El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluará el próximo miércoles 5 de junio, a las 3:00 p.m., un recurso presentado por el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, detenido en la operación “Valkiria XI” el pasado 23 de abril.
El oficial de la Policía presentó una tutela de derechos alegando una presunta afectación del derecho a la defensa, legalidad procesal, igualdad de armas, vulneración al derecho al debido proceso y no dejar que participe en las diligencias programadas.
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Rodríguez Menacho fue detenido junto a otras siete personas por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), tras ser acusado de los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.
Como se recuerda, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la detención preliminar por 15 días dictada contra cuatro investigados intervenidos durante la Operación “Valkiria XI” y ordenó la excarcelación de otros dos.
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De este modo, Rodríguez Menacho, además de José Luis Castillo Alva, Miguel Girao Isidro y Jorge Luis Palomino Quesada permanecerán detenidos hasta que culminen las diligencias preliminares en ese plazo.
Asimismo, dicha sala aprobó revocar la medida restrictiva contra los investigados Mirtha Cristina Gonzales Yep y Abel Hurtado Espinoza, para quienes se dispuso la inmediata excarcelación. Ahora el Poder Judicial evalúa el pedido de la fiscalía para dictar 36 meses de prisión preventiva contra todos ellos.
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Según el Ministerio Público, la presunta organización criminal, liderada por Patricia Benavides, habría instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para intereses particulares y generar ganancias ilícitas producto de actividades corruptivas.
La red logró su consolidación, desplegando acciones para evitar ser procesada y sancionada, y así sostenerse en el máximo cargo de la titularidad de la acción penal, haciendo que sus ex asesores influyan ilícitamente en las decisiones de congresistas para que procuren promover la destitución de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación.
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Según la tesis fiscal, dicha organización también habría influido en la designación del defensor del Pueblo y habrían buscado la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para impedir su destitución.
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