Congresista Gino Costa afirmó que el Parlamento disuelto “abusó de su mayoría para blindar a Los Cuellos Blancos del Puerto" y por eso pide reconsiderar votación en el caso de Pedro Chávarry. (Foto: Archivo El Comercio)
Congresista Gino Costa afirmó que el Parlamento disuelto “abusó de su mayoría para blindar a Los Cuellos Blancos del Puerto" y por eso pide reconsiderar votación en el caso de Pedro Chávarry. (Foto: Archivo El Comercio)
Roger Hernández Sánchez

Como había adelantado a este Diario, el congresista (Partido Morado) formalizó este miércoles su pedido para que la reconsidere la votación realizada en torno a la revisión de los casos contra los fiscales supremos y .

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A través de un oficio dirigido al titular del grupo de trabajo congresal, Luis Roel Alva (Acción Popular), Costa precisó que su solicitud radica en las acusaciones constitucionales 146, 148 y 322, pues el Congreso disuelto “abusó de su mayoría para blindar a Los Cuellos Blancos del Puerto; esos abusos deben ser rectificados”.

La denuncia constitucional 322 fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry en mayo del 2019 por la irrupción en una oficina lacrada del Congreso, caso para el que se ha elegido a Guillermo Aliaga (Somos Perú) como ponente. A través de un oficio dirigido a Luis Roel, Aliaga ha solicitado “todos los acuerdos, actas, votaciones, documentos, actuados y otros vinculados a la referida denuncia” contra el extitular del Ministerio Público.

Respecto al caso de Chávarry, Gino Costa solicita que se reconsidere la determinación de lo actuado por la subcomisión del Parlamento disuelto, pues desestimó las imputaciones por encubrimiento real y encubrimiento personal agravado, y solo acogió el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de atentado contra la conservación e identidad de objetivo, cuya pena máxima es de dos años.

“Le agradeceré mucho sirva poner en la inmediatez la votación de reconsideración señalada”, finaliza Costa en el documento dirigido a Roel.

Las denuncias constitucionales 146 y 148 fueron presentadas en 2017 contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por los entonces legisladores Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma, respectivamente.

La exprocuradora refirió que Sánchez había cometido una infracción constitucional por haber designado a Hamilton Castro como el encargado del Caso Odebrecht, al considerar que no era el funcionario adecuado para el trabajo.

Por su parte, Salaverry también denunció a Sánchez, pero por no adoptar “las medidas necesarias para preservar la imagen de imparcialidad y transparencia del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción”, por lo que exigió que deje el cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, el extitular del Parlamento presentó el desestimiento de su denuncia el 14 de febrero del 2019.

Las referidas denuncias constitucionales fueron delegadas a la congresista María Martina Gallardo (Podemos Perú).

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A su turno, la bancada de Acción Popular emitió el martes un comunicado en el que rechazó “un supuesto blindaje” al fiscal supremo Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“El grupo parlamentario lamenta las inexactitudes vertidas por un congresista de la República que solo inducen al error y a la confusión de la opinión pública”, sostiene el circular.

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