La iniciativa sobre minería ilegal fue admitida el 28 de marzo en la Comisión de Justicia. (Foto: Archivo El Comercio)
La iniciativa sobre minería ilegal fue admitida el 28 de marzo en la Comisión de Justicia. (Foto: Archivo El Comercio)

La congresista Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, present en marzo el proyecto de ley 1095, que plantea dos modificaciones en las normas que tipifican el delito de minera ilegal y que establecen los parmetros para enfrentarlo como crimen organizado. Sin embargo, segun dio a conocer a travs de su cuenta de Twitter, ha suspendido el trmite del proyecto.



Segn anota en la publicacin, el proyecto no fue retirado, sino que el trmite fue suspendido para alcanzar elementos que permitan diferencia entre minera ilegal y minera informal.

Como se recuerda, parlamentarios de distintas bancadas se pronunciaron en contra del proyecto de ley presentado por Aramayoy suscrito por otros siete legisladores de su partido.

La iniciativa fue admitida el 28 de marzo en la Comisin de Justicia y propone modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado y en el Cdigo Penal, de modo que quienes realicen minera ilegal (aquellos que trabajan en zonas prohibidas por el Estado y no pueden acogerse al proceso de formalizacin minera) no puedan ser investigados ni sancionados como miembros de organizaciones criminales.

El proyecto plantea lo anterior bajo el argumento de que procesar a mineros ilegales como cabecillas o dirigentes de bandas delictivas no solucionara el problema del proceso de formalizacin minera.

En octubre del 2016, bajo el marco de las facultades delegadas, el Ejecutivo promulg el Decreto Legislativo 1244, en el cual incluy el delito de minera ilegal dentro del mbito de aplicacin de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado. Su inclusin se dio en el inciso 15 del artculo 3 de la norma, que corresponde a los delitos ambientales (que incluye el delito de tala ilegal).

Con la nueva tipificacin, el Estado puede enfrentar la explotacin ilcita de minerales con las tcnicas de investigacin autorizadas por la ley (interceptacin postal, intervencin de las comunicaciones, agentes encubiertos, seguimientos, etc.).