María Agüero, de congresista escudera del prófugo Vladimir Cerrón a acusada de ‘mochasueldos’

La fiscalía realiza el allanamiento de la oficina y la vivienda de la congresista María Agüero (Perú Libre), denunciada por ‘mochasueldos’. El siguiente fue publicado el 13 de agosto tras conocerse la acusación contra la parlamentaria y republicada este martes 5 de noviembre.

La congresista de Perú Libre María Agüero vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ello luego de que el programa “Punto Final” la denunciara, en agosto, por presuntamente recortar el salario de sus trabajadores. La legisladora se suma así al grupo de parlamentarios implicados en el caso conocido como ‘mochasueldos’.

En aquel momento, lejos de condenar la supuesta conducta de Agüero, el prófugo líder del partido Vladimir Cerrón, y parlamentarios perulibristas han salido defenderla y arremeter contra la prensa, a través de mensajes en redes sociales, comunicados y declaraciones en medios de comunicación.

La congresista por Arequipa cuenta en su despacho, por lo menos, con siete trabajadores, cuyos salarios oscilan entre S/2.945 y S/12.568, según la escala remunerativa del Legislativo. Además, Agüero hasta julio último se desempeñó como presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, por lo que habría tenido-hasta esa fecha- más trabajadores bajo su responsabilidad.

Los congresistas Flavio Cruz y Kelly Portalatino señalaron que la bancada se reunirá la noche de este lunes 12 de agosto para escuchar los descargos de Agüero. Además, afirmaron que creen en la “inocencia” de su compañera.

Cruz, quien es portavoz de la agrupación del lápiz, remarcó ante la prensa que no hay una prueba que sindique que Agüero haya recibido el dinero producto de un supuesto recorte de sueldos y aseveró que ella “tiene mucha capacidad económica”.

“No hay un dato que diga que María Agüero haya recibido porque la congresista es una persona que no tiene necesidad económica, tiene mucha capacidad económica. Ella no tendría que estar prestándose a esas cosas”, expresó.

“Es normal hacer espíritu de cuerpo en este caso también porque conocemos a la congresista María Agüero. Ella no tiene problemas económicos.

Flavio Cruz, vocero de Perú Libre

“Creemos en la inocencia de la compañera porque sus trabajadores y extrabajadores se han pronunciado a su favor, por lo tanto [la denuncia] se trata de un tema sin elementos de convicción que la acrediten. Se mantendrá la solidaridad con ella hasta que se demuestre todo lo contrario”, dijo Portalatino a El Comercio.

Este Diario intentó recoger sin éxito los descargos de la parlamentaria María Aguero. En “Punto Final” rechazó la denuncia. “A mí nadie me transfiere nada. [...] A mí no me llega nada. Nada de eso. Mis cuentas son transparentes”, exclamó.

Cerca a la medianoche, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que vuelve a rechazar las acusaciones de recorte de sueldos.

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Los legisladores también aseveraron que entregan el 5% de sus salarios al partido político Perú Libre. Según Cruz Mamani, esta práctica está estipulada en el estatuto de la organización y se da entre los militantes elegidos por voto popular, es decir, todos los congresistas o que ocupen cargos de confianza.

“Eso es legal, es estatutario, allí no hay problema, lo hacemos con mucho cariño, identidad por nuestro partido”, aseveró.

Portalatino admitió que aporta ese dinero y que no conoce al detalle para qué es usado, pero asume que es para los gastos de “fortalecimiento” por tratarse de un “partido joven”, “que tiene poco tiempo”.

Cuando se le consultó a la parlamentaria sobre el dinero del financiamiento público directo que la ONPE entrega al partido para los gastos de fortalecimiento, ella respondió: “La ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] y el Jurado Nacional de Elecciones ponen límites al gasto del financiamiento público directo, solo permiten que se gaste en escuelas políticas”.

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La ONPE le transfiere al partido más de S/2 millones al año porque a la agrupación le corresponde recibir, en el quinquenio 2021-2026, un total de S/. 10.756,396.12.

El Comercio ha dado a conocer, en sendos informes, que el ente electoral ha cuestionado en más de una ocasión el uso que el partido le da a los fondos que le transfiere. Por ejemplo, ha observado gastos que la agrupación ha hecho para remodelaciones en el baño y la cocina del local partidario, periódicos a favor de Cerrón y arreglos florales.

Asimismo, Perú Libre dispone de los fondos para beneficiar a personajes cercanos a Cerrón, como el abogado de su mamá Loli Herrera, entre otros.

