“Los Temerarios del Crimen”: cinco claves de la denuncia a Velásquez, Palma y Alarcón

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló una denuncia constitucional en contra del exparlamentario Javier Velásquez Quesquén; Marvin Palma, integrante de la Comisión Permanente; y el excontralor Edgar Alarcón, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, respectivamente. Esto por sus aparentes nexos con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

A continuación los puntos más resaltantes de la acusación, a la que accedió El Comercio:

1. Alarcón y más de S/475 mil de origen desconocido

La Fiscalía de la Nación, citando el Informe Pericial Contable Financiero N°19-2019, determinó que el excontralor Edgar Alarcón, actual candidato de UPP al Congreso, tuvo ingresos por S/475,644, calificados como de “origen desconocido”, entre junio de 2016 y julio de 2017, precisamente el tiempo que estuvo al frente de la Contraloría.

De acuerdo a la acusación constitucional formulada por Ávalos contra Alarcón, este habría recibido S/30.000 en agosto de 2016 de parte del entonces alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel (presunto cabecilla de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”), para que levante la suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la municipalidad norteña.

Las cuentas bancarias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se encontraban con una medida de suspensión temporal de operaciones, debido a una decisión del propio Alarcón, que se sustentó en un informe elaborado por el órgano de control institucional (OCI) de la mencionada entidad edilicia, el “cual determinó diversas irregularidades administrativas en la ejecución del presupuesto institucional”.

El Ministerio Público también toma en cuenta la declaración ofrecida por Willy Serrado, exalcalde de Olmos, quien refirió que el mismo Cornejo Chinguel le mostró “unos fajos de billetes” que estaban destinados a Alarcón.

Al excontralor se le imputa el presunto delito de cohecho pasivo.

2. La presunta influencia de Velásquez Quesquén y Palma

Ávalos también indica que Velásquez Quesquén y Palma, este último integrante de la Comisión Permanente, “en su condición de altos funcionarios” habrían ejercido “influencias reales” sobre el excontralor Alarcón para que levante la medida de suspensión temporal de operaciones que pesaba sobre las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Alarcón declaró, en julio de este año, que la reunión que tuvo el 9 de agosto de 2016 con Cornejo Chinguel y otros funcionarios de la municipalidad norteña fue solicitada por Velásquez Quesquén y Palma, quienes también estuvieron presentes en la cita.

3. La solución en solo dos días

El Ministerio Público ha podido verificar que una vez concluida esta reunión, se procedió de manera “casi inmediata (dos días calendarios)” con el levantamiento de la medida impuesta contra las cuentas bancarias de la comuna chiclayana. Esta suspensión solamente duró un total de nueve días calendarios, “sin que previamente se proceda a levantar la totalidad de las observaciones efectuadas” por la OCI.

Este órgano alertó ocho presunta irregularidades en las obras de infraestructura, saneamiento y adquisición de alimentos por parte de la municipalidad.

Solo se acreditó que una comisión iba a realizar una labor de fiscalización posterior.

“Este hecho resulta irregular si se compara con la duración de medidas semejantes que se dispusieron en contra de otras entidades pública”, subraya Ávalos.

Alarcón fue quien informó, a través del Oficio N°00097-2016-CG/GCREN, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la acreditación de la comisión auditora.

4. Obras a cambio del favor ante contralor

Velásquez Quesquén y Palma ofrecieron a Cornejo Chinguel interceder a su favor ante la contraloría a cambio de una contraprestación o ventaja, de acuerdo a la hipótesis que maneja la Fiscalía de la Nación.

Serrato declaró que Cornejo debía pagarle a los mencionados congresistas “con obras por haber ayudado a levantar la suspensión de las cuentas”.

Ávalos precisa que si bien los parlamentarios tienen, entre sus funciones, representar (realizar gestiones ante los diversos estamentos de la administración pública), en el presente caso “se trataba de una gestión impropia en tanto se había ‘bloqueado’ las cuentas como consecuencia de malos manejos del presupuesto” de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Por ello, formuló denuncia constitucional contra Velásquez y Palma por el presunto delito de tráfico de influencias. Esta acusación deberá ser evaluada por el próximo Congreso, porque ambos cuentan con el derecho a antejuicio político.

Contra Alarcón también interpuso denuncia constitucional por el presunto delito de cohecho. El excontralor también cuenta con antejuicio político.

5. La defensa de los implicados

Velásquez Quesquén afirmó, por medio de su cuenta de Twitter, que “no se puede criminalizar la función de representación congresal”.

“La fiscalía me denuncia por participar en una reunión pública en la contraloría con congresistas, el exalcalde de Chiclayo y sus funcionarios para solucionar el desbloqueo de las cuentas de la Municipalidad de Chiclayo, en estricto cumplimiento del mandato que me dio el pueblo lambayecano”, refirió.

“En el próximo Congreso demostrare que es una nueva patraña urdida para desprestigiar a los adversarios del gobierno”, agregó.

En tanto, Marvin Palma manifestó a El Comercio que “la denuncia no tiene ni pies ni cabeza” porque –señaló– ningún testigo de la fiscalía menciona que él haya realizado acuerdos ilícitos.

“Voy a colaborar con las investigaciones, pero me parece un exceso la denuncia”, dijo.

En comunicación con este Diario, Alarcón dijo que “la fiscalía no ha considerado la declaración de [Cornejo] Chinguel en la que dice que nunca me dio la plata”.

Añadió que la reunión que sostuvo con el exalcalde y los integrantes del Congreso disuelto “fue protocolar” y no hubo acuerdos ilícitos.

El dato

En diciembre de 2018, la Policía Nacional, en trabajo conjunto con la Fiscalía Especializada en delitos de Crimen Organizado, capturó al entonces alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, por ser el presunto líder de la organización criminal "Los temerarios del crimen", y otros 14 implicados, entre regidores, funcionarios y ex funcionarios municipales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los capturados conformarían, desde el 2015, una organización criminal instalada en el interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dedicada a actos de corrupción y extorsión a empresas de transporte. Para lograr sus objetivos, Cornejo Chinguel habría colocado a personas en puestos estratégicos dentro de la comuna.