La empresaria Sada Goray extendió su influencia- tras pagar, al menos S/4 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno castillista- en el Fondo MiVivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), la Sunarp, entre otras instituciones. A la par contó con el respaldo de personas de su confianza para materializar ciertas operaciones.
Uno de ellos sería el notario Francisco Villavicencio Cárdenas, quien en el 2016 fue elegido congresista bajo el símbolo de Fuerza Popular por el Callao con 25.169 votos preferenciales.
De acuerdo al testimonio que brindó el colaborador eficaz N°09-2023 el 18 de abril último ante el Ministerio Público, “todos” los movimientos de dinero y de propiedades hechos por Goray, investigada por cohecho y tráfico de influencias agravado, eran “por intermedio de la notaría Villavicencio”.
“El notario Francisco Villavicencio Cárdenas o un trabajador de la notaría llevaba documentos a la casa de Sada Goray, ubicada en la Av., Circunvalación Golf Los Incas, en Surco”, añadió.
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En la referida vivienda, el exparlamentario o un trabajador suyo recogían las firmas de la empresaria, y dos de sus familiares y de Ítalo Arbulú, representante de Marka Group, para concretar diferentes gestiones.
El colaborador eficaz también advirtió que Villavicencio era una “persona muy cercana” a Goray ,“realizaba cualquier pedido” que esta le hacía, “uno de ellos era la emisión de documentos con fechas pasadas”.
El notario, además, “fue uno de los asistentes” a la fiesta de cumpleaños de la ex gerente general de Marka Group que se realizó en noviembre del 2021.
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El Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder ha acreditado que Villavicencio legalizó la venta de una casa en San Isidro por US$1′200,000 a favor de los esposos Armando Alejandro La Rosa Huapaya (fallecido en la actualidad) y Sonia Nelly Gutiérrez Gamboa en marzo de 2022.
Este inmueble -ubicado en la cuadra 4 de la calle Los Manzanos, en la en la urbanización El Golf, de San Isidro- fue entregada por Goray al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado y al ex jefe del Gabinete de Asesores de esa cartera Salatiel Marrufo como parte del pago de un soborno, según declaró este último.
“Debo aclarar que esa casa era de propiedad de Geiner Alvarado López y mi persona, es decir el 50% cada uno”, expresó Marrufo en su testimonio, al cual tuvo acceso El Comercio.
La operación de venta de la casa fue inscrita por la Sunarp el 20 de abril último. Es decir, luego de un año y un mes de suscrita la escritura pública.
Para el Ministerio Público, este acto tendría como “única finalidad” evitar “una posterior incautación y decomiso” del inmueble.
Precisamente, el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró improcedente el requerimiento de incautación con allanamiento y descerraje hecho por el Ministerio Público en contra de cinco investigados y nueve testigos en la trama de sobornos de Goray. Uno de los testigos era Villavicencio.
Una conversación con ex juez Ríos
Esta no es la primera vez que el nombre de Francisco Villavicencio se ve envuelto en la polémica. En julio de 2018, el entonces congresista fujimorista reconoció, en una carta enviada a la Comisión de Ética Parlamentaria, que sostuvo una conversación con el detenido ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos.
En la grabación, Ríos, imputado como uno de los principales operadores de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, le pidió al notario interceder ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a favor de su esposa.
En el audio, registrado el 12 de abril de 2018, Ríos le pide a Villavicencio “hablar con el hombre”, en referencia a Salvador Heresi, quien fue titular de Justicia y Derechos Humanos en ese tiempo, para que mejore las condiciones laborares de su conyugue.
En su misiva, el notario refirió que la conversación con el ex juez superior no buscaba beneficiar a nadie “de manera irregular”. Añadió que su oficina “no ha tenido a bien efectuar gestión administrativa alguna”.
Según informó el programa “Cuarto Poder”, Villavicencio llamó en seis oportunidades a Ríos y recibió dos comunicaciones de parte de él.
La Comisión de Ética declaró, en setiembre de 2018, improcedente la denuncia contra el congresista fujimorista.
