras, de ambulancias, entre otros”. Agrega que no hay un estudio ambiental que garantice que no van a contaminar el agua. Asimismo, dice que la consulta ambiental que aprobó el Ministerio de Ambiente contó con presencia militar y policial, lo que presionó a la comunidad, y que no fue transparente.
En el lugar donde se realizó la rueda de prensa, en Quito, se colocaron frutas y vegetales como símbolo del trabajo de los agricultores acusados. Uno de ellos, Ángel Rochina, reiteró que no son delincuentes y enfatizó que Bolívar es la provincia de los ríos y hay que cuidarlos.
Ahí el abogado Pérez también señaló que “en la acusación dicen que usan lanzas, palos, pero no existe ninguna prueba de esto. Las lanzas se utilizan en la Amazonía ecuatoriana, no en esta zona. Lo que ellos usan es lo que trajeron acá: cacao, plátano, café, limones, naranjas”.
Ivonne Ramos, vocera de la organización social y ambiental Acción Ecológica, defiende a los acusados al señalar que “los defensores de la naturaleza de Las Naves debería ser reconocidos por cuidar la naturaleza, que es un patrimonio de todos los ecuatorianos y de las generaciones futuras. Pero fuera de toda lógica y sentido común, han sido injustamente criminalizados. Es deber de todos velar porque este sin sentido (judicial) no se ejecute”, comenta.
Emily Conrad, Yakú Pérez y múltiples organizaciones sociales han defendido el activismo de los ambientalistas acusados. Imagen de la rueda de prensa que dieron los defensores acusados. Foto: Proyecto Dulcepamba.
En el mismo sentido, Emily Conrad, analista ambiental, geógrafa y codirectora de la organización social y ambiental local Proyecto Dulcepamba los defiende: “Es un caso de criminalización. Cada una de las personas denunciadas son líderes comunitarios, conocidos de la provincia Bolívar, que han participado en acciones pacíficas y legítimas a lo largo de los años para proteger su territorio y la naturaleza de las actividades mineras”. Patricia Carrión, vocera de la organización de Derechos Humanos Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), también lo califica como “un caso de criminalización que busca deslegitimar y acallar las voces que resisten a la minería”. En este caso, resalta, la Fiscalía ha utilizado pruebas como videos de reuniones que no corroboran la comisión de un delito.
En un comunicado conjunto, las organizaciones de derechos humanos ecuatorianas Inredh, Acción Ecológica, Proyecto Dulcepamba y el Frente Cantonal de Defensa del Agua Las Naves señalaron que los defensores acusados “cuidan el agua y los territorios de esta provincia que se encuentran en peligro a causa de las actividades mineras y ahora enfrentan una condena que vulnera su derecho a la libertad y pone en peligro su labor de defensores de la naturaleza y los derechos humanos”.
El abogado Pérez asegura que en la zona del proyecto Curipamba, hay más casos judiciales contra defensores ambientales que se han opuesto a la mina, esto como parte de una estrategia de intimidación de las mineras “para distraer y desmoralizar a las comunidades”. Añade que a diferencia de la empresa y el Estado, los acusados no tienen cómo financiar una defensa legal, pero que la protección del territorio les da la fuerza para seguir.
Una carta firmada por líderes de cuatro organizaciones sociales y ambientales —Red Agua, Proyecto Dulcepamba y el Frente por la Defensa del Agua, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Provincia Bolívar y la Naturaleza de Las Naves— fue enviada al Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, Marcos A. Orellana, para advertir la situación. La misiva señala que al menos 60 personas de la zona del proyecto han sido denunciadas por su labor ambiental y que 17 están siendo judicializadas.
Días antes, funcionarios de la ONU se manifestaron en contra de la criminalización de defensores de derechos humanos y ambientales en Ecuador. Entre estos estaban Marcos Orellana y Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. “Nos preocupa que las empresas responsables de los proyectos (mineros) hayan presentado varias denuncias como medida de represalia contra las personas defensoras de los derechos humanos y manifestantes. Esto estaría en contradicción con su responsabilidad de respetar los derechos humanos”, señalaron.
En junio de 2024, las autoridades judiciales ordenaron revisar la apelación a la sentencia realizada por la defensa de los acusados. Está pendiente el agendamiento de la audiencia.
Los sentenciados con su defensa, tras diligencias en la Defensoría del Pueblo. Foto: Acción Ecológica.
Las críticas ambientales al proyecto
Ivonne Ramos, de Acción Ecológica, señala que el agua de al menos 6 millones de ecuatorianos está en riesgo por posibles desvíos y contaminación provocada por la minería: “La riqueza hídrica existente en Las Naves hacen de este lugar un significativo aportante de caudales a la cuenca del río Guayas, la mayor cuenca hidrográfica de la costa del Pacífico de América del Sur”.
Emily Conrad, del Proyecto Dulcepamba, agrega que le preocupa el impacto que la mina podría tener en los ríos Naves Chico y El Silencio, ya que no hay garantías de que el manejo de sustancias tóxicas no contaminarán estas fuentes de agua.
Respecto a la consulta ambiental, la empresa Curimining dijo a Mongabay Latam que esta fue ejecutada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que tomó 27 meses y que está documentada en más de 592 horas de video. Además, aseguró, que incorporó “los más recientes estándares constitucionales y el Acuerdo de Escazú”. Agregó que esta incluyó visitas previas, convocatorias, información amplia, talleres y que “los comentarios presentados fueron incorporados en el Estudio de Impacto Ambiental (…) según su pertinencia de incluirlos o no”.
