El titular del Minjus aseguró que su sector emitió una opinión de carácter técnico y no político. (Foto: Andina)
El titular del Minjus aseguró que su sector emitió una opinión de carácter técnico y no político. (Foto: Andina)
Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , aseguró que su sector emitió una opinión de carácter técnico y no político sobre la ley que limita alcances de delitos de lesa humanidad que aprobó el .

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“En efecto, el Ministerio de Justicia, a través de los órganos técnicos, ha emitido una opinión técnica […] Es una opinión que no tiene carácter político”, dijo Arana desde Trujillo, donde inspeccionó la construcción de la segunda unidad de flagrancia ubicada en la urbanización Los Granados.

“Yo le pido a la ciudadanía y a la población que no se politice un tema que es de carácter técnico. Y tengan por seguro que desde el Gobierno vamos a dar las señales en beneficio y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país”, agregó.

En cuanto a las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exhortó al Estado peruano a no aprobar la referida norma, Arana dijo que esto evidencia por parte del tribunal internacional un desconocimiento del sistema judicial peruano.

“De hecho, al invadir nuestra soberanía, lo que ha dicho la señora presidenta y ha expresado el presidente del Congreso es que esto no puede ser aplicable en una república. Nosotros no somos un país bananero. Esta es una república en la que el sistema de justicia funciona, remarcó.

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Congreso aprueba ley que limita alcances de delitos de lesa humanidad

A inicios de julio, el Congreso aprobó la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de 2002. Esta decisión de dio a pesar del rechazo institucional del Ministerio Público y una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra dicho texto.

Como se sabe, la iniciativa señala que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002.

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