A inicios de junio de 2019, Villavicencio renunció a Fuerza Popular y se sumó a la bancada de Alianza por el Progreso, donde estuvo hasta la disolución de ese Parlamento cuatro meses después.
En los poco más de tres años que estuvo en el Parlamento, el abogado presentó, como autor y coautor, 211 proyectos de ley. De estos, solamente 18 fueron aprobados y promulgados en el diario oficial “El Peruano”. Una de estas iniciativas fue una norma que precisó el alcance de la formalización de los autos colectivos.
Otras polémicas
El colaborador eficaz N°09-2023 refirió que tiene conocimiento que el abogado fue investigado por haber “creado” empresas de papel en su notaría.
Esto en referencia a que en abril de 2017, el diario “La República” informó que Juan Pablo Granda, un ciudadano estadounidense sindicado por autoridades en Estados Unidos como el “Pablo Escobar del contrabando de oro”, constituyó, por intermedio de la notaría Villavicencio, 53 empresas de fachada en el Perú entre el 2013 y 2015.
Las empresas de fachada exportaron oro ilegal a EE.UU. y Emiratos Árabes Unidos por US$450 millones, calculó la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional.
Villavicencio, en una declaración brindada el 15 de febrero de 2016 ante la PNP, señaló que su notaría reportó a la UIF de la formación de estas empresas de papel.
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En diciembre de 2020, cuando el abogado ya estaba fuera del Congreso, su notaría se vio envuelta en otra delicada situación
La Policía Nacional detuvo a 13 integrantes de “Los Embajadores”, una presunta organización criminal investigada por captar ciudadanos procedentes de Huancayo (Junín) para ingresarlos ilegalmente a Estados Unidos,
La diligencia- coordinada por la Primera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada- también incluyó el allanamiento de cuatro notarías, una de ellas la de Villavicencio. ¿La razón? Se determinó que expidieron actas de autorización notarial para el viaje de menores de edad al extranjero, sustentada en poderes falsos que, presuntamente, eran otorgados por el cónsul de Perú en México.
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Villavicencio ha militado en dos partidos políticos. Primero en Perú Posible, entre marzo de 2007 y setiembre de 2015.
En el 2002 fue elegido como consejero regional en el Callao por la agrupación fundada por el expresidente Alejandro Toledo.
Y desde fines de diciembre de 2019, el notario es afiliado a Alianza para el Progreso (APP), partido del actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez, dijo que su partido tiene cerca de 400 mil militantes y que no conocen la situación de Villavicencio.
“Este señor no tiene ningún cargo en el partido, no toma decisiones, tampoco participa en las reuniones política ni con el presidente del partido”, manifestó a El Comercio.
Valdez refirió que, si alguno de los militantes de APP “rompe los principios” de su agrupación, ellos adoptarán medidas. “Mientras no haya información sobre un ilícito, nos queda respetar a la justicia y que se hagan las investigaciones que tengan que hacerse”, finalizó.
Este Diario intentó comunicarse con el notario, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.
El Comercio, además, intentó comunicarse con el decano del Colegio de Notarios del Callao y de Lima Provincias, Hubert Camacho Gálvez, a fin de conocer si Villavicencio ha tenido procesos disciplinarios dentro de la institución ante las investigaciones en las que se ha visto relacionado. Pero no respondió a nuestras llamadas.
Una representante del Colegio de Notarios del Callao y de Lima Provincias indicó a este Diario que cualquier pedido de información debía realizarse por escrito y a través de su mesa de partes.
El artículo 19 de la ley del Notariado (N° 26662) establece que son derechos del notario “la inamovilidad en el ejercicio de su función”.
El colaborador eficaz N°09-2023 dijo que Goray con el “fin de evitar cualquier problema con la justicia” en el Perú, “se gestionó una segunda nacionalidad en República Dominicana”. Agregó que hizo lo mismo para toda su familia, entre ellos sus hijos, su hermano Teisuke Goray, su madre Violeta Chong, su pareja sentimental Sebastián Salem y el abogado Ítalo Arbulú.