Exprocuradores anticorrupción denuncian a Aníbal Torres ante el Colegio de Abogados por infracciones al Código de Ética

Abogados, exprocuradores anticorrupción y profesores de ética en derecho denunciaron al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, “por conducta contraria a la ética” y al Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú.

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Los denunciantes señalan que el primer ministro habría infringido el artículo 4 del Código de ética donde indica que “el abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país”.

Además del extremo donde se ordena “actuar con sujeción a los principios lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe, así como el honor y dignidad propios de la profesión”.

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En ese sentido, se acusa a Torres Vásquez de haber “incurrido en actos contrarios al Estado de derecho” y que ha “actuado con falta de honradez y ha faltado a la verdad” durante su desempeño como ministro de Justicia -de agosto del 2021 a febrero 2022- y titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo que juró el 8 de febrero pasado.

Daniel Soria

La denuncia se basa en la destitución de Daniel Soria como procurador general de la República, oficializado mediante una publicación extraordinaria en el diario El Peruano la noche del 1 de febrero. De acuerdo con la resolución, se indica que el remoción del cargo de Daniel Soria se debe a la causal de “pérdida de confianza”.

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Sin embargo, los denunciantes indican que es “tan evidente que su destitución [de Daniel Soria] fue un acto de represalia por haber solicitado la investigación contra el presidente [Pedro] Castillo”.

“De la simple lectura de ley, se advierte (...) solo habilita la remoción del cargo de procurador general de la República por falta grave debidamente comprobada y fundamentada”, puntualiza el documento.

Direccionamiento de publicidad estatal

Recoge la denuncia de Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la PCM, sobre un presunto direccionamiento de la publicidad estatal con fines políticos. La exfuncionario relató que Torres Vásquez intentó impedir que avisos del Estado sean publicados en el Grupo El Comercio, “con una evidente intensión de “castigar” a dicho medio de comunicación por su línea editorial”, añadió el documento.

INPE

Un tercer punto es el despido de Susana Silva Hasenback de la titularidad del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), publicado el 4 de de febrero.

“Ahora se sabe que la medida fue un nuevo acto de represalia del ministro porque la presidenta del INPE se había resistido a las presiones desde el Ejecutivo para liberar indebidamente al condenado por asesinato, Antauro Humala”, apunta la denuncia.

El documento que acusa a Aníbal Torres de cometer un “desprestigio para la profesión del abogado” es firmado por Iván Meini Méndez, Walter Albán Peralta, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, y Luis Gilberto Vargas Valdivia.

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