LUIS GARCÍA BENDEZÚ
La Capitanía de Puerto del Callao, que depende de la Marina de Guerra del Perú, denunciará esta semana a Bruno Burlando Curiante, de 51 años, quien habría lucrado al permitir el ingreso de camiones para descargar desmonte en el litoral de San Miguel. La acusación por dañar el ecosistema marino se planteará ante la Fiscalía Ambiental.
Según la investigación de la capitanía, Burlando cobraba hasta S/.35 a cada volquete que ingresaba a la playa desde la avenida Costanera. La Marina y El Comercio constataron el lunes que más de 20 camiones arrojaron en solo una hora ladrillos, asfalto, fierros y bolsas.
La Marina estima que cada día ingresaban a la playa unos 490 camiones provenientes de obras de construcción. Esta actividad se efectuaba pese a que la Municipalidad de San Miguel sanciona con S/.1.850 el vertimiento de basura en la playa.
Según la capitanía, Bruno Burlando adujo que tenía autorización del gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de San Miguel, Juan Takahesu, para coordinar que se arrojara desmonte. “Hemos preparado un informe con videos y fotos que demuestran que Burlando administraba el negocio. Él decía que era el ingeniero responsable de una obra”, señaló el comandante Luis Salas, asesor legal de la capitanía.
HERESI RESPALDA A FUNCIONARIOEl alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, rechazó ayer que el gerente Takahesu hubiera autorizado a Bruno Burlando a descargar desmonte. Heresi dijo que pedirá información a la Marina para denunciar a los responsables de la contaminación.
El alcalde dijo que, aunque la actividad de Burlando era irregular, el municipio sí promovía la colocación de material de excavación limpio en la playa: “El objetivo es construir una plataforma para construir la Costa Verde hasta el Callao”.
Según Heresi, su comuna verifica la calidad de los materiales que ingresan en la Costa Verde y además realiza estudios en el mar para detectar una posible contaminación. “Lo que nos preocupa es la gestión de residuos en el Callao”, sentenció.
Anunció que el viernes se reunirá con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú para acordar como será, en adelante, la disposición de desmonte en la Costa Verde.
Ayer dos patrullas municipales restringieron el acceso de los camiones a esta zona de la Costa Verde. Algunos triciclos cargados de desmonte tuvieron que dar media vuelta al no poder arrojar sus desperdicios allí.
El Comercio intentó conversar ayer a Bruno Burlando y lo buscó en la dirección que figura como su vivienda en el Reniec, pero nadie atendió.
CONTROVERSIA POR AUTORIZACIONESEl alcalde de San Miguel señaló que el vertimiento de desmonte en el litoral fue permitido por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) en 1999. Según dijo ayer a El Comercio, su comuna no necesitaba una licencia de la Marina de Guerra, sino solo ‘una coordinación’ para descargar los residuos.
“Esta autorización [de la APCV] funciona hasta ahora. Si no hubo ningún pronunciamiento de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas hasta ayer [sobre la contaminación], quiere decir que no hay ningún problema”, deslindó.
No obstante, el presidente de la APCV, Gustavo D’Angelo, reiteró lo declarado en la víspera: la autorización para verter escombros depende de presentar un plan de manejo de desmonte ante la autoridad marítima.
“Es absurdo que se diga que no se estaba al tanto de la contaminación. Si el municipio tiene una denuncia penal [presentada por la fiscalía ambiental] por este motivo”, dijo D’Angelo.
Arturo Alfaro, presidente de la ONG VIDA, agregó que la capitanía tiene autoridad para controlar las obras en las playas desde junio de 1996.
“Las competencias de la Dicapi son anteriores y tienen rango de decreto supremo, por encima de una autorización de la APCV”, dijo Alfaro.