Pedro Castillo y Walter Ayala: Chats agravan caso de ascensos en FF.AA. y añaden nuevos posibles delitos | ANÁLISIS

Entres las conversaciones publicadas por este Diario está una del 12 de octubre, cuando el presidente llamó al general, quien no contestó. Vizcarra respondió con un mensaje, preguntando si podía devolverle la llamada. Una hora después, Castillo respondió: “¿Qué novedades, mi estimado general?”. El oficial contestó que estaban realizando el proceso de ascensos. “Fuerza, general, adelante”, escribió el mandatario. Poco después, Castillo le reenvió un mensaje: “Comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe”. Y agregó: “Para coronel”.

Adicionalmente, este lunes El Comercio publicó chats enviados al general Vizcarra por Youri Hurtado Llanos, edecán de Walter Ayala, a nombre del entonces ministro de Defensa. Allí le daba nombres de oficiales y personal subalterno para que sean considerados en los ascenso. Esto contradijo a Ayala, quien declaró en un programa periodístico que “esos chats no existen, yo no podría decir que ascienda alguien”.

Según los especialistas, lo revelado refuerza la hipótesis de la Fiscalía y suma a la posibilidad de que la investigación sea también por el delio de tráfico de influencias y brinda nuevos indicios a la Fiscal de la Nación para evaluar si incluye al propio presidente Pedro Castillo en las indagaciones. Hasta ahora, el mandatario es considerado solo como testigo.

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¿Posible inclusión del presidente?

Actualmente, la Fiscal de la Nación investiga al exministro de Defensa Walter Ayala, al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y a quienes resulten responsables por los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, en relación con “presuntas presiones que funcionarios del Poder Ejecutivo habrían ejercido sobre los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para influir en los ascensos militares”.

La abogada penalista Romy Chang declaró a El Comercio que, más que una nueva línea de investigación, los chats “generan la posible incorporación de otras personas, como es el caso del presidente Pedro Castillo, en los actos que ya viene siendo investigados”.

Chang recordó que el presidente ya ha sido citado por la Fiscal de la Nación para que declare este martes 14 de diciembre como testigo y que allí “él tendrá que dar las explicaciones sobre estos whatsapps, donde él, claramente, sí hace pedidos concretos, y además pide que se coordine todo esto con el señor Pacheco”

“Esto es un elemento que vincula al presidente de la República con los actos que indebidamente podría haber estado realizando el señor Pacheco. Yo creo que eso es algo que tiene que valorar la Fiscalía de la Nación y que va a quedar un poco más esclarecido luego de que el presidente dé su versión sobre los hechos también”, dijo.

La abogada añadió que lo más aconsejable, por razones de estrategia, sería que la Fiscal de la Nación decida si incluye al presidente en la investigación luego de que este dé su declaración testimonial. “Cuando es citado en calidad de testigo, como ocurre con el presidente Castillo, no tiene derecho a pedir copia de la carpeta, no tiene que ser informado de los actuados. Uno va como testigo a declarar de forma libre y espontánea”, explicó.

“Si ahorita cambia la condición a investigado, él va a decir que no quiere ir, que quiere todos los actuados, porque ya hay un tema de defensa. Por estrategia, convendría que la Fiscalía lo decida después. Además, habría que ver cuáles son sus descargos, qué es lo que dice (…) Pero creo que está bastante claro, de los WhatsApp que han salido, que él sí tenía conocimiento de lo que hacía Pacheco en varios aspectos”.

Para Romy Chang, los chats desvirtúan la presunción de que Bruno Pacheco habría actuado por su cuenta o abusando de la confianza del presidente. “Cobra fuerza la hipótesis de que el presidente sabía no solo sobre el tema de los ascensos o el tema de la Sunat, sino sobre todas las cosas en las que Pacheco podría estar involucrado”, opinó.

A estas alturas del caso, expresó la penalista, a la investigación podría sumarse otros delitos como tráfico de influencias y corrupción de funcionarios. “Estamos hablando de a título de qué se quiere beneficiar esta gente. ¿Gratis? Eso es difícil de creer. Además, por el dinero que se encontró”.

Sin embargo, recordó que la Fiscal de la Nación debe definir bien qué delitos se investigan antes de pedir que levante el antejuicio de los involucrados. “Si pide que se levante la inmunidad por dos delitos y luego se da cuenta de que había otros, tiene que presentar otro pedido, no se puede ampliar”, señaló.

Por otro lado, consideró que la Fiscalía sí debería evaluar la posibilidad de solicitar una medida como la prisión preventiva para Bruno Pacheco: “Todo esto, más el que no aporte el celular, que vaya a Palacio, que eventualmente se siga comunicando con el presidente, sí ameritaría que la Fiscalía piense si se va a quedar solo con una medida de impedimento de salida del país o va a pasar a un plan B, donde hay una restricción de la libertad para evitar una obstaculización de la investigación”.

Chang también considera que ha habido demoras en la investigación en el caso de las Fuerzas Armas, pero señaló que el eventual inicio de un proceso y una medida de impedimento de salida del país podrían ocurrir después de que el Congreso levante el antejuicio del exministro Walter Ayala. Para Pacheco, a pesar de que ya está prohibido de salir del país por otros dos casos, indicó que allí la Fiscal de la Nación sí podría pedir una detención preliminar u otro impedimento de salida del país.

