Verdadero o falso: el ‘fact checking’ de las declaraciones políticas de la semana

1. Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente

Lunes 14 de octubre en su cuenta de Twitter

“Debo aclarar a los medios de comunicación, que la Comisión de Venecia no se ha pronunciado sobre el adelanto de elecciones porque no fue objeto de consulta. La opinión que solicité fue sobre la posibilidad de someter las reformas constitucionales a cuestiones de confianza”.

Esta afirmación es falsa

Olaechea refiere que, en su calidad de presidente del Congreso, no le consultó a la Comisión de Venecia sobre la constitucionalidad del proyecto de adelanto de elecciones que el Ejecutivo presentó. Sin embargo, en el cuarto párrafo de la carta que el titular de la Comisión Permanente le dirigió a este órgano europeo el 16 de agosto último da cuenta de esta iniciativa.

Incluso, le señala a Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión de Venecia, que al Parlamento le preocupa “que el Poder Ejecutivo recurra nuevamente a la cuestión de confianza para forzar” la aprobación de la propuesta de adelanto de elecciones generales.

Y en otra misiva, en la que invita a un grupo de constitucionalistas a la cita con los representantes que el órgano europeo envió a Lima, el exministro de la Producción resalta que su solicitud tiene como objetivo un pronunciamiento jurídico sobre el proyecto que el presidente Martín Vizcarra anunció el 28 de julio para recortar su mandato y el del Congreso.

“Me es grato dirigirme a usted para hacerle llegar un cordial saludo y hacer de su conocimiento que, en el marco del debate sobre el Proyecto de Ley 463772019 PE, ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la Presidencia y adelanta las elecciones generales, y dados los efectos de dicho planteamiento podría generar en el país, he solicitado a la Comisión de Venecia que emita una opinión jurídica sobre la materia”, refirió.

Pedro Olaechea también refiere, en esa invitación, que una delegación de la Comisión Venecia estará en el Perú el 23 y 24 de setiembre “con la finalidad de reunirse con distintas autoridades y expertos e informarse a cabalidad sobre la viabilidad jurídica de la reforma constitucional”.

Desde la oficina del presidente de la Comisión Permanente indicaron a El Comercio que la “preocupación principal” de Olaechea fue sobre si una reforma constitucional puede ser vinculada a una cuestión de confianza. Agregaron que los oficios que se le enviaron a los constitucionalistas “no son lo mismo” que la consulta hecha a la Comisión de Venecia.

“[Estas invitaciones] se refieren al adelanto de elecciones porque era un tema coyuntural. El tema de fondo sigue siendo el mismo”, subrayaron.

2. Salvador Heresi, integrante de la Comisión Permanente

Lunes 14 de octubre en su cuenta de Twitter

“Conclusiones de la Comisión de Venecia. De la lectura se entiende que lo que ha pasado en el Perú es una ruptura del orden constitucional. Queda claro”.

Esta afirmación es imprecisa

La Comisión de Venecia no se ha pronunciado sobre la disolución del Parlamento, como lo deja entender el exministro de Justicia y Derechos Humanos. La constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra, quien dijo que el Congreso negó de manera fáctica la confianza que solicitó el 30 de setiembre el entonces primer ministro, Salvador del Solar, deberá ser definida por el Tribunal Constitucional, como lo han sugerido la OEA y otros organismos internacionales.

También se debe resaltar que si bien el órgano europeo afirma, en su informe, que en el derecho comparado, vincular las reformas constitucionales a una cuestión de confianza “es inusual”, reconoce que "la Constitución peruana no establece ninguna limitación explícita" sobre temas a someter a confianza ante el Parlamento.

La Comisión indica que el TC debe "decidir si las propuestas de enmiendas constitucionales pueden vincularse a una cuestión de confianza".

La solicitud de confianza hecha por Del Solar, que desencadenó la disolución del Parlamento, no tuvo relación con una reforma constitucional, sino con una ley orgánica sobre los procedimientos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

El Comercio intentó comunicarse con Heresi, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

3. Tomás Gálvez Villegas, fiscal supremo

Martes 15 de octubre en un pronunciamiento en su página de Facebook

“[…] La investigación iniciada por Pablo Sánchez es nula y configura delito de usurpación de funciones. Entonces lo único que se ha hecho es evitar que se consume un hecho nulo e ilícito”.

