Pedro Castillo y el golpe de Estado: las inconsistencias de su defensa internacional

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Croxatto dijo, por ejemplo, que el Congreso no cumplió con el procedimiento regulado para la destitución de un presidente de la República. También afirmó que el mensaje que leyó Castillo carecía de formalidad, al no contar con las firmas de los miembros del Consejo de Ministros. Asimismo, negó que el exmandatario haya cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Además, aseguró que Castillo no dio una orden directa a las Fuerzas Armadas y que no fue detenido en flagrancia. Consultados por El Comercio, los penalistas Luis Vargas Valdivia, Romy Chang y Andy Carrión cuestionaron los argumentos del abogado argentino. A estas críticas se sumó el constitucionalista Erick Urbina.

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Vargas Valdivia indicó que el caso de Pedro Castillo calza en el presunto delito de conspiración, según lo establece el artículo 349 del Código Penal, que estipula una sanción para “quienes forman parte de una conspiración entre dos o más personas para cometer delitos de rebelión sedición o motín”.

“Que [Croxatto] diga que los ministros no firmaron el discurso, ese es un requisito que no está previsto en el artículo 349 del Código Penal, solo basta que las personas se hayan puesto de acuerdo. No se materializó el delito de rebelión, pero sí de conspiración”, expresó.

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Por su parte, Romy Chang, calificó de “poco técnica” la interpretación de Croxatto sobre el código penal peruano y que habría un desconocimiento “de lo que en derecho se llama la figura de tentativa”.

“El argumenta que, como no hubo armas, no hay delito, pero esa es una interpretación poco técnica [...] El delito no solamente sanciona el alzamiento en armas, incluso sanciona, en otro artículo del Código Penal la conspiración. Además, implica el desconocimiento de lo que en derecho se llama la figura de la tentativa. En el Perú (y en cualquier parte del mundo) no solo se sanciona el delito que se realiza sino también los intentos”, aseveró.

“Por ejemplo, si yo intenté matar a alguien, pero fallé porque la bala no le cayó, eso no hace que yo escape de mi responsabilidad penal, ni de la cárcel [...] Estamos hablando de delitos que atentan contra todo el orden democrático que tenemos en un país. Eso que él afirma evidencia un desconocimiento jurídico de la materia”, subrayó.

Una opinión similar tuvo Andy Carrión, quien recordó que la Corte Suprema ya se pronunció sobre el caso y “la tentativa del delito”.

Carrión destacó, además, que el delito de conspiración estipula sanción para quienes “forman parte de un plan para perpetrar el delito de rebelión, etc.”, sin ser necesario que la idea se concrete.

“El abogado [Croxatto] señala que Castillo cometió el delito solo y eso se cae cuando se analiza quiénes están imputados en este delito como coautores, no solo Betssy Chávez, también Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Él es quien lee el mensaje, pero eso no quiere decir que la fiscal no haya identificado a otras personas que participaron en realizarlo y están siendo investigandos. Desde mi perspectiva no tiene sentido. A mi criterio sí se han cumplido con los requisitos formales para la investigación”, concluyó Carrión.

Al respecto, Vargas Valdivia señaló que Castillo “sí fue detenido en flagrancia”, que consiste en que se encuentra a la persona cuando está “cometiendo el delito o cuando se está fugando”.

“Castillo estaba en plena fuga, cuando sube a su vehículo pide que lo lleven a la embajada de México y asilarse”, aseguró.

En tanto, Chang opinó: “En caso de la flagrancia también refleja otro desconocimiento de en qué consiste la flagrancia en nuestro país. Hablamos de las post flagrancia, es decir, las 24 horas después de que se cometió el delito. En el caso de Castillo, él dio el discurso y a partir de eso desencadenó una serie de acciones y siguió dando órdenes en el teléfono. Se dirigió a su vehículo a seguir teniendo acciones”.

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Vargas Valdivia dijo que Castillo, como comandante general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional les dio una orden. “No necesita conversar con ellos [...] Si el discurso de Castillo fue simbólico por qué ordenó a las Fuerzas Armadas cerrar el Congreso, tomar el Poder Judicial y cerrar la Fiscalía. Entonces, no fue simbólico, él en su condición de comandante general de las FF.AA. y la PNP dio esa orden, que no haya sido acatada es otra cosa”, apuntó.

“Entonces no es un discurso simbólico porque ha dado una orden. Eso se encuadra en el 349 del Código Penal, claro que hubo una conspiración, estaban él, Aníbal Torres y Betssy Chávez. De acuerdo a la fiscalía, hay otros ministros involucrados también”, afirmó.

