Desde el pasado martes, los jueces superiores, especializados y de paz letrado del Poder Judicial (PJ) entraron en sesión permanente como medida de reclamo contra el Ejecutivo que, desde hace dos años, no cumple con homologar su sueldo respecto al de los magistrados de la Corte Suprema.
Pese a que los jueces no pueden realizar huelga, por estar prohibido dentro de sus funciones, sí pueden suspender sus actividades para tratar temas que atañen al desempeño de su labor jurisdiccional. A esto se le conoce como “marcha blanca” que supone una huelga encubierta.
La semana pasada, en conferencia de prensa, los jueces de la Corte Superior de Crimen Organizado y Anticorrupción, de la Corte Superior de Lima y de otros distritos judiciales, hicieron público su medida de entrar en pleno permanente.
Durante este período solo se atienden audiencias inaplazables, como las de prisión preventiva, audiencias de libertad o vistas de hábeas corpus. También continúan laborando con normalidad los juzgados penales.
La medida llegó a este punto debido a que el presupuesto para el Poder Judicial se aprobó, pero sin la nivelación que les corresponde según la Ley 30125, aprobada en el 2013.
En conversación con El Comercio, el juez superior titular René Martínez -representante de los magistrados de la Corte Superior de Crimen Organizado y Anticorrupción y otros- indicó que tras el pronunciamiento público se han abierto los canales de conversación con el Ministerio de Economía. Representantes del PJ se reunirán con ellos este jueves 19 de diciembre.
Sin embargo, la medida de protesta y reclamo no cesará, advirtió. Es más, este miércoles 18 a las 7 p.m. realizarán una vigilia en el frontis de la sede de la Corte Superior Contra el Crimen Organizado y delitos de Corrupción, de la avenida Tacna 734 (Centro de Lima).
Esto -indicó Martínez- por ahora, no afectará el desarrollo de los denominados Casos Emblemáticos como Lava Jato y otros que están procesándose en el sistema.
Agregó que “sí se están llevando a cabo las audiencias ya programadas con anterioridad, pero también estamos en reuniones permanentes para tener informados a todos los magistrados”.
"La idea también es no llegar a los extremos de suspender audiencias. Se sabe que nuestra Corte lleva a cabo una serie de audiencias de casos emblemáticos. Mas aún, el día 26 de diciembre se ha programado una audiencia en el caso Keiko Fujimori, entonces, imagínate que se pueda frustrar esa diligencia. Hay lecturas de sentencias en otros casos y que en realidad no quisiéramos llegar a esa situación”, explicó.
El Caso Lava Jato implica las investigaciones que se realizan a líderes políticos como Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Luis Castañeda, Keiko Fujimori, César Villanueva, Alejandro Toledo, y otros en los que los juzgados deben de procesar los requerimientos que pueda realizar el Ministerio Público, pero que podrían retratarse en la programación de las audiencias.
Además, de otros casos como los juicios orales que se realizan sobre lesa humanidad, terrorismo, tráfico de drogas y otros donde se podrían suspender las audiencias.
-Nivelación espera años-
Pero los reclamos de los magistrados han esperado años, sostiene Martínez, pues desde el 2013, a propuesta del Ejecutivo, se tiene pendiente la nivelación de sus sueldos.
“Eso ha estado adormecido durante varios años y es a raíz de la aprobación del presupuesto del 2018 que se nivela el sueldo de un juez supremo con la de un magistrado del Tribunal Constitucional que, para nosotros, los magistrados de niveles inferiores automáticamente nos corresponderían haber recibido también la nivelación”, explicó.
Y es que según la Ley 30125 que modifica el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece que una escala remunerativa nivelada para los jueces superiores debe ser del 80%, los jueces especializados el 62% y los jueces de paz letrado del 40% del haber mensual de los jueces supremos.
“Nosotros realizamos una función a dedicación exclusiva de impartir justicia, entonces ya no estamos pidiendo, sino exigiendo, es un justo derecho, una reivindicación económica que nos corresponde que no es un aumento de sueldo sino una nivelación. Nosotros somos hombres de derecho que impartimos justicia y si no somos capaces de defender nuestros derechos laborables, no estaríamos en condiciones de administrar justicias”, concluyó.
El presidente de la Corte Superior de Lima Miguel Ángel Rivera Gaboa, también se pronunció sobre el tema sosteniendo que la demanda de la nivelación de sueldos, “ha sido un maltrato histórico que nosotros pensábamos que había sido superado en el 2015”.
“Pero luego, esta situación ha sido otra vez modificada en perjuicio del derecho de los jueces y, por supuesto, al tratarse de derechos laborales estamos procurando restablecer la situación. Nosotros no estamos buscando un aumento, sino que se cumpla la ley. Lo que pedimos que la ley que está desde el 2013 se cumpla en su totalidad”, dijo a este diario.
Las reuniones que sostendrán entre el MEF y representantes del PJ, será de carácter técnico y apunta a resolver la forma en que pueda adicionarse una partida destinada a solucionar el reclamo de los magistrados.
El reclamo, también recibió el apoyo de la Sala Plena de los jueces de la Corte Suprema que se solidarizó con “los justos reclamos de los jueces, que tienen como finalidad que el Poder Ejecutivo cumpla con nivelar sus haberes de acuerdo a la Ley 30125 que establece, en términos proporcionales, la relación entre los haberes de un juez supremo titular y lo que deben percibir los jueces citados”.