Este Diario buscó contactarse con Ofelia Ríos, tesorera del partido, para consultarle sobre el uso que le da la agrupación al dinero que aportan sus congresistas; sin embargo, no respondió al cierre de este informe.

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Agüero, quien es ferviente defensora del prófugo Cerrón, también ha sido vicepresidenta de la Comisión de Ética, donde se blindaron a los primeros parlamentarios implicados en el caso ‘mochasueldos’ y también a ‘Los Niños’.

Ella es una de las parlamentarias que votó a favor de blindar Magaly Ruiz, Rosio Torres y Heidy Juárez, cuando fueron denunciadas por el presunto recorte de salarios de sus trabajadores.

Pero no es la primera vez que está involucrada en una controversia. La más reciente fue abogar por su líder durante el debate de la cuestión de confianza al gabinete presidido por Gustavo Adrianzén, el 3 de abril de este año.

“Perú Libre germinó con el profesor Jaime Cerrón Palomino y se materializó por la voluntad popular bajo el liderazgo del Dr. Vladimir Cerrón Rojas para quien exigimos justicia”, dijo en esa oportunidad. Ese día, Agüero lucía un polo rojo con el rostro de Vladimir Cerrón y la palabra “justicia”.

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Agüero, además, se ha quejado de su salario como parlamentaria en más de una oportunidad. Por ejemplo, en septiembre de 2021, afirmó - en diálogo con radio Yaraví- que su sueldo como legisladora (S/ 15.600) no le alcanza. “El sueldo no me alcanza por todo el compromiso de mi despacho”, expresó.

“Yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima siempre ha sido cara y si uno quiere realmente trabajar, realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado, el costo de vida en Lima es bastante caro”, expresó.

“El costo de Lima es caro, si queremos hacer buena gestión, si queremos representar a los lugares alejados, creo que a mí me va a costar más que el sueldo que recibo”, agregó.

Posteriormente, a través de un documento publicado en Twitter, refirió que sus declaraciones “no transmitieron adecuadamente” su pensamiento respecto al tema y lamentó “profundamente” el malestar que han ocasionado las mismas.

No obstante, meses después se volvió a quejar de su sueldo, esta vez durante una intervención en el pleno del Congreso. ”Les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles, ¿Cuánto recibimos? 10 mil, ¿Cuánto nos descuentan y a dónde se va? al seguro de salud”, expresó en marzo de 2022.

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Agüero también ha evitado reconocer a la “camarada Vilma” y Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA, como terroristas.

Finalmente, en febrero del 2023, afirmó que el atentado en las Torres Gemelas, ocurrido en septiembre del 2001, no lo perpetró la organización terrorista Al Qaeda, sino el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush.

Agüero Gutiérrez, de 57 años, llegó al Congreso con 29,293 votos. De acuerdo con la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones, estudió Educación en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, pero no culminó la carrera.

Asimismo, es vicepresidenta de la inmobiliaria estadounidense ABC Builder’s Company, Inc. Agüero declaró tener dos casas en el país norteamericano.

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El último domingo, “Punto Final” difundió el testimonio de una extrabajadora de Agüero, que señaló que la legisladora recorta el diez porciento de los haberes de sus trabajadores.

“Ella me dijo que el partido tiene gastos, tiene logística, y que por ende nosotros teníamos que dar una cuota del 10%, tipo una especie de diezmo”, señaló la exfuncionaria del Congreso, cuya identidad se mantiene en reserva.

De acuerdo con el testimonio, la congresista también obligó a sus trabajadores a que paguen sus gastos personales. “Cada día nos sorprendía con un concepto nuevo, como el del menú, como para pagar su cuarto. Por eso no es solo el 10%. Realmente nos mochaban más del 10%, porque tenías, por ejemplo, si la llanta de su carro se pinchaba, si su carro estaba sucio, tenías que colaborar para que laven su carro, para que arreglen su llanta”, dijo.

La extrabajadora aseguró que el dinero se entregaba a César de la Cruz, militante de Perú Libre y exasesor de María Agüero.

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En diálogo con El Comercio, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado señalaron que la parlamentaria habría cometido el presunto delito de concusión.

“El delito principal es concusión, que es cuando el funcionario obliga o induce a un tercero a que le dé un beneficio bajo el uso del cargo”, explicó Andía.

Añadió que la penas por este delito van desde los 2 hasta los 8 años e inhabilitación.

