Pedro Castillo se vio envuelto en investigaciones fiscales por delitos de corrupción cada tres meses en promedio

En promedio, desde el 28 de julio del 2021 hasta el pasado 10 de agosto, fecha en que se inició la pesquisa más reciente contra el mandatario, la fiscalía abrió una investigación por corrupción al jefe de Estado cada 75 días.

Además de las indagaciones por presuntos delitos de corrupción a cargo de la Fiscalía de la Nación, Castillo Terrones tiene una investigación abierta por el presunto plagio en la tesis de maestría que realizó junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, en el año 2013. Esta, por tratarse de hechos ocurridos antes de asumir el mandato, está a cargo de la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba.

Los casos

En de mayo de 2022, la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (Chota, Cajamarca) inició de oficio una investigación contra el presidente Pedro Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes, por el presunto delito de plagio agravado. Esta pesquisa —que comenzó a menos de un año de iniciado el mandato presidencial— es la primera que el Ministerio Público abrió contra el jefe de Estado.

Según la fiscalía, el mandatario habría cometido plagio en la tesis que elaboró junto a Paredes para obtener el grado de maestría en la Universidad César Vallejo, en el año 2013. Por tratarse de hechos ocurridos antes de ostentar el cargo de presidente, esta carpeta no está en manos de la fiscalía de la Nación.

El caso fue conocido luego de que el programa dominical “Panorama” difundiera un reportaje en el que se mostró que el trabajo académico de la ahora pareja presidencial presentaba no era original en un 54%.

Días más tarde, Castillo publicó un comunicado en el que no solo negó las acusaciones, sino que acusó al medio de comunicación de pretender generar inestabilidad política, un discurso que mantendría respecto de investigaciones posteriores.

“Rechazo las imputaciones ‘malintencionadas’ que ha hecho un programa periodístico (...). No he copiado, ni adjudicado autoría de terceros (…). Es preocupante que la libertad de prensa y expresión se preste a intereses particulares y antidemocráticos (…) con el objetivo de generar inestabilidad política a este gobierno”, se lee en el documento.

Menos de un mes después, la fiscalía de la Nación —en ese entonces a cargo de Zoraida Ávalos— abrió una investigación contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, en el marco del caso Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conocido también como el caso Puente Tarata III.

En este caso, la tesis del Ministerio Público consiste en que el presidente habría colocado al ahora exministro Juan Silva en el MTC para copar ilegalmente el sector, con la finalidad de direccionar contrataciones —como el proyecto Puente Tarata III— a favor de empresarios y colaboradores de la campaña presidencial.

Al igual que en el caso de la investigación por el presunto plagio, Castillo ha intentado deslegitimar la denuncia aduciendo supuestos intereses “antidemocráticos”.

“Circula en la prensa monopólica una serie de especulaciones que tienen como objetivo atentar contra la democracia. (...) Denuncio anticipadamente este tipo de acciones que solo insisten en maniobras políticas antidemocráticas con la finalidad de generar inestabilidad en el país”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Menos de dos meses más tarde, la fiscalía de la Nación inició una nueva pesquisa contra el presidente. Esta vez, referida al caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Según la entidad, en coordinación con el entonces secretario de la Presidencia Bruno Pacheco y el entonces ministro de Defensa Walter Ayala, Castillo habría pedido ascender de forma irregular a oficiales de las Fuerzas Armadas cercanos a él.

Si bien Ávalos dispuso suspender la investigación hasta que Castillo termine su mandato, esta fue reanudada por su sucesora, Patricia Benavides. En este caso, la fiscalía ha imputado al mandatario los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

También en julio, tras las declaraciones del exministro del Interior Mariano González —quien denunció que fue retirado del cargo apenas un día después de haber creado un equipo especial de la policía para apoyar a la fiscalía en la captura de prófugos allegados al gobierno—, el Ministerio Público inició una investigación a Castillo Terrones por los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal.

Según la tesis fiscal, con la remoción de González del ministerio del Interior, el presidente habría intentado mellar las acciones fiscales y policiales contra su sobrino Fray Vásquez, el exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y otros allegados al gobierno investigados por presuntos actos de corrupción.

Apenas dos días después, el 22 de julio, la fiscalía de la Nación abrió la quinta investigación contra Pedro Castillo, esta vez por los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias agravado y organización criminal, en el marco del caso Petroperú. Al igual que el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, esta carpeta fue suspendida por Zoraida Ávalos y posteriormente reanudada por Patricia Benavides.

En este, la tesis fiscal señala que el presidente habría intervenido en la compra de biodiésel para Petroperú a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators, del empresario Samir Abudayeh. Tras una reunión entre este último y Castillo, la compañía ganó una licitación de más de US 70 millones.

El 19 de setiembre de 2022, este caso y el del MTC fueron unidos en una sola carpeta fiscal.

Por último, el pasado 10 de agosto el Ministerio Público inició la más reciente investigación contra el jefe de Estado por el caso Ministerio de Vivienda. Según la entidad, Castillo habría conformado una organización criminal en dicho ministerio, con la finalidad de direccionar ilícitamente obras en Cajamarca, en coordinación con el entonces ministro Geiner Alvarado y en complicidad con miembros de su familia, como su cuñada Yenifer Paredes. Por este caso, Paredes cumple actualmente un mandato de prisión preventiva por 30 meses.

Una vez más, Castillo Terrones negó las acusaciones y denunció intentos desestabilizadores.

“Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”, sostuvo el presidente en un mensaje a la nación.

La denuncia constitucional: un caso inédito

El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra el mandatario ante el Congreso. Con ello, el Ministerio Público pretende obtener autorización para procesar a Castillo Terrones mientras ostenta el cargo de presidente de la República.

Iván Meini, exprocurador anticorrupción, asegura que el caso de Castillo no tiene precedentes en el país, pues hasta antes de la gestión del exfiscal Pablo Sánchez, la fiscalía de la Nación entendía que el jefe de Estado no podía ser investigado durante su mandato.

“La costumbre en el Ministerio Público había sido interpretar extensivamente el artículo 117 de la Constitución, que impide acusar a un presidente en funciones. Los fiscales de la Nación entendían que eso también impedía investigar. Esa interpretación ha sido dejada de lado”, explica.

En la misma línea, el abogado penalista Carlos Caro asegura que existe una “tendencia mundial” de restringir las inmunidades de las autoridades políticas.

“Hay un cambio de tradición en todo el mundo, que implica caminar hacia interpretaciones que limitan las inmunidades. Entonces, cuando hay este tipo de casos de corrupción, hay una motivación para que los fiscales interpreten restrictivamente la inmunidad”, indica.

El especialista explica que, tras el cambio de tendencia impuesto por Pablo Sánchez, la fiscal Benavides ha dado un paso más. Ello por interpretar que el jefe de Estado puede ser denunciado constitucionalmente por delitos de corrupción, pese a no estar dentro de los supuestos del artículo 117 de la Constitución, que establece los motivos por los cuales el mandatario puede ser sometido a una denuncia constitucional.

“A los expresidentes nadie los investigaba mientras estaban en funciones, hasta que Pablo Sánchez rompió la tradición e interpretó que sí pueden ser investigados. La fiscal (Patricia) Benavides ha sido incluso más agresiva: ha dicho que no solo los puedes investigar, sino denunciar constitucionalmente, que es algo sin precedentes en la historia peruana”, señala.