Seis juezas entre 20 principales candidatas para plazas de supremos titulares

Unidad de Investigación

Desde el miércoles 15 de junio, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) comenzó las entrevistas a los 79 magistrados que pasaron a la etapa final del proceso por el que se definirá a quienes ocuparán las seis plazas de jueces supremos titulares que están bajo concurso público. Este lunes 27 culmina las entrevistas y también se publicará el cuadro de méritos.

Hasta antes de iniciarse la fase de entrevistas, seis juezas se ubicaron entre los 20 primeros magistrados con mayor puntaje. Hay menos de cinco puntos de diferencia entre el primer lugar y el puesto 20.

MIRA: Congresistas destacan elección de Liz Benavides como nueva fiscal de la Nación

Las magistradas son Emilia Bustamante Oyague (jueza superior de Lima, puesto 3), Silvia Ruedas Fernández (jueza superior de Cañete, puesto 8), Sonia Torre Muñoz (jueza superior de Tumbes, puesto 11), Cecilia Izaga Rodríguez (jueza superior de Piura, puesto 13), Susana Castañeda Otsu (jueza superior de Lima, puesto 19) y Jackeline Yalán Leal (jueza superior de Lima Norte, puesto 20).

Actualmente, en la Sala Plena de la Corte Suprema, el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial (PJ), hay cuatro juezas supremas titulares entre sus 10 miembros: Elvia Barrios, la primera mujer elegida como presidenta del PJ; Janet Tello, titular de la Primera Sala Penal Constitucional Transitoria, Mariem De La Rosa, jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), y Ana María Aranda.

A continuación, una breve reseña sobre las seis juezas que se ubican entre los 20 primeros lugares del proceso por plazas como magistradas supremas del Poder Judicial.

Emilia Bustamante Oyague (Lima)

Abogada y magíster en Investigación Jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante (España) y ya culminó el doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Docente universitaria y autora de una veintena de artículo académicos. Es juez superior en lo civil, con casi 20 años de experiencia. Además, ha sido secretaria de confianza en la Corte Suprema. Este año ha laborado como jueza suprema provisional.

Silvia Rueda Fernández (Cañete)

Abogada por la PUCP. Tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado en Derecho Constitucional, ambos grados por la Universidad San Martín de Porres. También tiene un diploma en Alta Dirección y Gestión para el Sector Justicia por el PAD de la Universidad de Piura. Ha sido jueza superior en la corte de Junín, donde ocupó varios cargos. Luego fue trasladada a la Corte Superior de Justicia de Cañete, donde fue presidenta. Actualmente es jueza suprema provisional en la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Antes integró otras salas supremas. Hace unos años tuvo una opinión interpretativa en el proceso entre el Ministerio de Educación y el colectivo Padres En Acción sobre el enfoque de igualdad de género.

Sonia Torre Muñoz (Tumbes)

Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con una maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad de Trujillo y un doctorado en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM. Es jueza superior. Actualmente es presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de la corte de Tumbes. También integró la Sala Penal Permanente como jueza provisional. Además, en enero del 2019 fue nombrada coordinadora del sistema de Crimen Organizado, la fusión del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Sala Penal Nacional. Antes estuvo en la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Cuando estaba en esta instancia fue recusada por pronunciarse a favor de la solicitud de Ollanta Humala y Nadine Heredia para retirar a los magistrados que confirmaron en segunda instancia la orden de 18 meses de prisión preventiva contra ellos. La fiscal Marita Barreto también cuestionó su voto a favor de la anulación de la detención preliminar al exjuez supremo Robinson Gonzales, relacionado al Caso Orellana.

Cecilia Izaga Rodríguez (Piura)

Magíster en Gestión del Talento Humano por la Universidad César Vallejo. Asimismo, es máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Piura y doctora en Derecho en Ciencia Política por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Se desempeña como presidente de la corte de Piura, donde es magistrada desde el 2009. Es la primera mujer que dirige el distrito judicial norteño desde su creación hace 147 años. Asumió el cargo ante la renuncia del juez superior Tulio Villacorta, investigado por el Caso Los Ilegales. Además, durante las elecciones generales del 2021 fue presidenta del Jurado Electoral Especial Piura 2.

Susana Castañeda Otsu (Lima)

Abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es magíster en Ciencias Penales por la UNMSM y doctora (dentro del programa de Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid (España). También se ha desempeñado como docente de la Academia de la Magistratura y de las universidades de San Marcos y PUCP. Actualmente es jueza suprema provisional de la Primera Sala Penal Transitoria. Ha dirimido en casos como el ‘Baguazo’. También dirimió en la casación que Keiko Fujimori presentó para reducir de 36 a 18 meses su prisión preventiva. Antes presidió la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y como coordinadora nacional del Subsistema Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios. Desde el 2003 ha visto casos de corrupción de funcionarios y ha emitido sentencias contra el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Caso CTS de los US$/15 millones a Vladimiro Montesinos.

Jackeline Yalán Leal (Lima Norte)

Tiene estudios concluidos de las maestrías en Derecho Civil por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y de Ciencias Penales de la UNMSM. Es jueza superior titular de la corte de Lima Norte, pero actualmente se desempeña como integrante de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Estuvo entre los magistrados de esta sala suprema que aprobó en parte la demanda de amparo que la Defensoría del Pueblo para que el Estado reconociera el derecho de Ana Estrada a una muerte en condiciones dignas.