La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha quedado conformada, por el momento, con cinco integrantes, luego de que los abogados Abraham Siles, Mónica Rosell y Jaime De la Puente, quienes quedaron en calidad de suplentes en el concurso público para integrar dicha entidad, declinaron de asumir su cargo.
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Humberto de la Haza (presidente), Imelda Tumialán, María Zavala, Marco Tulio Falconí y Guillermo Thornberry conforman actualmente el pleno de la JNJ, obteniendo el quórum mínimo para seguir sesionando. Sin embargo, para la resolución de algunos casos, como el recurso de apelación planteado por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no hay el mínimo de integrantes.
Normativamente, el pleno de dicha institución debería estar integrado por siete miembros. Sin embargo, los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez, fueron inhabilitados por el Congreso y luego por una medida cautelar emita por el Tribunal Constitucional (TC).
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Con ello, la JNJ ha sufrido un duro golpe debido a que muchos de los procesos disciplinarios, ratificaciones o designaciones se han visto afectado con la paralización en su tramitación que requiere de los siete miembros.
Por ejemplo, este viernes, los cinco integrantes de la JNJ realizaron la entrevista personal del actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto Salinas, quien busca ser ratificado en el cargo.
Este, es uno de los pocos procedimientos que dicha entidad ha podido continuar. Ello debido requiere únicamente de mayoría simple de la actual conformación.
Situación contraria ha ocurrido con el proceso de ratificación de la actual jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, quien también ha manifestado su intención de permanecer en el cargo. En su caso, uno de los cinco integrantes de la JNJ tiene impedimento para participar y, por tanto, no habría quórum.
Lo mismo ha ocurrido con otros 154 procesos disciplinarios que venían tramitándose en el JNJ y han quedado paralizados, porque estos sí requerían, necesariamente, la participación de los siete integrantes del Pleno de la JNJ.
Lo anterior, debido a que para ser resueltos necesitan como mínimo seis o cinco integrantes que participen sin ningún impedimento, ya sea por inhibición o porque fueron instructores del caso en su momento.
En esta situación, se encuentra el procedimiento disciplinario inmediato y la medida cautelar de suspensión que se le sigue a ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las presuntas actuaciones ilícitas que habría desempeñado -según su exasesor Jaime Villanueva- como posible líder de una organización criminal al interior del Ministerio Público.
Sin quórum para resolver apelación a la cautelar de suspensión
En este escenario, Patricia Benavides, acudió el último jueves a la Junta Nacional de Justicia, para sustentar su reconsideración a la suspensión de seis meses en sus funciones como fiscal suprema titular, que se le aplicó el 6 de diciembre del 2023, luego de abrirse el proceso disciplinario inmediato en su contra.
Acompañada de su abogado, Jorge del Castillo, rindió sus argumentos ante los integrantes María Zavala y Marco Tulio Falconí, quienes al momento de aplicar la suspensión no habían participado de este proceso ni de la medida cautelar.
Zavala no participó porque se encontraba inhibida en diciembre del 2023 -impedimento que fue levantado a inicios de abril- mientras que Falconí (que ingresó en reemplazo del abogado Henry Ávila), no conformaba la JNJ en ese momento.
Sin embargo, en este caso, la JNJ no tiene el quórum para resolver ni el proceso disciplinario inmediato, ni la apelación a la medida cautelar. Esto, debido a que solo cuatro de los cinco integrantes actuales (De la Haza, Zavala, Falconí y Thornberry pueden participar, ya que Tumilán fue la instructora y no puede votar).
Mientras este escenario persista, la JNJ no podrá pronunciarse sobre la apelación a la suspensión; y por tanto, podría llegar a vencer el plazo el próximo 6 de junio.
De ser así, Patricia Benavides Vargas, podría retomar su cargo como fiscal suprema titular en el Ministerio Público.
Propuesta de destitución en un segundo caso contra Benavides, sí puede ser resuelto
Benavides Vargas, como se recuerda, también enfrenta un segundo caso ante la JNJ. Se trata de un proceso disciplinario ordinario que se le abrió en enero del 2024 -previa a una investigación preliminar que duró ocho meses- por la destitución de diversos fiscales que tenían en sus manos casos especiales.
Entre ellos, fiscales del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que habían detectado registro de comunicaciones entre Benavides Vargas e integrantes de dicha red criminal; así como la remoción de la fiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la entonces fiscal de la Nación.
En ese caso, la instructora del procedimiento disciplinario fue Inés Tello, quien el 7 de marzo pasado emitió un informe proponiendo la destitución de la fiscal suprema Patricia Benavides y de su hermana, Enma Benavides.
El informe fue evaluado por los siete miembros que integraban el pleno de la JNJ, en una audiencia que se realizó el 18 de abril último.
Posterior a la audiencia, Inés Tello -así como Aldo Vásquez- fueron removidos de sus cargos por el Tribunal Constitucional que emitió una medida cautelar a favor del Congreso restituyendo la inhabilitación.
Como se dijo al inicio, debido a ello la JNJ quedó con cinco integrantes, quienes sí están habilitados para resolver esta propuesta de destitución.
Teniendo en cuenta que Tello fue la instructora y por tanto habría estado impedida de participar, más la salida de Al Vásquez, el Pleno actual continúa manteniendo el quórum mínimo para sesionar.
Y es que, según el Reglamento de la JNJ, las propuestas de destitución se pueden decidir con una “mayoría simple de los que intervienen” con una resolución debidamente fundamentada.
Por tanto, este caso seguirá procesándose, una vez que el abogado Guillermo Thornberry se reincorpore -tras pedido de licencia- y se realice el informe oral de la jueza superior Enma Benavides -para quien también se pidió la destitución- reprogramada para este 9 de mayo.
Una vez que se realice dicha diligencia, entre los cinco miembros habilitados se elegirá a un ponente que elabore el informe final con la propuesta de destitución y los alegatos de las partes, es decir de Patricia Benavides, Enma Benavides y la fiscal Azucena Solari (cuya audiencia también fue el 18 de abril).
A diferencia de la primera etapa del proceso disciplinario ordinario, en la que el instructor no participa de las votaciones luego de emitir su propuesta, en la votación final de la destitución o no de un magistrado, sí lo puede hacer.
El plazo para emitir una resolución final, sobre el caso, será de diez días hábiles después de la audiencia de la jueza.
Estos son los escenarios que, hasta el momento atravesarían los dos procesos que sigue la abogada Patricia Benavides, ante la JNJ.
El último viernes y, de manera acelerada, la Comisión de Constitución aprobó una propuesta de reforma constitucional presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a fin de habilitar a los candidatos declarados “aptos” durante el concurso para integrar la JNJ, pero que no alcanzaron una plaza como titulares, ni suplentes (son siete para cada uno).
Si en los próximos días, el Congreso de la República prioriza esta propuesta y es aprobada en el Pleno del Legislativo, los candidatos que quedaron en el cuadro de méritos podrían ser convocados para integrar la JNJ.
Con ello, dicha entidad se recompondría con sus siete integrantes y todos los casos que no tienen quórum y han quedado paralizados, incluido el proceso disciplinario inmediato y la apelación a la medida cautelar de suspensión, seguido contra Benavides Vargas, se reactivarían.