Pedro Castillo: ¿Qué pasa en la Procuraduría General del Estado bajo la nueva gestión?

Sin embargo, fuentes de El Comercio han advertido de decisiones y actitudes internas de la abogada que podrían debilitar a la institución que tiene como deber regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado.

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Por un lado, Caruajulca emitió el último 8 de junio una resolución mediante la cual reconformó la cantidad de integrantes y dejó en la incertidumbre el plazo de acción de la Comisión Especial para la formulación del Plan de Implementación de la Procuraduría General del Estado, creada el 2019 mediante el Decreto Supremo N°1326. Se trata de una norma que busca que las procuradurías públicas de todos los niveles de gobierno sean transferidos –en aras de lograr independencia para sus acciones– a la Procuraduría General del Estado.

Mientras una resolución de agosto del 2021 en la gestión del exprocurador Daniel Soria Luján dispuso que la versión final del plan se presente dentro de los 120 días calendarios posteriores a la emisión de la referida norma –con posibilidad de ampliación por única vez–, la disposición de Caruajulca elimina ese plazo que buscaba agilizar el proceso. Así, solo mantiene como base para el citado fin el reglamento del Decreto Supremo N°1326, que establece un plazo tenue: 180 días “después de la entrada en vigencia de los instrumentos de gestión necesarios para el funcionamiento óptimo de la entidad”.

De acuerdo a una de las fuentes de la entidad consultadas, ello debilita a la institución. “Había un equipo técnico que había avanzando en un 90% el plan de implementación, lo habían presentado y validado con cada dirección, había un plan a mediano plazo. Pero la señora trajo abajo al equipo, sacó al personal […] El impacto es que las procuradurías van a seguir dependiendo de cada municipalidad o gobierno regional, por ejemplo, donde hay hechos de corrupción. No hay voluntad de hacer cambios. No hay plazos, algo que defina cómo se va a llevar el plan”, advirtió.

Además del hecho de tener un perfil muy bajo para graves casos de corrupción que implican al Gobierno, otro de los cuestionamientos incluso internos contra Caruajulca es afectar la labor de directores de la PGE encargándoles otras direcciones –ante la renuncia de otros funcionarios– y demorando la designación de los reemplazos.

Por ejemplo, en el caso de Julio Talledo Chávez, director de la Oficina de Control Funcional quien desde más de un mes está encargado de la Dirección de Aplicación Jurídica Procesal a la espera de que se designe al titular de esta última instancia. “Esta última es la oficina encargada de asesorar a todos los procuradores y elaborar estrategias de defensa”, comentó una de las fuentes. Otro caso es el de Geiser Grandez Alvarado, director de la Dirección Técnico Normativa, que desde hace casi tres meses ocupa interinamente el cargo de gerente general.

Según la Sunedu, Caruajulca es abogada titulada en 1994 y no registra algún diploma de postgrado. Antes de ser procuradora general, se desempeñó como procuradora pública en las municipalidades distritales de San Martín y Comas.

Para el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, la actuación de la procuradora no debería sorprender, pues es “alguien puesta a dedo” tras la salida de Soria.

“El presidente del Consejo de Ministros [Aníbal Torres] ha puesto a una persona para que le cuide las espaldas al Ejecutivo, por eso se entiende que tampoco podría tomar alguna medida que pudiera afectar al presidente Castillo. Por el momento tenemos en la congeladora a la institución […] La señora Caruajulca es una persona de la confianza de Torres, está actuando de una manera en la cual anula cualquier posibilidad de que la procuraduría general cumpla con sus funciones”, consideró.

En la lectura de Walter Gutiérrez, también exdefensor del Pueblo, desde la designación de Caruajulca no se ve una acción decidida frente al combate a la corrupción, la protección de los intereses del Estado y la independencia de la institución.

“¿Dónde está la procuradora que debería pedirle a la fiscal de la Nación que inicie también investigación en el caso de los ascensos militares? Si el Ministerio Público ya cambió de criterio, no parece coherente que tenga un criterio para una investigación y otro para otra”, expresó.

“Hay tres casos donde el presidente debería ser investigado de manera activa: el de Puente Tarata, pero también el de ascensos militares y el Caso Petro-Perú. En estos dos últimos, la procuradora debería pedir que se inicie una investigación al presidente, pero ha guardado silencio, lo cual revela una complicidad”.

Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo

Diligencia sobre Castillo

Según pudo conocer El Comercio, Caruajulca sí estuvo presente durante la declaración del presidente Pedro Castillo ante el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez el pasado viernes 17, aunque no intervino para realizarle preguntas al mandatario investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Las fuentes de este Diario aseveraron, además, que internamente se ha comentado la posibilidad de que la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato pase a depender de la procuraduría anticorrupción, actualmente encabezada por Javier Pacheco.

Este no suscribió un pronunciamiento que casi 60 procuradores suscribieron en enero pasado contra “cualquier intento de injerencia política” en la Procuraduría General del Estado, ello semanas antes de que el Gobierno destituyera a Soria por “pérdida de confianza”. Luego, en febrero, denunció a este último ante la fiscalía por “nombramiento o aceptación ilegal”, entre otros presuntos delitos.

Pacheco, además, sería una de las personas a las que más escucha Caruajulca en la procuraduría.

Situación de procurador del MTC

Asimismo, de acuerdo a las fuentes, se está evaluando retirar al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz, quien el 6 de junio señaló a “Perú 21″ que se opuso a una conciliación planteada en noviembre del año pasado por un consorcio encargado de una obra en Puno, en la que habrían tenido interés el empresario Zamir Villaverde y el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, validando así parte de lo mencionado en un audio recientemente difundido. El abogado del Estado también tomó acciones respecto del Caso Puente Tarata, hecho de corrupción que involucra al propio presidente Pedro Castillo.

Según pudo conocer El Comercio, el último lunes desde las 2 p.m. se reunió el Consejo Directivo de la PGE para evaluar la situación de Ortiz, pero la cita se suspendió debido a que solo estuvieron Caruajulca y Luis Iglesias León, representante de la contraloría, pero se ausentó Ramón Alcalde, representante del Ministerio de Justicia designado el último 6 de mayo. Por tanto, el tema se discutirá la próxima semana.

Este Diario supo también que, un día después de las declaraciones a la prensa, dos funcionarios de la procuraduría general convocaron a Ortiz para sugerirle su renuncia al cargo. En el entorno de este último se considera que el proceso se está llevando “de manera totalmente arbitraria”.

A juicio de Albán, no extrañaría la salida de Ortiz. “Una actitud como esa por parte de un procurador que se coloca dentro de sus competencias y nivel de responsabilidad no es el tipo de funcionario que acepten como idónea”, sostuvo.

“Ellos quieren gente que pueda decir lo que les parece e impedir que pueda trascender cualquier información que termina comprometiendo al Gobierno”.

Walter Albán, exdefensor del Pueblo

Gutiérrez sostuvo que la contraloría y la Defensoría del Pueblo deberían hacer una supervisión del sistema de la procuraduría general como entidad de la administración pública y su funcionamiento en la protección de los intereses del Estado, porque “hay que proteger a la procuraduría de la procuradora. Estoy seguro que al andar esa supervisión, muchos procuradores empezarán a hablar porque se sentirán protegidos”.

“No se ve una procuraduría activa, decidida, técnica, autónoma. Se ve, por el contrario, una procuraduría ausente. Hay un manto de duda respecto de su inacción”, concluyó Gutiérrez.

Este Diario consultó con personal de comunicaciones de la procuradora general a fin de obtener sus comentarios para este informe, pero al cierre del mismo no se obtuvo respuesta.