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Hemos entrado al tramo final del gobierno del presidente Ollanta Humala y todo apunta a que el tema de la escandalosa huida de su ex asesor de campaña Martín Belaunde Lossio tomará por asalto la agenda nacional hasta el próximo año.
La congresista Marisol Pérez Tello, presidenta del grupo parlamentario que investiga los negocios de Belaunde Lossio con el Estado, es consciente de que este asunto será uno de los principales temas de la campaña presidencial, por lo que ayer afirmó que “es necesario que el país entre en paz”.
¿Pero, cómo puede lograrse esta paz si las suspicacias en torno al caso se incrementan? ¿Cómo alcanzar la calma si el ministro del Interior utiliza el Twitter como campo de batalla para atacar a los opositores al régimen?
Al iniciarse el proceso de extradición al prófugo, el caso se mantendrá vigente por un buen tiempo y los temas importantes siempre vendrán con un tufillo de denuncia.
En lo que resta del gobierno, será cada vez más difícil alcanzar consensos para lograr las reformas que se requieren, si el manto de desconfianza está instalado en la clase política.
Por ejemplo, se requieren dos legislaturas (es decir, solo este año) para aprobar las reformas constitucionales que impliquen cambios en la normativa electoral.
La polarización que genera el Caso Belaunde Lossio y las consiguientes suspicacias harán difícil alcanzar los consensos necesarios.
Eso no es todo: el Parlamento tiene pendiente la elección del defensor del Pueblo, que también requiere una mayoría calificada.
A esto hay que sumar las comisiones investigadoras que vienen abordando este tema, no solo la que preside Marisol Pérez Tello, sino además el grupo encargado de indagar por las irregularidades ocurridas en la región Áncash, en la que Belaunde Lossio habría tenido una importancia gravitante, pues es precisamente por este tema que actualmente la justicia peruana lo requiere.
Y lo que sería realmente lamentable es que el Caso Belaunde Lossio llegue a afectar las relaciones bilaterales con Bolivia, o que este asunto escale a conflicto diplomático. Ese no es el punto.
Por el bien del país –y más allá de cualquier cálculo político de la oposición–, este engorroso tema debe quedar circunscrito al ámbito judicial. No podemos entrampar la agenda por las andanzas de este personaje.
Tarde o temprano, toda la verdad saldrá a la luz y las investigaciones seguirán su curso.
Si hay alguna responsabilidad en este caso, que implique a las actuales autoridades del gobierno, esto deberá seguir los cauces de la justicia.
El debate político será inevitable y las imputaciones que se darán en el fragor de la campaña electoral no deben empañar en lo absoluto la necesaria agenda de reformas sociales y económicas.
El actual régimen no puede echar más leña al fuego y abrir más frentes. El país requiere avanzar, más allá de la contienda política. Se requiere más fondo y menos tuits.
