Odebrecht demanda al Perú: ¿puede esto afectar al acuerdo de colaboración?

La constructora Odebrecht presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La firma brasileña exige, en su solicitud de arbitraje, una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio, luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) finalizara en 2017 la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que integraba junto a la española Enagás y a Graña y Montero.

Para el exprocurador Yván Montoya, esta demanda lo primero que “va a afectar” es el proceso de negociación entre la constructora y el Ministerio Público, en el cual la primera estaba, hace un par de semanas, dispuesta a declararse culpable, por escrito, de actos de corrupción en la licitación del Gasoducto Sur Peruano.

“Este proceso está en fase crítica y, probablemente, a punto de caerse. Y eso implicaría que los fiscales [del equipo especial Lava Jato] tengan que incorporar a la empresa y a los colaboradores individuales, empezando por Jorge Barata, dentro de la investigación de manera plena”, manifestó en comunicación con El Comercio.

La ex primera dama Nadine Heredia así como cuatro exministros del gobierno de Ollanta Humala están siendo investigados por la buena pro del gasoducto por la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato.

Montoya advirtió que si Odebrecht y Barata son incluidos en esta pesquisa, se debe establecer si están o no dispuestos a continuar colaborando con las otras investigaciones.

“[El equipo especial] va a intentar mantener la relación por cuerdas separadas. ¿Qué significa esto? Que Odebrecht y sus ex ejecutivos continúen colaborando, que el flujo de la información no se interrumpa, que no exista entrampamiento o que no entreguen pequeñeces. También que se presenten a los juicios, cuando estos comiencen. Mientras haya esa voluntad y se concrete, se podrá mantener en cuerdas separadas, lo cual me parece difícil”, refirió.

El abogado penalista dijo que la demanda de Odebrecht ante el Ciadi constituye “una amenaza directa” a la investigación sobre el Gasoducto Sur Peruano y “una amenaza indirecta” respecto al acuerdo de colaboración eficaz ya homologado en el Poder Judicial.

Una cláusula de protección

Montoya consideró que dentro del acuerdo de colaboración eficaz, el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc pudieron haber incluido, como parte de las negociaciones, una cláusula, en la cual Odebrecht se comprometiera a no demandar al Estado Peruano ante tribunales internacionales.

“Es probable que haya sido materia de negociación y que haya sido rechazado rotundamente, cosa que ya me hubiera dado algunos suspicacias, deberíamos saber si se negoció o no”, subrayó.

El exprocurador César Azabache sostuvo que la Procuraduría Ad Hoc no logró cumplir, durante la negociación con la firma brasileña, tres aspectos fundamentales: aumentar el monto de la reparación civil por los cerca de S/10 millones que Odebrecht insertó en la sistema político durante elección; garantizar el pago de la reparación civil fijada en el acuerdo con los fondos de Chaglla y, por último, la renuncia unilateral de la firma brasileña a demandar al Perú.

“Evidentemente, si el Estado hubiera obtenido una renuncia de este tipo hasta diciembre del año pasado, esto [la demanda en Ciadi] no habría ocurrido”, subrayó a este Diario.

Azabache dijo esperar que el pedido de arbitraje de la constructora brasileña no afecte “de ninguna manera el acuerdo”. No obstante, opinó que esta demanda rompe el equilibrio, debido a que la empresa solicita una indemnización al Perú por US$1.200 millones, mientras la reparación civil fijada a favor del Estado es de solo S/610 millones (y para ser pagada en 15 años).

“La alternativa es que la procuraduría solicite una audiencia ante la jueza que aprobó el acuerdo para que denuncie que ni en las negociaciones ni en las audiencias, Odebrecht reveló que tenía en cartera la preparación de una demanda por este monto. Si el equilibrio no se recuperar con una declaración de Odebrecht que inhabilite la demanda, tendrá que recuperarse ante la jueza que aprobó el acuerdo”, remarcó.

En ese sentido, el exabogado del Estado señaló que la jueza María Álvarez Camacho puede revisar los montos, plazos y garantías de la reparación civil que debe abonar la firma brasileña.

El abogado penalista Héctor Rojas afirmó que no cree que la demanda de Odebrecht ante Ciadi vaya a afectar al acuerdo de colaboración eficaz, porque este no incluye al Gasoducto Sur Peruano. Agregó que la constructora fue “renuente” a reconocer pagos ilícitos en esta licitación, durante el tiempo de negociación del convenio.

En comunicación con El Comercio, Rojas indicó que sí es posible que se mantenga en “cuerdas separadas” la demanda y el acuerdo de colaboración para otras investigaciones.

“Yo creo que Odebrecht tiene un particular interés en blindar su colaboración. No es que tengan una predisposición de ayudar, pero sí están calculando qué dan y qué no, seguro se sentarán a negociar”, acotó.