Andía dijo que el asesor también podría ser investigado por el delito al tratarse de un servidor público. A su juicio, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General del Estado deben tomar al más breve plazo acciones sobre este caso.

En tanto, para Maldonado, Agüero podría ser investigada por dos delitos: concusión y enriquecimiento ilícito. Pero no descartó que este caso pueda calzar en la figura de organización criminal y tampoco que pueda tratarse de una infracción constitucional.

“Este tipo de conducta constituyen delitos no solo penales sino constitucionales [...] Esta no es una conducta novedosa sino reiterada, por tanto, desde esa perspectiva, basado en un enfoque de política criminal, el Ministerio Público podría escoger realizar escoger la persecución penal en nombre del Estado en búsqueda del delito más grave”, concluyó.

María Cordero Jon Tay

(Ex Fuerza Popular)

Se trata de la primera congresista sancionada por el caso ‘mochasueldos’. La denuncia en su contra vio la luz en abril del 2023, cuando  un extrabajador la acusó de apropiarse del 50% de su salario. Luego de un lento proceso, la parlamentaria fue desaforada por el Poder Legislativo, previamente había sido suspendida por 120 días de su cargo por recomendación de la Comisión de Ética. Es investigada por la fiscalía por el presunto delito de concusión y la Corte Suprema acaba de dictar comparecencia con restricciones en su contra. 

José Arriola

(Podemos Perú)

La Procuraduría General del Estado lo denunció por concusión y cohecho pasivo por el presunto recorte de sueldos a trabajadores. Los colaboradores de su despacho también demandaron al parlamentario ante la fiscalía por el mismo caso. Además, la Comisión de Ética aprobó denunciarlo de oficio e iniciar indagaciones preliminares en su contra. Arriola había sido blindado previamente, pero ante las nuevas evidencias, aprobaron volver a investigarlo.

Katy Ugarte

(Bloque Magisterial)

La Comisión de Ética recomendó suspenderla por 60 días sin goce de haber, el informe fue incluido en mayo en la agenda del pleno, pero - hasta el momento- no se somete a votación . Además, es investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de concusión. La fiscalía incluso presentó una denuncia constitucional en su contra con miras a su desafuero; sin embargo, el caso no avanza desde marzo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Edgar Tello

(Podemos Perú)

Fue blindado por la Comisión de Ética, pese a la grave denuncia solo fue sancionado con 60 días multa y una amonestación pública . La fiscalía lo investiga por el presunto delito de concusión y ha presentado a inicios de este mes una denuncia constitucional en su contra ante la SAC. 

Rosio Torres

(APP)

Fue blindada por la Comisión de Ética, solo la sancionaron con 30 días multa. La fiscalía la investiga por el presunto delito de concusión y ha presentado una denuncia constitucional en su contra ante la SAC. En marzo, el Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario de la congresista y de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.

Magaly Ruiz

(APP)

Fue blindada por la Comisión de Ética, solo la sancionaron con 30 días multa. También la libraron en la SAC de una denuncia constitucional impuesta por un ciudadano y hecha suya por la parlamentaria Kira Alcarraz. La fiscalía la investiga por el presunto delito de concusión y ha presentado en abril una denuncia constitucional en su contra. En mayo, el Poder Judicial ordenó el levantamiento de sus comunicaciones. 

Heidy Juárez

Podemos Perú

Fue blindada por la Comisión de Ética, solo la sancionaron con 30 días multa. En marzo, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en su contra. 

Jorge Flores Ancachi

(Podemos Perú)

La Comisión de Ética aprobó en marzo el informe final que propone suspenderlo por 120 días sin goce, pero su caso no ha sido puesto en la agenda del pleno. La fiscalía presentó en mayo una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de concusión.

Mary Acuña

(APP)

Comisión de Ética archivó la denuncia en su contra. La fiscalía le abrió investigación por el presunto delito de concusión, pero decidió no presentar una denuncia constitucional y archivar el caso.

Hilda Portero

(AP)

Comisión de Ética archivó denuncia en su contra. “Cuarto Poder” reveló que solicitó 200 sillas de ruedas para donarlas a su nombre a la iniciativa “La ruta de la Solidaridad”. La adquisición se hizo, según el reportaje, con aportes que ella solicitó a trabajadores de su despacho.

Raúl Doroteo

(AP)

Comisión de Ética abrió investigación de oficio en marzo. La fiscalía lo investiga por el presunto delito de concusión.