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Romy Chang opinó: “Para Castillo pudo ser simbólico, pero eso no lo libera de responsabilidad penal y no lo libera de una sentencia condenatoria.

“Tras el golpe, se supo que él hizo ciertas llamadas para impedir que determinadas autoridades continuarán en sus labores. No es creíble y no se condice con otros elementos probatorios”, agregó.

En tanto, Andy Carrión subrayó que “no se trataba de cualquier persona que estaba hablando en TV, se trataba del presidente de la República, que es el jefe máximo de las FF.AA., no era necesario un decreto supremo, etcétera”.

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En diálogo con El Comercio, el abogado argentino Guido Croxatto, a cargo de la defensa internacional del expresidente Pedro Castillo, señaló que su estrategia legal se centrará netamente en el tema procedimental, pues - a su criterio - el Congreso no cumplió con el “debido proceso” para destituir al exmandatario y, por tanto, es una medida “inconstitucional”.

“La destitución de Castillo fue inconstitucional o irregular. No se respetó el debido proceso y eso es independiente a la comisión o no del delito. El proceso no se llevó a cabo como se debía y esa es una infracción que comete el Congreso peruano”.

Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo.

Como parte de su estrategia, Croxatto anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Constitucional. Con lo primero buscará que el golpista Pedro Castillo sea liberado y restituido en el cargo de presidente de la República, a través de una medida cautelar; y, con lo segundo, pretende que el TC se pronuncie sobre la figura de la incapacidad moral permanente.

El abogado de Castillo volvió a señalar que esta figura “es racista” y viene “desde los tiempos de la colonización”. “Se usó para encarcelar a un presidente apoyado por comunidades originarias y rondas campesinas del Perú. Esta figura se usaba para criminalizar a indígenas”, expresó.

Croxatto indicó que, una vez restituido en el cargo, el Congreso podría impulsar la vacancia de Castillo Terrones, pero “respetando” el debido proceso. “Hubo fallas muy graves en el aspecto procedimental, independientemente de lo que se piense sobre la figura de Castillo o si es culpable o inocente de algo [...] Hay un mecanismo establecido para realizar una destitución y este no se siguió. El Congreso violó sus propios normas para destituir de forma irregular a Castillo”, remarcó.

El letrado insistió en que no hay delito de conspiración porque este establece que dos o más personas se unan [para planear los delitos de rebelión, sedición o motín] y, en este caso, “ningún ministro firmó el discurso”. “Tendrías que decir que Castillo conspiró con ocho millones de peruanos”, ironizó.

“También se caen el delito de rebelión porque no se alzó en armas y la flagrancia porque tiene que ser descubierto en el lugar de los hechos y a Castillo lo atrapan con su familia yendo a la embajada de México, con lo cual la figura sería de fuga. Por eso digo que se trata de un hecho atípico”, subrayó.

Al ser consultado sobre los otros seis mensajes golpistas que Castillo habría tenido listos para el 7 de diciembre del 2022, el letrado negó conocer el contenido. Además, afirmó que dichos mensajes no fueron escritos por el exmandatario sino por “los ciudadanos y bases sociales, que lo apoyaban”.

Próximo recorrido pro defensa de Castillo. Croxatto anunció que, como parte de su estrategia legal, viajará próximamente a Washington (Estados Unidos), El Vaticano, París (Francia) para exponer el caso. Asimismo, afirmó que el expresidente le pidió visitar también a los mandatarios Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Inácio Lula da Silva (Brasil). Este último reconoció a Dina Boluarte como presidenta constitucional del Perú. “Yo creo que Lula necesita una información más precisa de la situación en el Perú”, comentó el abogado argentino.

También a los líderes políticos Evo Morales y Rafael Correa, quienes son exgobernantes de Bolivia y Ecuador, respectivamente.

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En otro momento, el abogado argentino continuó victimizando al exjefe de Estado arguyendo que, a nivel judicial, “se cometieron ciertas irregularidades” que vulneran el derecho de defensa de su patrocinado, como “entorpecer el contacto con sus abogados”.

Croxatto añadió que la primera vez que intentó visitar a Castillo junto al exjuez supremo argentino Eugenio Zaffaroni no le permitieron el ingreso por no presentar su carnet de abogado.

“Siempre hacen todo lo posible para que Castillo no vea a sus abogados. Eso también lo pondré en la medida cautelar [que presentará ante la Corte CIDH]”.

Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo.

Finalmente, Croxatto negó que Castillo le haya dado detalles sobre lo que ocurrió el día del golpe de Estado y que solo le dijo que “hizo lo que el pueblo le pedía”.