También señaló que la consulta tuvo aprobación mayoritaria en los sitios donde se realizó y reconoció que se hizo con militares en la zona. “Sobre la presencia militar, claro que la hubo”. En Ecuador, señaló, “todos los procesos de participación ciudadana son usualmente acompañados por militares”, que tenían como fin “asistir a la Policía Nacional en el cuidado del orden público”.
Respecto al caso judicial, la empresa aseguró que este inició “por un parte policial que fue puesto en conocimiento directamente a la Fiscalía” y que “Curimining no inició ningún proceso en contra de los ahora declarados culpables”.
Además, la empresa envió a este medio de comunicación fotografías que muestran vehículos quemados y un brazo de una persona herida. No obstante, este medio no las publica, ya que no puede verificar las fechas, origen, lugar, ni responsables de los hechos observados en las imágenes.
La empresa también señaló que las autoridades encontraron suficientes pruebas para la sentencia, que incluyen cuatro testimonios de policías, agentes investigadores, testigos, informes periciales médicos y transcripciones de reuniones que habrían comprobado “la asociación (ilícita)”.
Los intereses de la familia del presidente Noboa detrás de la mina
Mientras en los estrados se define el destino de los acusados, el proyecto minero avanza.
En enero de 2024, el MAATE le otorgó la licencia ambiental al proyecto con base en una consulta ambiental que las comunidades han cuestionado.
Para Pérez, el abogado de los denunciantes, hay un claro conflicto de interés del presidente ecuatoriano en cuanto al avance de este proyecto, ya que han sido los funcionarios de su gobierno los que han dado luz verde a una mina en la que la familia del mandatario tiene intereses.
Mongabay Latam verificó en documentos de la Bolsa de Valores de Canadá y en registros mercantiles de Ecuador que la empresa dueña de la mina, la canadiense Adventus Mining, desde 2019 ha tenido como accionista a una compañía ligada a la tía del presidente. Se trata de Unionar SA, una empresa uruguaya que forma parte del Grupos Nobis y cuyos dueños incluyen a Isabel María Noboa Pontón, empresaria y tía del presidente de Ecuador. Unionar posee el 9.9% de las acciones de Adventus Mining.
Adicionalmente, Noboa Pontón ha liderado la empresa Corporación Nobis Global SL, que también ha sido accionista de Unionar SA. La fecha más reciente en la que Adventus mencionó directamente al Grupo Nobis como parte de sus accionistas fue en noviembre 17 de 2023. Mongabay Latam no halló alguna prueba que sugiera que el grupo haya dejado la empresa, ni la compañía la proporcionó.
Desde abril de 2024, en los comunicados de la empresa ya no se incluye un nombre específico, sino que mencionan a “significativos inversionistas ecuatorianos”.
La empresa Curimining señaló a Mongabay Latam que “según las regulaciones canadienses, solo se publica información sobre los accionistas significativos, es decir, aquellos que poseen más del 10 % de los derechos de voto asociados a todos los valores con derecho a voto. Adventus no tiene control sobre la divulgación de los socios con menos del 10 % de participación, ya que sus identidades no se hacen públicas”. No obstante, Mongabay Latam constató que en un documento del año 2021 sí nombraron directamente a Unionar SA, pese a tener un porcentaje de 9.9 %.
En abril de 2024 se anunció que un nuevo inversionista, Silvercorp Metals Inc, adquirió Adventus Mining Corp y que los accionistas de esta última tendrían participación en la corporación compradora.
En la junta directiva de Adventus estuvo la hija de Isabel Noboa, Melissa Romero Noboa, hasta que fue reemplazada por David Darque Schettini en septiembre de 2022. Melissa, a su vez, había sustituido a Roberto Salas en mayo de 2021, porque este fue nombrado ministro de Energía por parte del presidente Guillermo Lasso, pero declinó la designación luego de que el medio de comunicación Código Vidrio diera a conocer estas conexiones.
En los documentos de la Bolsa de Valores de Canadá, la compañía se muestra preocupada por las protestas y la oposición a la minería. “Podría surgir oposición a la minería y dicha oposición puede ser violenta. La resistencia o el malestar en Ecuador podrían tener un efecto material adverso en nuestras operaciones y rentabilidad”, dice la empresa en un informe de enero de 2023.
En los documentos de la bolsa, además, Adventus resalta que tiene intereses en otros proyectos mineros en Ecuador de nombre Santiago, Pijilí, Chalapo y El Cóndor. Para este último proyecto, en marzo de 2024, lograron un acuerdo con el presidente Noboa en el que Ecuador se comprometió a apoyar y proteger la inversión de la empresa, sin dar mayores detalles. Para el abogado de los acusados, fue sorprendente que por primera vez un presidente del país asistiera directamente a la mayor cumbre minera en Canadá para coordinar estos acuerdos. “El gobierno empieza a ser manejado como una empresa”, dice Pérez.
Sobre el acuerdo entre Adventus y el presidente Noboa, la empresa explicó que se trata de un “entendimiento mutuo para inversiones nuevas y productivas, que no constituye un contrato de protección de inversión”.
Mongabay Latam buscó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), pero al cierre de esta publicación no había llegado su respuesta a las preguntas formuladas.
*Imagen de portada: Rueda de prensa en Quito realizada por los acusados, su defensa y las organizaciones sociales que los respaldan. Foto: Proyecto Dulcepamba.
El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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