Esta afirmación es falsa

A inicios de agosto del año pasado, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidió inhibirse de la investigación a los altos funcionarios comprometidos en la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre ellos los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velázquez, Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe, y el exjuez supremo César Hinostroza.

A través de la disposición N°07-2018-MP-FN-EIYDC, Chávarry resolvió, “en aras de preservar la transparencia” en la pesquisa, excusarse y “derivar todo lo actuado al fiscal supremo más antiguo para su avocamiento”. Es decir, a su antecesor al frente del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde.

Esto luego de que diferentes medios de comunicación difundieran audios, que lo relacionan con Hinostroza Pariachi, sindicado como el cabecilla de la referida red criminal.

El 18 de enero de 2019, Zoraida Ávalos, quien días antes había asumido el cargo de fiscal de la Nación interina, tras la renuncia de Chávarry, emitió la Resolución N°01-2019-MP-FN-EI. En este documento, dispone que las investigaciones de 20 carpetas relacionadas a “Los Cuellos Blancos del Puerto” (en algunas figuran Chávarry y Gálvez) “sigan bajo el conocimiento” de Sánchez “hasta la culminación de los actos de investigación”.

Agrega que una vez que termine la pesquisa, Sánchez debe entregar un informe a la Fiscalía de la Nación para que esta instancia “proceda conforme a sus atribuciones”.

Ávalos sustentó su medida en los artículos 64 y 80-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que el fiscal de la Nación puede delegar o disponer que otras instancias o equipos de fiscales realicen o cumplan determinadas acciones específicamente determinadas o que se avoquen al conocimiento de determinadas investigaciones”.

La fiscal de la Nación anunció, la noche del miércoles a través de un pronunciamiento, que Sánchez Velarde continuará al frente de la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Argumentó que la Junta de Fiscales Supremos “carece de atribuciones” para apartar a un fiscal de una pesquisa.

El Comercio intentó comunicarse con Gálvez, pero el fiscal supremo no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

4. José Luna Gálvez, excongresista y dueño de la Universidad Privada Telesup

Miércoles 16 de octubre en RPP TV

“La Facultad de Medicina [de la Universidad Privada Telesup], que es la mejor ahorita en el país, tuvo una inversión de casi S/100 millones […] Es la mejor, es la más moderna, la más implementada”.

Esta afirmación es falsa

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el 30 de enero de 2018 el I Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú. Este documento incluye un ranking de universidades, como lo establece la Ley Universitaria, basado en indicadores sobre producción de investigación.

En este estudio, que contiene alcances sobre la oferta y la demanda universitaria entre el 2000 y 2015, la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Telesup figura en el puesto 30 como otras 102 casas superiores de estudio. Dentro de los primeros cinco lugares están la Universidad Privada Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la UPC, la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Científica del Sur.

Al ser consultado en RPP TV sobre si creía que su universidad era mejor a la UNMSM en Medicina, Luna Gálvez respondió que sí, porque la decana de América “tiene equipamiento anticuado y no se ha renovado”.

5. Maritza García, integrante del Congreso disuelto

Miércoles 16 de octubre en “Ampliación de Noticias”, de RPP

“Si bien es cierto que Nadine Heredia ha estado privada de su libertad, ahora no hay impedimento de salida del país pese a los graves hechos de corrupción que se evidencian […] Acaban de pronunciarse, le han dejado sin efecto y ella puede salir del país”.

Esta afirmación es imprecisa

La exprimera dama Nadine Heredia no cuenta, en este momento, con una orden que le impida salir del país. Sin embargo, se debe precisar que, tras recuperar su libertad por orden del Tribunal Constitucional, la nacionalista debe cumplir normas de conducta, como acudir todos los meses al juzgado a pasar control biométrico, no ausentarse del lugar donde reside e informar al juez si es que quiere salir del país.

El abogado penalista Carlos Caro indicó que si la esposa del expresidente Ollanta Humala sale del país sin informar al Poder Judicial, le pueden variar la comparecencia restringida que tiene por la investigación a los aportes que presuntamente Odebrecht hizo a la campaña del Partido Nacionalista en el 2011 por una prisión preventiva.

Recientemente, el Poder Judicial rechazó la solicitud de la fiscal Geovanna Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, para que le dicte impedimento de salida del país a Heredia en el marco de la pesquisa por las presuntas irregularidades en la concesión del Gasoducto Peruano del Sur a favor de un consorcio integrado por Odebrecht durante el gobierno nacionalista.

Este Diario intentó comunicarse con Martiza García, pero no respondió a nuestras llamadas.