Declaratoria de guerra

El nombramiento de Guido Bellido, investigado por apología del terrorismo, como primer ministro demostraría que el gobierno del presidente Pedro Castillo no busca el consenso, sino la guerra. Y que Cerrón manda. La mayoría democrática en el Congreso tendrá que unirse en un comando para desarrollar una estrategia coordinada e inteligente para manejar esta amenaza.

El propio mensaje presidencial del 28 fue dado en clave bolivariana, comenzando por el liqui liqui venezolano, el uniforme de gala de los presidentes del ALBA.

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Desplegó, por supuesto, el concepto madre: la asamblea constituyente, instrumento de los presidentes bolivarianos para hacerse del poder absoluto y de la reelección, disolviendo congresos, renombrando jueces supremos, tribunos constitucionales y otras autoridades. Insistió en ella pese a que la mayor parte de los peruanos no la quieren. Es que para el presidente, la Constitución vigente solo beneficia “a las grandes corporaciones, para que puedan llevarse nuestra riqueza a raudales”, pese a que fue esa Constitución la que hizo posible reducir la pobreza en el Perú como ninguna antes.

Prometió, eso sí, convocarla a través de un proyecto de ley enviado al Congreso, aunque una digresión acerca de un “referéndum constitucional” dejó abierta la otra vía.

Comenzó a trabajar además el segundo instrumento fundamental del poder bolivariano: poner las Fuerzas Armadas al servicio del proyecto político dictatorial, ofreciéndoles importantes obras y proyectos de desarrollo, la manera más eficaz de comprar lealtades.

No faltaron los clásicos instrumentos de control social cubano-venezolanos: la expansión de las rondas a las ciudades, con presupuesto y apoyo logístico y encargadas incluso de fiscalizar a las autoridades. Es decir, círculos bolivarianos o comités de la revolución en potencia, encargados del soplonaje. Y el pueblo organizado combatiendo la pandemia, más conscripción militar obligatoria de los jóvenes que no estudian ni trabajan, transformables luego en soldados de la revolución. Y expulsión de los venezolanos delincuentes.

Por supuesto, no podía faltar la fórmula clásica del modelo económico del socialismo del siglo XXI: “recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras”. Aunque, aseguró, no habrá expropiaciones, sino más impuestos solo para contradecirse unas frases más adelante al anunciar que “se promoverá la participación del Estado como socio o ejecutor mayoritario”.

Hubo populismo chavista típico: el enemigo son las grandes empresas que estafan al fisco e incluso grandes empresarios que deberían estar en la cárcel.

Y nada más refractario al ADN bolivariano que los TLC. Por eso anunció su revisión y “mejora desde los intereses del país”.

Las fuerzas democráticas dentro y fuera del Parlamento tendrán que organizarse.

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