Podemos Perú apostó más de una vez por Daniel Urresti, quien la semana pasada fue condenado a doce años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Gracias a esta organización política, el militar en situación de retiro llegó a convertirse en congresista y tentó la Alcaldía de Lima y la Presidencia de la República.
Sin embargo, no se trata de la primera persona metida en líos con la justicia que alberga esta organización política. Los primeros en la lista son el fundador del partido José Luna Gálvez y su hijo José Luna Morales. Aquí un repaso de los polémicos personajes vinculados con Podemos Perú.
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Daniel Urresti es militante de Podemos Perú desde septiembre del 2020, pero su vínculo con el partido empezó mucho antes. En abril del 2018, el militar en retiro se presentó como candidato a la Alcaldía de Lima por esta agrupación política.
Urresti llevó en aquella ocasión a José Luna Morales, hijo del fundador de Podemos Perú, en su lista de regidores. Luego de ello, tras un efímero y controvertido paso por la Municipalidad de Los Olivos, fue elegido en el 2020 congresista por PP para las elecciones complementarias tras la disolución del Parlamento en el 2019.
Sobre Urresti ya recaían serias imputaciones: el Caso Bustíos y una condena por difamación. El último caso lo consignó en la hoja de vida que declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones como candidato a la alcaldía de Lima en las elecciones municipales y regionales del 2022. En agosto del 2019 fue sentenciado a un año de pena suspendida.
El ex candidato a la sillón municipal también tiene otras denuncias como abuso de autoridad y violencia psicológica cuya rehabilitación obra en el expediente 126-2015.
Después de 35 años, la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria condenó a 12 años de prisión a Daniel Urresti Elera por el asesinato del periodista y corresponsal de la revista Caretas Hugo Bustíos, perpetrado en noviembre de 1988, cuando el entonces capitan del Ejército y ahora exministro y político se encontraba en la base contrasubversiva de Castropampa.
El fiscal superior Luis Pinto Saavedra, de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, había pedido 25 años de cárcel para Urresti Elera.
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José Luna Gálvez enfrenta dos investigaciones en la fiscalía. Una por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico, siendo sindicado de ser “líder, financista y hombre clave” de una presunta organización criminal dedicada a la compra de voluntad de funcionarios empleando el poder económico a través de la Universidad Privada Telesup. En el 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento a dicha casa de estudios fundada en el 2004.
Como ya ha dado a conocer El Comercio en diversos informes, por ese caso, la fiscalía sostiene que Luna reclutó a José Luis Cavassa –exfuncionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) investigado por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto– para que se encargue de la inscripción irregular de su agrupación política, teniendo además injerencia en el desactivado Consejo Nacional de Magistratura (CNM) y en el citado organismo electoral.
También se le atribuye haber otorgado beneficios económicos a exconsejeros del otrora CNM a través de contratos simulados con Telesup, a fin de que influyan y voten a favor del nombramiento de Adolfo Castillo como jefe nacional de la ONPE. Por este caso, Luna Gálvez tuvo detención domiciliaria entre diciembre del 2020 y julio del 2021.
Otra investigación contra José Luna Gálvez es por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, en torno al Caso Lava Jato. De acuerdo a la fiscalía, el parlamentario y otros imputados –entre los que estuvo el fallecido exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio– integrarían una organización criminal que se habría concertado con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para actos ilícitos.
Una de las imputaciones contra Luna Gálvez es el haber ejecutado actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito procedente de OAS y Odebrecht. Ello con el fin de darles una apariencia legal en el marco de la campaña electoral del partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) en el año 2014.
Según la fiscalía, Luna tenía el “fin de ingresar dicho dinero ilícito al sistema económico mediante gastos de campaña y encuestas electorales”. También se señala que contactó a militantes o simpatizantes de Solidaridad Nacional para que figurasen como aportantes a la campaña del 2014. Por este caso, el Poder Judicial ordenó en su momento impedimento de salida del país contra el congresista que tendrá en sus manos la definición del presupuesto de distintas instituciones del país para el próximo año, como el Ministerio Público.
En el Caso Lava Jato, según pudo conocer El Comercio, la fiscalía está en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Luna mantiene una orden de comparecencia con restricciones.
En junio del 2021, cuando fue electo congresista, sobre José Luna Gálvez pesaba una orden de arresto domiciliario. Incluso, acudió hasta la sede del auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura a fin de recibir su credencial con un permiso del INPE. Poco tiempo después, el PJ varió dicha medida.
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El 10 de octubre del 2022, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 34 meses de prisión preventiva contra José Luna Morales, excongresista y actual regidor de la Municipalidad de Lima.
Luna Morales es sindicado, igual que su padre, por el supuesto pago de sobornos para inscribir al partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Según la tesis fiscal, la organización delictiva habría captado al exfuncionario de la ONPE José Luis Cavassa con el propósito de que inscriba irregularmente a Podemos Perú. Además, que también habría tenido injerencia en miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El Ministerio Público sostiene que se habría pagado a los exintegrantes del CNM Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez para que direccionen el proceso de selecciones de la ONPE en 2017 y se dé como ganador a Adolfo Castillo Meza.
De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo del nombramiento de Castillo Meza como jefe de la ONPE era lograr la inscripción fraudulenta de Podemos Perú.
Un mes después, en noviembre de 2022, Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución de prisión preventiva contra Luna Morales y ordenó su libertad.
