“Nuestro escenario es que el acuerdo se perfeccione con el control de legalidad”

—¿Cuándo se presentará ante el Poder Judicial el acuerdo de colaboración eficaz que el equipo especial Lava Jato y la procuraduría ad hoc suscribieron con Odebrecht?
Será presentado por el equipo del fiscal José Domingo Pérez este lunes a primera hora. Ya está expedito para ser presentado. Se ha concluido con el proceso de compaginación y foliado, que ha sido un trabajo bastante minucioso. Para poder alcanzar el control de legalidad del juez, necesariamente hay que darle toda la información posible de los actos de corroboración. Son más de 148 mil folios, más de 600 tomos de información.

—¿Cuáles son las expectativas del Ministerio Público?
Estamos confiados de haber hecho un buen trabajo técnico junto con la Procuraduría Pública. Hemos llegado a un acuerdo de colaboración eficaz equilibrado, donde es aceptable el balance entre la posibilidad de acceso a pruebas de muy difícil consecución, de resguardo de la prueba ya aportada por la empresa y el pago de una reparación civil también equilibrada. Entendemos que es aceptable y que permitirá al Poder Judicial formalizar el acuerdo de culpabilidad.

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—¿Qué plazos maneja el Poder Judicial en este caso?
No tienen plazos. Esto ingresa a una calificación de parte de la jueza encargada de hacer el control de legalidad. En principio debe haber un trabajo logístico de ellos porque tienen que recepcionar toda la información aportada por el Ministerio Público. Luego tendrán que hacer un plan de evaluación de toda la información a través del sistema de audiencias y del trabajo que planifique la jueza.

—¿Cuáles son los posibles escenarios?
Nosotros confiamos en el trabajo técnico que hemos realizado, que ha respetado escrupulosamente la legalidad. Por tanto, nuestro escenario es que el acuerdo se perfeccione a través del control de legalidad y que la jueza emita una sentencia condenatoria con los beneficios premiales. A partir de ello, se pueda contraponer toda la eficacia jurídica del acuerdo en múltiples investigaciones que desarrolla el equipo especial [del Caso Lava Jato].

También puede haber una desaprobación del acuerdo. Si eso pasa, tenemos el derecho de impugnar esa decisión. El tema iría a una sala superior que se encarga de realizar un reexamen a través del recurso de apelación. Pero confiamos en que no tendremos que llegar a esa instancia plural. Entendemos que el trabajo realizado por el equipo del fiscal Pérez y la Procuraduría Pública cumple satisfactoriamente con todos los estándares de legalidad.

—Cuando habla de perfeccionar el acuerdo, ¿eso puede incluir que el Poder Judicial modifique el monto de la reparación civil?
No voy a entrar a aspectos que son parte de la discusión que tiene que existir dentro del sistema de audiencias [...] Hay una exposición de todos los argumentos que se introducen vía el sistema de audiencia. De tal manera que no haré comentarios porque eso permitirá, desde nuestra perspectiva como equipo especial, que la jueza haga un control de legalidad sin presiones. La jueza debe decidir ajena a la presión política y a cualquier tipo de comentario mediático.

—¿La interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, puede trascender el ámbito político?
Los factores políticos los dejamos en la política. El señor ministro ha dado sus explicaciones, que para nosotros son absolutamente precisas en la medida en que el acuerdo ha sido negociado a partir de la autonomía del fiscal y del procurador público. Este acuerdo está dentro del marco de la legalidad. La jueza debe resolver conforme a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Pensamos que todas las consideraciones deberían mantenerse en un plano estrictamente técnico; es decir, que no exista un mecanismo de presión para la jueza.

—¿El carácter confidencial del acuerdo terminará cuando pase por el control de legalidad?
Algunos aspectos podrían mantenerse dentro de la reserva de confidencialidad al tratarse de la seguridad jurídica de parte del convenio. Eso depende estrictamente de lo que el juez decida. Los aspectos de confidencialidad tienen que ser escrupulosamente respetados, por eso incluso el sistema de audiencias es reservado.

—¿Quiénes participarán en las audiencias?
Las audiencias de un proceso de colaboración eficaz son estrictamente reservadas. Participan los representantes legales de los colaboradores, que son ex ejecutivos de Odebrecht; los representantes legales de la propia empresa, la procuraduría ad hoc y los fiscales.

—La congresista Yeni Vilcatoma aseguró que es inminente la derogatoria de la Ley 30737. ¿Qué pasará si efectivamente el Congreso deroga la norma?
Nosotros hemos trabajado bajo el marco que el propio Parlamento nos dio. Ese marco legal busca estimular que las personas jurídicas y naturales colaboren con la fiscalía en la averiguación de la verdad. Permite que la fiscalía pueda acceder a pruebas de muy difícil consecución, que está en poder de los propios colaboradores. En esa medida, objetivamente la ley está funcionando.

La evidencia objetiva son los acuerdos de Odebrecht, de la empresa OAS, del señor Josef Maiman y otras personas jurídicas y naturales. Por tanto, el planteamiento de derogar un instrumento que está demostrando ser útil nos puede llevar a una preocupación.

Podría ser una iniciativa que está definida por los conflictos de interés, en el sentido de que tenemos investigaciones que de cualquier manera colisionan o rozan con la política.

—Viajarán a Israel para firmar un acuerdo de colaboración con el empresario Josef Maiman. ¿Qué se espera obtener de este?
Toda la información documental y testimonial que ha aportado el señor Josef Maiman será utilizada en el Caso Odebrecht, relacionado a corrupción y lavado de activos; y en el Caso Ecoteva, de lavado de activos agravado. La información, que será controlada en su legalidad por un juez, determinará una sentencia de condena. Esta se podrá usar en la acusación que se está finalizando y presentando en el Caso Ecoteva.

Ese caso no ha sido objeto de un pedido de extradición, por eso pensamos que con toda la información, que contiene adquisiciones inmobiliarias y es el último eslabón de lavado de activos, se verá fortalecida la posición peruana en el pedido de extradición.

Y hay que incorporar dentro de esa variable que la cónyuge del señor Toledo, la señora Eliane Karp, también tiene un mandato de prisión preventiva y se tendría que pedir su extradición a los Estados Unidos.

—¿Cuándo se presentará la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia?
La defensa del señor Humala y la señora Heredia ha pedido una extensión de 15 días al fiscal Germán Juárez Atoche para poder realizar su proceso logístico y enfrentar la acusación. Tengo entendido que ese plazo, que ha sido concedido por el fiscal, se vence aún la próxima semana. En otras palabras, la acusación estaría presentándose en la primera semana de abril a pedido expreso de la defensa del señor Humala y la señora Heredia.