Sería terrible que nos acostumbremos a la muerte, que la pérdida de una vida no nos escandalice y que la violencia no nos indigne. Pero, lamentablemente, esa es la realidad. Pareciera que hemos aprendido a convivir con la muerte, como si fuera la consecuencia lógica de esa barbarie que se ha instalado en el Perú bajo el eufemismo de “conflicto social”.
El sábado, el brigadier PNP Alberto Vásquez Durand murió luego de ser salvajemente agredido por los opositores a Tía María (por llamarlos de alguna manera). Lo golpearon tan fuerte que su masa encefálica quedó expuesta. Tuvo una penosa agonía, pero finalmente no resistió y se fue. Se cansó de luchar.
El presidente Ollanta Humala envió una condolencia vía Twitter, y emitió esa sentencia a la que muchas autoridades ya nos tienen acostumbrados: “Que su muerte no quede impune”.
Quiero extender mis condolencias a la familia del valeroso brigadier PNP Alberto Vásquez Durán. Su muerte no quedará impune.— Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) Mayo 10, 2015
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, calificó de “protesta criminal” los sucesos de Tía María y llamó delincuentes a quienes promueven estos desmanes, pero insistió en que se debe dialogar. La pregunta ante estas afirmaciones –aparentemente contradictorias– se cae de madura: ¿Dialogar con criminales, señor ministro? ¿Puede hablar con personas que infringen descaradamente la ley? ¿Son interlocutores válidos aquellos que negocian “lentejas” estando de por medio vidas humanas?
En los últimos días, se ha dicho mucho y se ha hecho poco: que si se debe instalar el estado de emergencia en Islay, que si es correcta la presencia del Ejército en la zona, que si la militarización traerá más violencia, que si hace rato se perdió el principio de autoridad, etc. Pero, más allá de diagnósticos y análisis, considero que además nos debemos preguntar: ¿Se está cumpliendo la ley en nuestro país?
Las normas existentes prohíben bloquear carreteras y establecen penas de cárcel efectiva a quienes lo hacen. La prisión también está prevista para quienes atacan con extrema violencia a los policías y les causan daños. ¿Hay alguna persona detenida por el asesinato del brigadier Vásquez Durand? Y si queremos hacer historia, ¿alguien afrontó a la justicia por la masacre y desaparición del mayor Bazán en la Curva del Diablo en Bagua (2009)?
Así estamos. Mientras nos enteramos de que el cabecilla de la protesta Pepe Julio Gutiérrez negocia millones de dólares para levantar el paro, perdemos vidas, se afecta el libre tránsito y la propiedad privada.
Desgraciadamente, parece que este no es solo un problema de autoridades, de Estado de derecho y liderazgo político, esto también es un problema de indiferencia social generalizada, donde puede resultar un escándalo mediático el abandono de un grupo de perros en La Victoria o el sacrificio de un caballo en La Parada y no la muerte de un policía a manos de delincuentes que actúan bajo el manto de la impunidad llamada “protesta social”.
¿Hasta cuándo? Lamentablemente, parece que no hay indicios de una clara respuesta. La muerte de Alberto Vásquez Durand no debe ser una estadística más. Reaccionemos.
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