Posible infracción a la Constitución

El exprocurador César Azabache indicó que los chats evidencian una “referencia expresa” de Pedro Castillo a una expectativa suya sobre un ascenso a coronel y a lo que representa Bruno Pacheco en lo referido a ascensos. “Esto conduce a lo que Pacheco dice luego, a continuación, en la reunión en la que no está el presidente”, declaró a El Comercio.

Esto refuerza el caso de patrocinio ilegal que viene investigando la Fiscalía de la Nación, lo cual supone a “un funcionario que interpone sus oficios a favor de alguien, no importa que ese otro sea un funcionario en ascenso o un particular”. “En términos penales, las cosas están muy claras: es un caso de patrocinio”, dijo.

En lo que respecta al propio presidente Pedro Castillo y las consecuencias que podría tener esta revelación sobre él, Azabache recuerda que el mandatario no puede ser procesado por este tipo de delitos durante su mandato, pero advierte que estaríamos ante un posible caso de infracción a la Constitución.

“Nuestra Constitución tiene clausulas muy duras (…) para restringir la intromisión de la Presidencia dentro de la determinación de los cuadros de ascenso militar. De varias maneras, esos chats, que fueron insinuados en su existencia hace un tiempo, puestos sobre la mesa forman un caso de infracción a la Constitución”.

Azabache añade que este sería “un buen momento para dejar de forzar las cosas y tratar de meterlas siempre en la difícil caja de la vacancia (…) y empezar a discutir seriamente un caso sobre infracción a la Constitución y la reacción que puede tener el Congreso frente a un procedimiento que es distinto al de la vacancia, mucho más equilibrado”.

“La cuestión de los ascensos es una cuestión constitucional. De modo que el impacto directo, desde mi punto de vista, de estos chats debería ir hacia la discusión de un inicio de un procedimiento por infracción a la Constitución”, dijo el exprocurador.

Agregó que el caso “es un tema penal, pero el presidente tiene protecciones constitucionales en casos penales”.

“La Fiscalía puede indagar sobre eso, pero no podrá proceder a imputarle cargos hasta que deje el mandato. Entre tanto, es un caso sobre infracción a la Constitución y la infracción a la Constitución tiene una sanción bien fuerte: la inhabilitación (…) Si es inhabilitado, tiene que ser vacado, pierde el mandato”, indicó.

Sobre Walter Ayala, César Azabache consideró que hay elementos suficientes para que la Fiscal de la Nación presente una denuncia constitucional en su contra y se le levante su antejuicio.

“Yo creo que sí, no es solo el hecho de que haya una sindicación que muestra al señor Ayala promoviendo su propia lista. Está también en el relato de los generales (…) La descripción que hace el general Vizcarra es que estuvo presente, pero no dijo nada en su defensa. En La posición de un ministro, el silencio es incriminatorio”, expresó.

Otros presuntos delitos

El abogado Andy Carrión dijo a El Comercio que con estas conversaciones “existe un elemento mucho más claro” para poder incluir el delito de tráfico de influencias en este caso, en el que actualmente se investiga solo presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal. Además, permitirían la inclusión de más personas en la investigación.

“Podría ampliarse [la investigación] a un tráfico de influencias. El abuso de autoridad y patrocinio ilegal van en relación a que alguien, teniendo esa función, no respeta ese procedimiento interno, tratando de imponer su voluntad particular. Abusas de algo que te corresponde decidir”, detalló el abogado penalista.

“El tráfico de influencias tiene que ver con un paso mucho más allá: puede o no ser mi función, pero trato de influenciar con una decisión arbitraria. Ahí podría entrar en colación este delito. (…) No necesariamente tiene que ver con el propio ejercicio de decisión, sino más bien con tratar de influenciar para favorecer a propios o terceros”, agrega.

Carrión considera que aún no hay elementos suficientes para incluir a Pedro Castillo como investigado, pero advierte que se abre la posibilidad de una investigación por un delito como asociación ilícita para delinquir; en particular a partir de los chats del edecán de Walter Ayala revelados este lunes por El Comercio.

“Mientras más personas participen y se esté demostrando un grado de coordinación, lo interesante es que se podría abrir a un grado de asociación ilícita. En este delito sería más un poco más viable quizás incluir también al presidente, pero hasta hoy las pruebas fehacientes que se tienen contra él no son necesariamente indicios tan objetivos como para incluirlo”, dijo.

En líneas generales, el penalista considera que el Ministerio Público ha actuado de forma lenta en este caso, como ha ocurrido previamente en investigaciones que involucran a altos funcionarios. “La Fiscalía de la Nación reacciona siempre muy tarde, es un poco complicad que reaccione inmediatamente contra ministros. En este caso, no es la excepción”.

Parte de este retraso, según en el abogado, está relacionada a la lentitud de la Fiscalía Anticorrupción provincial que investiga a Bruno Pacheco en el caso de presuntas presiones a la Sunat. Consideró que de allí podría haber salido información útil mediante medidas como la incautación de su teléfono o un allanamiento a su vivienda, las cuales no se ejecutaron.

“Si hay una actuación lenta, un poco negligente, por parte de las fiscalías provinciales y no se provee de material o indicios suficientes a la Fiscalía de la Nación, entonces tampoco van a actuar rápidamente (…) Si no hay información del celular, de las comunicaciones, solo se encontró el dinero, ¿con qué va a actuar la Fiscalía de la Nación?”, dijo.

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