Procurador Ramírez: Estado peruano puede usar la información del Gasoducto para su defensa

El procurador ad hoc de Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, conversó con El Comercio y contó que ha tomado con “cautela y serenidad” la información de que la matriz de Odebrecht en Brasil demandó por US$1.200 millones al Estado peruano ante el CIADI por el proyecto Gasoducto del Sur.

No obstante, adelantó que el Estado peruano podrá contar con la información que ellos tienen de la investigación penal por este caso, dada tanto por la constructora brasileña como su consorciada Graña y Montero.

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“La documentación de Odebrecht dada a raíz del acuerdo de culpabilidad, y otros, puede ser utilizada por el Estado peruano en su defensa”, aseguró el procurador.

De hecho, Ramírez afirmó que la comisión especial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de ver las demandas ante el CIADI, ya cuenta con documentación concerniente a este caso, como por ejemplo los reconocimientos de responsabilidad.

“Además, también podrá contar con la información y pruebas proporcionadas por Graña y Montero en su reconocimiento de culpabilidad en este y otros procesos arbitrales”, añadió.

El procurador también recalcó que de encontrarse “incompatibilidad” entre el contenido de la demanda de la empresa brasileña y el acuerdo de colaboración eficaz que tienen con la justicia peruana, esta puede conllevar a que se inicien acciones penales contra ella. “Una incompatibilidad puede ser que ellos nieguen que dieron pagos ilícitos en este proyecto”, precisó.

Asimismo, dijo que la multinacional todavía tiene activos en Perú que pueden ser objeto de una medida cautelar para asegurar el pago de la reparación civil, en el supuesto que Odebrecht sea incluida en la investigación.

¿Tomaron como una deslealtad de Odebrecht haber iniciado una acción ante el CIADI?, se le preguntó a Ramírez. Él respondió que ya contaban con información preliminar de la intención de la matriz en Brasil de presentar este recurso debido a la exigencia de sus acreedores. Y añadió que solo tienen “una relación jurídica” con la empresa.

Respecto al acuerdo, dijo que este se mantiene firme a razón de que fue aprobado mediante una sentencia judicial y las partes tienen obligaciones que cumplir. “El acuerdo no está en riesgo”, sostuvo.

Cabe precisar que además de Odebrecht, otra de las consorciadas en el proyecto del Gasoducto del Sur, la española Enagás, también demandó al Estado peruano ante el CIADI a mediados del año pasado por la resolución del contrato. Enagás exige un pago de US$511 millones.