JUAN AURELIO ARÉVALO

En mayo de 1992, el Decreto Ley 25475 creó la figura de los magistrados anónimos. Existieron hasta el 15 de octubre de 1997. El doctor José Gonzáles fue uno de los llamados jueces sin rostro y hoy da la cara para contar su experiencia.

Gonzáles conoció el terrorismo en 1980 cuando era agente fiscal de la provincia de Jaén. Primero volaron una tienda a 100 metros de su casa. Luego torres de luz y finalmente dinamitaron el municipio. Las cosas mejoraron cuando la policía capturó a una enfermera que le entregaba dinamita a un niño de 10 años y cuando cayó un alto mando político de Sendero Luminoso que resultó ser un juez suplente.

— Trabajaba con el enemigo… En 1981 dejé Jaén y fui a Chiclayo. Trabajé como fiscal y luego ascendí a vocal. El Gobierno dictó un decreto ley que establecía a Lambayeque como una corte supradistrital. Abarcaba seis distritos judiciales para efectos de juzgar el terrorismo: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Eran más de mil procesados.

— Ud. instaló a los jueces sin rostro en Chiclayo… Sí, asumí la presidencia de la corte e instalé las salas especiales en el penal de Picsi. Había un ambiente para los tres vocales superiores y el fiscal. Y otro separado por unas lunas especiales donde los magistrados veíamos a los acusados, los abogados, los familiares, pero ellos no nos podían ver. También había distorsionadores de voz. Al varón se le escuchaba como una mujer o como un niño o niña. Pero había vocales que tuteaban a los acusados y otros los trataban de usted. Los podían detectar por sus preguntas.

— ¿Y cada uno tenía un código? Sí, y todos entrábamos a los procesos previo sorteo. La distribución de las causas se hacían con 8 o 15 días de anticipación para que el magistrado ponente las estudiara.

— ¿Los jueces sentían miedo? En Huaraz mataron a un juez, en el sur hubo tres casos más. Un día me tocó juzgar un caso y encontré un sobre cerrado en mi escritorio. Decían que conocían a mi mamá, a mis hermanos, que nos iban a matar. El miedo sí existía, estaba ahí. Pero a mí nunca me hicieron nada.

— ¿Cómo se sentía usted juzgando a alguien sin ser visto? No nos ensañábamos. Teníamos como base la información recabada por la policía y la fiscalía. La problemática se presentaba en casos complejos. Recuerdo a un grupo de 90 acusados en un solo proceso. Eran como 40 tomos. Preparé el expediente durante casi dos meses para dedicarme exclusivamente a saber quién era quién en ese caso. La audiencia demoró mes y medio.

— ¿Y en un mes podía preparar el expediente de 90 personas? El problema no era la cantidad de gente sino ubicar los roles que habían tenido. Se trataba de un atentado en Sayapullo. Pusieron dinamita en dos caminos. Uno explotó y mataron a varios policías que iban en un vehículo. Se absolvió a unas treinta o cuarenta personas y el resto fueron condenadas.

— Pero le pregunté qué sentía… Yo no podía utilizar mi poder para sentenciar sin tener argumentos. De ninguna manera. Fundamentalmente era una medida de seguridad más que una oportunidad para poder sentenciar sin ton ni son.

— ¿No sentía que tenía más poder? No, en absoluto. El juez, en principio, tiene que construir su autoridad. Trabajar con la ciencia jurídica y con ética, con su conciencia moral.

— Pero se cometieron excesos. Probablemente sí, pero se les concedían los recursos de apelación de inmediato, los recursos de nulidad.

— ¿No hubiera preferido ser visto? No hubo oportunidad para cuestionar eso. Teníamos tanta gente presa, había que llevar los juicios.

— ¿Pero no estaba violando el derecho al debido proceso? En ese tipo de temas hay muchas cosas que cuestionar, pero el gran reto es cómo hacer las cosas en esas condiciones, de la mejor manera y con una categoría de justicia.

— ¿Hoy se podría repetir la figura? No creo. Lamentablemente, hoy no hay una verdadera implementación de la Unidad de Investigación Financiera. Con ella creo que podríamos atacar a gran parte del crimen organizado, disminuir su influencia y hasta desaparecerlo.

— ¿Cómo calificaría la experiencia como juez sin rostro? En la práctica, positiva. En los casos que motivaron algunos indultos quizás no se analizaron bien las pruebas, pero creo que fueron pocos. Para el momento y las circunstancias donde el terrorismo mataba jueces y fiscales, fue positivo.

— ¿Cómo tomó la anulación de los procesos? Se volvieron a abrir… Entendí que era una decisión acorde con los parámetros del debido proceso. No me pareció criticable.

— Pero desmerecía su trabajo. Nosotros hicimos lo que establecía la ley y punto. Era una descalificación al orden jurídico, pero no al trabajo de los jueces.

— ¿Reconoce que no se respetó el debido proceso? Hubo planteamientos en ese sentido. Pero al fin y al cabo teníamos una carga laboral de seis cortes y estábamos sujetos a las normas vigentes de ese momento.

— ¿Por qué un juez sin rostro da la cara? ¿Por qué aceptó la entrevista? Porque soy magistrado cesante, he cumplido treintaitantos años en la judicatura. Para narrar las experiencias vividas y que las generaciones futuras vean que no fue fácil trabajar en esa época ni como juez, fiscal, abogado. Nadie nos puso la espada en el pecho para quedarnos en el cargo. Los que no quisieron renunciaron y los que nos quedamos seguimos vivos y trabajando.

José Rogelio Gonzáles López. Abogado. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.