Empresas y política

Un tema central en la agenda de discusión es la relación entre empresas y política. Está claro que el gran poder económico incide poderosamente sobre la toma de decisiones de Estado y de política pública; esto a través del financiamiento de las campañas electorales, de la gestión de intereses ante las autoridades elegidas, o mediante diversos mecanismos informales. Cuando no a través de prácticas abiertamente ilegales y corruptas.

En todas las democracias se intenta limitar la influencia del poder estructural o poder fáctico, que rompe el principio de igualdad que está en la base de la promesa democrática. En nuestro país, hemos optado por prohibir los aportes empresariales y por imponer topes a los aportes individuales, que deben ser declarados transparentemente y estar bancarizados. Además, por reducir los costos de las campañas, prohibiendo la publicidad política en televisión y radio, y asumiendo el Estado el financiamiento de espacios gratuitos. Al mismo tiempo, existen normas que intentan limitar presiones o influencias indebidas sobre los funcionarios; para ello tenemos normas que buscan hacer transparentes esas gestiones, hemos establecido incompatibilidades y responsabilidades de los empleados públicos, impuesto la declaración de conflictos de intereses, entre otros. Se trata de reformas que recién han empezado y que deberían ser complementadas por el próximo Congreso.

En otro ámbito, es inevitable que los diferentes intereses empresariales no tengan canales de expresión directa. Para esto, son imprescindibles gremios sólidos que defiendan principios y orientaciones de política generales, no intereses particulares. Hasta no hace mucho, los gremios empresariales solían ser precarios y dependientes de aportes de grandes empresas. Esto ha cambiado en los últimos años, y otra novedad importante es que en algunos gremios y asociaciones los cargos de dirección están en manos de profesionales, no de grandes empresarios. Eso facilita la distancia entre la lógica del gremio y la de intereses particulares. La actuación de Elena Conterno, presidenta de IPAE, y de María Isabel León, presidenta de la Confiep, en CADE se facilita por la mayor autonomía con la que cuentan. Es una dirección que debería extenderse y profundizarse.

Otra iniciativa, que lamentablemente no tiene mayor tradición en nuestro país, es la búsqueda de incidencia a través de centros de investigación o ‘think tanks’. Para esto, la élite empresarial debería valorar más las ciencias sociales y la investigación, cediendo a la pura ideología. Y desde el mundo universitario debemos defender y promover más el pluralismo académico y la independencia frente al mundo de la política inmediata