Asimismo, le impuso comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por 18 meses, y el depósito de una caución de S/ 500 mil.
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Enrique Wong, quien integró las filas de Podemos Perú hasta hace unas semanas, estuvo involucrado en un caso de presunto tráfico de influencias. Debido a ello, el pasado 30 de marzo, el pleno del Congreso decidió suspender por 120 días al parlamentario, luego de que aprobara por mayoría el informe de la Comisión de Ética que recomendaba la medida en su contra.
Wong, fundador de Podemos Perú y otrora activo dirigente de este partido político, fue suspendido debido a la denuncia por presuntamente haber intervenido en la designación de su asesor parlamentario Manuel Talavera Valdivia en el directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Además, en junio de 2022, “Panorama” informó que - según una investigación la Sunat - la clínica San Vicente, empresa de Wong, habría presentado 1.046 facturas falsas, por S/. 2,3 millones.
Al respecto, Wong- quien era segundo vicepresidente del Congreso- admitió que tiene abierta una investigación en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos; sin embargo, negó tener responsabilidad en la emisión de dichas facturas
El parlamentario señaló a El Comercio que se trató de un “conflicto familiar”. Además, añadió que se está haciendo creer que “el único dueño de la clínica San Vicente” es él, cuando “es una propiedad de cinco hermanos”. El exintegrante de Podemos Perú aseguró que ya presentó sus descargos ante fiscalía.
Wong renunció en agosto de 2022 a Podemos Perú, pero dicha decisión no se hizo efectiva. En marzo de este año, el parlamentario presentó nuevamente su renuncia tras manifestar que han persistido las discrepancias con el partido político, especialmente sobre el adelanto de elecciones.
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El último viernes, el Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de concusión contra la congresista Heidy Juárez, de Podemos Perú por supuestos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
En esta indagación también fue incluido Miguel Ángel Chafloque, asesor principal de Juárez, como presunto cómplice de estos recortes.
Por este caso, un equipo de fiscales realizó diligencias en el despacho de la parlamentaria y en la Oficialía Mayor del Congreso. El objetivo fue recabar información relacionada a este caso, informaron fuentes de este Diario.
En esa misma jornada, el ciudadano José Alvarado Rojas presentó una denuncia constitucional contra Juárez por los presuntos cobros irregulares. El documento, que ingresó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, denuncia a Juárez por el mismo delito: concusión.
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Zeballos y más de quince parlamentarios fueron incluidos en las pesquisas del Caso ‘Los Niños’, que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo y legisladores que habrían buscado beneficiarse a cambio de votos contra la vacancia.
De acuerdo con el Ministerio Público, los legisladores conocidos como ‘Los Niños’ habrían integrado el ‘brazo congresal’ de la organización criminal presuntamente dirigida por el expresidente Castillo. Ellos habrían intercambiado votos claves a favor de la gestión del exmandatario por obras y puestos de trabajo para sus allegados en diferentes ministerios.
A fines de marzo, la Comisión de Ética aprobó por mayoría denunciar de oficio a Zeballos y otros 16 congresistas investigados por el Caso ‘Los Niños’. La iniciativa registró 9 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Tras esto, se pasará a una indagación preliminar.
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Podemos Perú también cobijó por medio año a Óscar Zea, incluso llegó a ser vocero alterno de la bancada en el Congreso.
Zea también fue incluido en las pesquisas del Caso ‘Los Niños’, quienes habrían buscado beneficiarse con obras y nombramientos de sus allegados en diversos ministerios a cambio de votos contra mociones de vacancia, interpelaciones y censuras.
El ahora legislador no agrupado también fue titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego (del 8 de febrero al 22 de mayo del 2022). Su designación en dicho cargo fue cuestionada, debido a que carecía de experiencia en el sector. Además, en marzo del 2022, “Panorama” reveló que Zea enfrentó dos acusaciones por presuntos homicidios en 1999 y 2006.
El ex ministro estuvo preso en el penal de Juliaca en 1999 por el presunto asesinato de Paulino Zeballos Huacasi, pero quedó absuelto. Luego, en el 2006, Zea fue detenido en Ate Vitarte por estar acusado del homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, ocurrido diez años antes.
Según documentos a los que accedió el programa de TV, Zea fue reo contumaz durante tres años por no presentarse al juicio por el asesinato de Parisuaña, cuyo cuerpo fue hallado cerca a los rieles de un tren en Puno con rastros de haber sido golpeado a pedradas.
Las investigaciones determinaron que, en el 2006, Parisuaña estuvo tomando licor en un bar en Puno con Zea y otras personas hasta que fueron desalojados. Luego Parisuaña, quien le debía dinero a Zea, fue hallado muerto.
De acuerdo con el programa dominical, en el 2010 hubo una sentencia a favor de Zea por falta de pruebas para condenarlo. Pero en el 2017, el caso fue reabierto porque no se consideró la existencia de muestras de sangre halladas en las prendas del ex titular del Midagri.
Aquella vez, Zea aseguró a las autoridades que la sangre encontrada en sus prendas era suya, producto de una caída al maniobrar una moto. Aunque las autoridades ordenaron realizar una prueba de ADN, esta nunca se concretó.
El entonces ministro se defendió por Twitter: “Es un caso judicial cerrado con una sentencia que me declara inocente”.
En mayo de 2022, días después de que se presentara una moción de interpelación en su contra, Zea fue reemplazado por Javier Arce.
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