Karelim López denunció presiones de un emisario de Torres: ¿Cuáles son las consecuencias legales? | Análisis

Tal como lo informó El Comercio, un informe elaborado por la fiscal Luz Taquire, López señaló que el documento que habría sido entregado por un emisario del gobierno, le indicaban que “debía denunciar a la fiscal de lavado de activos, en referencia a la doctora Luz Taquire Reynoso, conjuntamente con el doctor Rafael Vela, quienes habrían sido responsables de la filtración de su declaración porque habían puesto en peligro su vida”.

El exprocurador Antonio Maldonado, advirtió que de ser cierta la versión de la empresaria, se podría indicar que en el gobierno de Pedro Castillo habría una estructura paralela que apuntan a la impunidad. Mientras que penalistas Andy Carrión y Carlos Caro, advirtieron que la identificación del emisario podría conducir en su momento a Torres Vásquez.

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Habría una estructura paralela

Maldonado, calificó de “graves” las revelaciones de López Arredondo y que, de ser verdad, solo arrojaría más sombras sobre la conducta de gobierno del presidente Pedro Castillo.

El exfuncionario aseguró que, sobre el actuar del actual Gobierno, se puede señalar el caso del exprocurador general Daniel Soria, quien “casi casi fue defenestrado a pedido express del abogado del presidente” porque, ejerciendo a las funciones que tenía, denunció al presidente de la República.

“Si el supuesto de la afirmación de la señora López es verdad, sería muy grave, pues sería una gravísima interferencia del poder Ejecutivo del gobierno en las investigaciones realizadas por un órgano autónomo como lo es el Ministerio Público”, dijo.

Cabe recordar que el abogado de López Arredondo, César Nakazaki, también corroboró la afirmación de su patrocinada indicando que le pidieron retractarse de la colaboración, denunciar a fiscales y abandonar su asesoría legal.

Al respecto, Maldonado indicó que el pedido de retractación acompañado de una denuncia a dos fiscales a cargo de la investigación, podría traer implicancias políticas más serias de las que Castillo Terrones tiene en este momento por el caso de vacancia por traición a la patria. Por tanto, dijo, merece ser investigado por la fiscalía.

“Lo que tiene que hacer de manera inmediata el Ministerio Público es abrir una investigación por obstrucción de la justicia. tiene que iniciar esta investigación preliminar llamando de grado o fuerza al que trasladó la supuesta petición a López”, anotó.

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Además, consideró necesario que el documento que habría sido entregado a la denunciante, debe ser sometido a una pericia forense para determinar su procedencia.

Expresó que, el ofrecimiento a López Arredondo para que su investigación en el sistema de Lavado de Activos sea derivado a las Fiscalías Anticorrupción para ser archivado, “podría demostrar que se está utilizando estructuras paralelas dentro del Ministerio Público para direccionar la investigación hacia la impunidad”.

Con ello, afirmó, podríamos estar dentro de la tesis de la antropóloga norteamericana Sarah Chayes denominada ‘When Corruption Is the Operating System: The Case of Honduras’ que, aunque es sobre Honduras, podría aplicarse al Perú.

“Es decir, estamos ante estructuras clandestinas de poder, insertadas en el Estado Peruano en diferentes ámbitos, particularmente en este caso sería en el Ministerio Público, con una agenda contraria al Estado de derecho y que buscaría la impunidad. Sería gravísimo, sería el non plus ultra de la corrupción del Estado Peruano propiciada por este gobierno”, concluyó.

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Torres debe declarar

Para el especialista en derecho penal, Andy Carrión, estamos frente a una sindicación de López, que se tendrá que ir corroborando sobre dos puntos: si la carta es fidedigna o si hubo la comunicación, pues ella refiere que hubo una comunicación por parte de un intermediario.

“En el ámbito estricto de la información, como imputación, porque eso lo ha indicado la misma Karelim López; y entiendo que su abogado lo declaró de esa manera, creo que al menos como una sospecha inicial podría darse una investigación por obstrucción a la justicia”, afirmó.

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En esa línea, explicó que como inicio del caso se debe incluir como investigado al emisario que, supuestamente, ha sido identificado por López Arredondo y dejar abierta la línea investigación que podría abarcar al propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

“Yo creo que es lo primero que se debe de hacer, en caso se abra investigación en contra del intermediario, lo lógico sería que el señor Torres sea incluido entre los testigos que deban declarar a la fiscalía porque él tendría que dar cuenta si fue o no su intermediario”, sostuvo.

Torres Vásquez, a través de un mensaje en su red social Twitter aseveró que no conocía a López Arredondo y descartó haber enviado a un emisario para presionarla.

Al respecto, Carrión Zenteno, sostuvo que no estaríamos frente a dos versiones de parte (López y Torres), sino que habrían otros elementos más tangibles, pues existiría un documento que se le entregó a la colaboradora eficaz y a una persona que es identificable por la denunciante.

“Yo creo que estaríamos frente a una obstrucción a la justicia de todas maneras, pues creo que calzaría en la forma sistemática en que se habría actuado en este caso. Porque en este caso en específico se trataría de no dar un correcto desenvolvimiento de las investigaciones tratando de convencer a un testigo o amenazando, cayendo a un delito de coacción para imposibilitar la investigación correcta de parte de la fiscalía”, dijo.

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Podría haber tráfico de influencias

Carlos Caro, abogado especialista en materia penal, consideró que la versión de Karelim López cobrará mayor fuerza si ella puede identificar a la persona que le entregó el documento con las peticiones denunciadas.

No obstante, sostuvo que de ser cierta dicha versión, se podría configurar un supuesto de obstrucción a la justicia.

“A parte del delito de amenaza que tiene una pena menor de dos años de cárcel, estaríamos frente a un delito de obstrucción de la justicia porque está tratándose de afectar un proceso legal con el encubrimiento de las pruebas”, señaló.

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Sobre el requerimiento para que denuncie a los fiscales, Caro consideró que también podría analizarse el delito de inducción o instigación a la denuncia calumniosa, tipificado en el 402 del Código Penal.

Otro aspecto analizado por el penalista fue el ofrecimiento que se le habría realizado a la colaboradora eficaz para el traslado de su caso a otra fiscalía y el archivamiento de los mismos a cambio de que se retracte y presente la denuncia contra los fiscales.

“Que le digan que el caso pase al sistema anticorrupción y que allí se archivará, es una suerte de tráfico de influencias, porque le están diciendo que ellos pueden determinar lo que los fiscales puedan decidir en ese proceso”, explicó.

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Con todo ello, dijo, si las actuaciones son vistas de manera global, “ello confirmaría que estamos frente a una organización criminal que estaría presionando para que la colaboradora eficaz cese de entregar información” o evite ser colaboradora eficaz y para ello están recurriendo a las amenazas.

Finalmente, reiteró que lo dicho por López Arredondo cobrará vida en la medida que sindique al intermediario y diga ‘la persona X me lo entregó’. Esto, debido a que, según su experiencia, estos casos exigen que se pueda identificar al autor del documento, porque si no el caso queda en el aire. Por ello, agregó, es importante que la colaboradora eficaz precise ante el fiscal quién es la persona que le ha entregado la información.

“Ello implica que a Karelim López le deben dar medidas de protección más fuerte, porque si ella identifica a la persona, entonces no estamos hablando de un tema menor. Y si ya tiene protección, debería ser una protección reforzada de 24 horas”, concluyó.

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