El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón cumplió este sábado seis meses en la clandestinidad, luego de haber sido sentenciado por corrupción en octubre del año pasado por el Caso Aeródromo Wanka. Desde esa fecha hasta entonces, el fundador de Perú Libre no ha dado cara a la justicia y, más bien, se burla de ella a través de mensajes en sus redes sociales.
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En el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) aún figuran los S/100.000 que se ofrecen por cualquier información sobre su paradero; mientras que la Policía Nacional ha realizado algunas intervenciones, a lo largo de los últimos meses, buscando capturarlo. Sin embargo, Cerrón logró sortear todos los movimientos de los agentes policiales.
Paradero desconocido
El 6 de octubre de 2023, la Sala Penal de Apelaciones de Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín lo halló responsable —en segunda instancia— de colusión, a propósito de la licitación del aeródromo Wanka (2013-2014). La sala confirmó su sentencia a prisión efectiva, imponiéndole más de tres años de cárcel.
Cuando la policía acudió al inmueble de Lince (que había consignado como su domicilio en Lima) para ejecutar la orden de captura, ya el paradero de Vladimir Cerrón era desconocido. La orden de captura se notificó a los agentes seis horas después, según se indicó después desde la institución policial, a pesar de que la audiencia judicial había sido transmitida en simultáneo a todo el país.
Además, tal como evidenció El Comercio en un informe, la fiscalía superior anticorrupción de Junín, a cargo de sustentar el caso en la segunda instancia, no solicitó ninguna medida para asegurar la captura del hombre fuerte de Perú Libre, pese a que 15 días antes se sabía públicamente que ese día la sentencia por corrupción podía ser confirmada por la sala.
Lavado de activos y la acusación por nueve años de cárcel
Además del Caso Aeródromo Wanka, Cerrón tiene una segunda orden de captura vigente. Ello en el marco de la investigación fiscal que se le sigue por presunto lavado de activos y organización criminal, luego que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó, el pasado 18 de diciembre, 36 meses de prisión preventiva en su contra.
En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, a cargo entonces del caso, dijo que se realizaron diligencias de verificación de inmueble y que el exgobernador en realidad nunca vivió en el departamento de Lince que consignó en su domicilio, tras mudarse de Junín a Lima.
Para sustentar ello, citó un acta fiscal donde recogió la declaración del administrador del edificio en cuestión, quien indicó que Cerrón no vivía en ese departamento y que solo de forma esporádica acudía a visitar a su madre.
“¿Qué quiere decir esto señor juez? Que el investigado Vladimir Cerrón Rojas, desde que cambió su domicilio [de Huancayo] a la ciudad de Lima […] nunca vivió en dicho lugar. El mismo administrador del Edificio City lo ha indicado. Ha venido sorprendiendo a la autoridad judicial y fiscal”, cuestionó el representante del Ministerio Público. Esto no había sido advertido antes por ninguna autoridad.
A razón de este y otros elementos, el juzgado de investigación preparatoria finalmente optó por variar la orden de comparecencia con restricciones que tenía en ese proceso y le impuso la prisión preventiva, remarcando que había vulnerado las reglas de conducta establecidas.
Pocos meses después, el fiscal Rojas Gómez, quien desde el 2021 investigaba el caso de Cerrón y el partido Perú Libre, fue pasado a otro despacho fiscal para investigar ahora delitos comunes, como el robo de celulares, tal como informó este Diario.
Pero a la complicada situación legal del exgobernador de Junín también se suma una reciente acusación fiscal. El Comercio dio a conocer que, a fines de febrero, la fiscalía anticorrupción de Junín formalizó acusación en contra Cerrón por el caso del resguardo irregular. En este expediente se le atribuye el delito de colusión agravada y se requiere en su contra hasta nueve años de cárcel efectiva.
El pedido del Ministerio Público también comprende a otros once exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín con penas que van de cuatro hasta los 12 años de prisión por los delitos de colusión, negociación incompatible y falsedad ideológica.
Gestos que no se materializan
Con el paso de los meses, autoridades del Ejecutivo —incluida la presidenta Dina Boluarte, quien es investigada junto a Cerrón en la carpeta por lavado de activos— e, incluso, el alto mando de la PNP ha lanzado promesas de captura que, hasta el momento, no se han materializado y más bien se han desvanecido con el tiempo.
“En cualquier momento se da esa sorpresa. Tengamos un poco de paciencia”, dijo, por ejemplo, el –—ahora— exministro del Interior Víctor Torres el 12 de diciembre pasado.
Y dos meses antes, el 9 de octubre de 2023, su predecesor, Vicente Romero, también había asegurado que “la policía en cualquier momento lo va a ubicar, no lo duden”. Los dos ministros ya salieron del cargo, y Cerrón sigue prófugo.
Las cada vez menos promesas de captura se matizan, a su vez, con los señalamientos de una presunta protección; cuestionamientos que no son aclarados del todo desde el Ejecutivo. Un reportaje de ‘Punto Final’, por ejemplo, dio a conocer que un vehículo asignado al Despacho Presidencial fue captado cerca del último lugar donde se habría encontrado el prófugo, en un condominio de Asia ubicado a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Aunque para el Ejecutivo se trataría de una “coincidencia”.
Mientras todo ello ocurre, el exgobernador de Junín se mantiene activo en redes sociales, en donde se pronuncia tanto de política nacional como de internacional. Y, en el Congreso, sus correligionarios usan ese espacio para abogar a favor y piden que se haga “justicia”.
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