El equipo especial de la fiscalía sustentó el martes pasado su pedido de prisión preventiva de 36 meses para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. Se le atribuye ser parte de una red en el interior del Ministerio de Vivienda, presuntamente liderada por el mandatario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló los hechos atribuidos a Paredes y afirmó que hay un peligro de fuga y de obstaculización de la justicia.
“[Tenemos] como coordinadora a Lilia Paredes, como operador a José Medina [el alcalde de Anguía], como lobbista principal a Yenifer Paredes, y como testaferros a Hugo y Anggi Espino”, detalló el fiscal Jorge García sobre la supuesta red criminal. Lilia Paredes también es investigada en este caso, pero no se le requirió prisión preventiva. “La participación de Yenifer y Lilia Paredes sería de vital importancia para el éxito de los fines delictivos de la organización criminal. Sin ellas, no hubiese sido posible llegar a un buen puerto en sus finalidades”.
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Agregó que Yenifer Paredes “sería la encargada de contactar y coordinar con diferentes alcaldes, a fin de vender proyectos, asegurando que tendría éxito, ejecución y financiamiento, bajo la coordinación permanente de la coordinadora de esta organización: Lilia Paredes”.
Luego, habrían usado “empresas de fachada y testaferros para lograr asegurar los contratos y obtener las obras, con la activa participación de quien sería la lobbista, Yenifer Paredes, en coordinación y con financiamiento de los hermanos Lilia, David y Walter Paredes”.
El fiscal precisó que durante el allanamiento a la casa de Paredes hallaron 14 sellos de autoridades y un cuaderno donde figuran los nombres “Yenifer” y “Lilia”, junto a cifras de dinero.
La fiscalía también sostuvo que el pronóstico o prognosis de pena para Yenifer Paredes, si llega a ser declarada culpable de los delitos que se le imputan, es de al menos 23 años de prisión.
A Paredes se le atribuyen tres delitos. Por crimen organizado, el pronóstico es de entre 8 y 10 años con 4 meses; por colusión agravada, de 15 a 16 años con 8 meses; y por lavado de activos, de 8 a 10 años con 4 meses.
“Haciendo un concurso real, implica una sumatoria de penas [...]. En aplicación a la figura de la aplicación de la pena por tercios, en el presente caso correspondería aplicarse la pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad”, dijo el fiscal.
”Entrega fabricada”
Al discutir el peligro procesal –el factor clave en un pedido de prisión preventiva–, el fiscal alegó que hay riesgo de fuga de Yenifer Paredes al advertir que no tiene domicilio ni trabajo fijo, y no tiene carga familiar. Además, su parentesco con el presidente “hace previsible que podrían destinarse acciones para sustraerla de la justicia”.
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Luego se refirió a la “entrega fabricada” de Paredes. Según dijo, mediante acciones de inteligencia se identificó que la investigada llegó el 5 de agosto a Lima y estuvo en Palacio de Gobierno hasta el 9 de agosto. Ese día fueron a detenerla, pero no se permitió el ingreso inmediato a la residencia de Palacio de Gobierno. Cuando entraron, no la encontraron. “El poder que ostenta la organización criminal gesta toda una trama para poder evitar que la acción de la justicia pueda ejecutar una orden dispuesta por un juez”, expresó.
“Al día siguiente, la organización criminal construyó una bien elaborada trama para tratar de hacer una supuesta entrega”, dijo. “No es creíble que una persona buscada desde el día anterior, siendo una persona pública, [...] se entregue después de 24 horas”, agregó.
El fiscal también recordó la pérdida de imágenes en las cámaras de Palacio.
“Estas circunstancias son construidas por esta red criminal en el poder, que no hace más que politizar la investigación con actos de victimización”, expresó García.
Rechaza tesis fiscal
El abogado de Yenifer Paredes, José Dionisio, rechazó la hipótesis fiscal y aseguró que las evidencias presentadas no generan el nivel de sospecha requerido para dictar una medida como la prisión preventiva.
Afirmó que Paredes no tiene peligro de fuga u obstaculización. Calificó la llegada de la fiscalía a Palacio para detenerla como un “show mediático”, y destacó que su entrega más bien “rompe el peligro de fuga”.
Al final de la audiencia, el juez le dio la palabra a Paredes, quien afirmó que siempre ha estado a disposición de la justicia y nunca ha buscado obstaculizarla. “Siempre que me han llamado, de manera formal, he asistido a rendir mis declaraciones. Lo voy a seguir haciendo [...]. Quiero seguir con mi vida”, afirmó.
Indagan presunta “macroestructura”
El fiscal Jorge García precisó ayer que el Ministerio Público investiga una “organización criminal macro”, cuyo liderazgo es atribuido a Pedro Castillo y que tendría redes en distintos sectores.
“La hipótesis del Ministerio Público se funda en la existencia de una sola organización criminal, una organización criminal macro, enquistada en las más altas esferas del poder”.
El fiscal mostró el esquema de lo que llamó la “macroestructura”, con Castillo a la cabeza, y brazos o redes en el interior de los ministerios de Transportes, Vivienda y Defensa, así como en la Sunat y Petro-Perú.
“Tenemos una sola estructura criminal”, indicó el fiscal, quien luego precisó que se refieran a esta como la “red criminal en el poder”.
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