(Editorial) Mal remedio

Es difícil cuestionar que la capacidad para adquirir o no un medicamento pueda ser cuestión de vida o muerte. Es, asimismo, indudable que en el Perú muchas personas no cuentan con un seguro de salud y, por ende, tienen que enfrentar el costo completo de la medicina que necesitan tomar. Por esto, es indiscutible que el Estado debería buscar las mejores medidas para lograr que se reduzcan lo más posible los precios de las medicinas.

Lamentablemente, algunos legisladores reaccionan ante este problema recurriendo a mecanismos probadamente ineficientes para resolverlo y que, incluso, podrían llegar a empeorarlo. Este, por ejemplo, es el caso del congresista Héctor Becerril, que el jueves pasado presentó un proyecto de ley para que se cree una entidad estatal que establezca el precio de los medicamentos.

Hay algo que pierde de vista el congresista: cuando la competencia entre ofertantes es posible (como en el mercado de medicamentos), estos tienen incentivos para reducir sus precios hasta el punto más bajo que les permita cubrir sus costos y obtener una rentabilidad que justifique su inversión. El motivo es que, si un competidor no lo hace, lo hará su competencia y le quitará sus clientes.

Por eso, en un escenario donde la competencia es posible, si el Estado fuerza a los vendedores a bajar más los precios de sus remedios, es esperable que a algunos de ellos ya no les sea rentable seguir produciéndolos y terminará sucediendo lo que anuncia cualquier manual introductorio de economía: se generará escasez. Habrá consumidores dispuestos a comprar, pero faltarán productores dispuestos a vender. Así, mediante el control de precios, un Estado con intenciones de ayudar a sus ciudadanos, terminará perjudicándolos.

Alguien, sin embargo, podría pensar que eso no sucede en el mercado de los medicamentos porque hay una diferencia tremenda entre los precios de los medicamentos de marca y los genéricos. Pero la explicación por la que esto ocurre es sencilla. Estas dos categorías de productos son distintas pues unos ofrecen algo que los otros no: la garantía que da la marca de que se trata de un producto de calidad. Eso explica el precio distinto.

El congresista, por otro lado, se confunde cuando justifica su idea basándose en que hay algunas industrias en las que el Estado regula las tarifas, como la del agua potable. El congresista, equivocadamente, cree que eso se hace porque se trata de un bien importante (si fuese así, regularíamos también el precio del pan, de la carne o del pollo). No se da cuenta de que la razón por la que ahí sí existe un control es que no es posible que ingresen nuevas empresas que le hagan competencia al monopolista. Y como no existe la presión competitiva, este no tiene razones para bajar sus precios lo más posible. Por eso, lo que intenta hacer un regulador es establecer la tarifa que surgiría de existir competencia.

Afortunadamente, sí existen medidas que ayudarían a bajar los precios de estos productos sin crear un riesgo de generar escasez (como lo haría la propuesta del señor Becerril). Estas consisten en reducir los costos legales en que incurren quienes participan en la cadena de comercialización de medicamentos para que se produzcan ahorros que puedan ser trasladados a los consumidores y para que pueda ingresar más competencia.

Por ejemplo, deberían reducirse todas las barreras burocráticas que existen para la importación de medicinas y eliminar cualquier certificación innecesaria que restrinja el ingreso de nuevos competidores que traigan productos a precios más baratos. Además, en el caso de las compras estatales, se debería eliminar la norma que permite que los productores nacionales reciban una bonificación solo por ser peruanos, para que los extranjeros tengan mayores incentivos para ingresar a nuestro mercado ofreciendo mejores términos. Asimismo, por supuesto, habría que trabajar en reducir los sobrecostos laborales y tributarios que encarecen la operación de toda empresa en nuestro país. Finalmente, habría que perseguir –si se detectase su existencia– cualquier concertación de precios entre los vendedores que restrinja la competencia, tal como señala la ley.

La propuesta del congresista Becerril, sin embargo, no hace nada de esto. Solo propone un remedio que es peor que la enfermedad.