(Editorial) El sentido
 de la urgencia

Nuestro flamante primer ministro tuvo el tino de anunciar, ni bien tomó el cargo, que haría de la inseguridad ciudadana que hoy jaquea el día a día de los peruanos su prioridad número uno. Para lograr eso, sin embargo, tendrá que hacer pronto más cambios ministeriales que aquel con el que llegó al puesto.

No vemos, más concretamente, cómo podría devolvernos la seguridad si mantiene bajo su presente dirección a los que son los dos ministerios más relacionados con el tema: el del Interior y el de Justicia (del que dependen los penales).

En efecto, estamos en el mes 11 del año y ambos ministerios han ejecutado solo un cuarto de sus presupuestos de inversión.

Si usted pensase que estas demoras podrían estar justificadas en que no haya gastos de inversión urgentes directamente relacionados con la lucha contra la delincuencia, estaría en un error. No podría haber más de este tipo de gastos.

Por ejemplo, en el caso de las comisarías, que son los brazos y piernas de cualquier tipo de estrategia contra la delincuencia, esto es clamoroso. Según el INEI, por solo citar tres casos, el 40,7% de ellas no posee una computadora propia que esté operativa, el 45,5% no tiene acceso a Requisitorias Policiales y el 87,8% no tiene acceso al Sistema de Denuncias Policiales.

Otro ejemplo es la situación de las cárceles, que, como se sabe, son uno de los principales centros de operaciones de nuestra delincuencia organizada y tampoco podrían estar más requeridas de inversiones urgentes. Baste con decir que, a la fecha, solo una de ellas cuenta con bloqueadores de celulares. Así las cosas, se equivocaría el primer ministro si pensase tomarse con calma los próximos relevos. Al menos en los casos tratados, los cambios son tan urgentes como lo son para nuestra seguridad todas las inversiones que, pese a tener el presupuesto, ninguna de estas dos entidades está pudiendo realizar.

UNA POR OTRA Esta semana los jueces realizaron un plantón en las escaleras del Palacio de Justicia reclamando un incremento del presupuesto del Poder Judicial (PJ). Concretamente, conforme al presidente de la Corte Superior de Lima, el PJ requeriría un presupuesto de S/.3.500 millones anuales, frente a los S/.1.400 millones de hoy.

Considerando la situación de nuestro PJ y su naturaleza de institución clave para poder dar el salto del crecimiento al desarrollo, todo lo que sea invertir más en él podría sonar bien a primera impresión. El asunto, sin embargo, se complica cuando uno recuerda que ya entre el 2007 y el 2011 el presupuesto del PJ prácticamente se duplicó, sin lograrse por ello ninguna mejora significativa en su atención y confiabilidad.

Ciertamente, da pie para decir esto último, el que en el mencionado período el Perú cayese del puesto 95 al 115 (de 185 países) en la categoría “capacidad para hacer cumplir los contratos” del Doing Business (que está referida a los tiempos y costos de los procesos judiciales). Y apunta en la misma dirección el que la última edición del Índice Global de Competitividad nos colocase en el puesto 109 de 148 países en la categoría de “Independencia del PJ”. Así como que, en fin, en la Encuesta Nacional de Percepciones de Corrupción de Ipsos del 2012 el PJ fuese percibido como la institución más corrupta del país.

Entonces, antes de ceder y aprobar alguna nueva mejora en el presupuesto del PJ, acaso convenga recordar que no es lo mismo tirarle dinero a un problema que invertir en él. Lo segundo requiere de un plan claramente trazado y de la posibilidad de medir resultados de forma concreta y constante durante su ejecución. Y eso es lo que los representantes del PJ –que poseen autonomía para cualquier eventual reforma– tendrían que presentar para que sus exigencias comiencen a sonar, a la ciudadanía que las paga, como una apuesta que vale la pena hacer.