Pedro Castillo insiste en anular investigación fiscal: las veces que obstaculizó o cuestionó las pesquisas en su contra

El presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Benji Espinoza, apeló el jueves la decisión judicial de primera instancia que declaró improcedente su recurso de tutela de derechos con el que buscaba anular la investigación que se le sigue por el Caso Tarata y otros.

Espinoza confirmó a El Comercio que presentaron el pedido ante el despacho del juez supremo de investigación preparatoria Juan Checkley, a fin de que este lo eleve ante la Sala Especial de la Corte Suprema para que se revise su recurso en segunda instancia.

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“Hemos presentado la apelación. Consideramos que esta resolución (de primera instancia) debe ser revocada. De hecho no pedimos la nulidad; si no la revocación, que se sustituya la decisión con un fallo donde estimen (el recurso), declaren fundada la tutela y se anule la disposición seis que incorpora al presidente a la investigación “, confirmó Espinoza a El Comercio.

El 29 de mayo, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

En respuesta, la defensa del presidente presentó un recurso de nulidad ante la misma Fiscalía de la Nación para que se deje sin efecto las pesquisas. El pedido fue rechazado.

Luego, la defensa del jefe de Estado acudió al Poder Judicial, vía una tutela de derechos, que también le fue rechazada. Y ahora apeló esa decisión.

No es la primera vez que la defensa de Castillo hace uso de las medidas legales para cuestionar sus investigaciones u obstaculizar las pesquisas.

En diciembre del 2021, a través de un acta fiscal, se dejó constancia que Castillo Terrones no autorizaba el ingreso del personal fiscal a la oficina de la Secretaría del Despacho Presidencial para que el equipo de la fiscal anticorrupción Norah Córdova, recabe información por el Caso Petro-Perú.

De acuerdo con el acta fiscal, a las 2:45 p.m. el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina consignó que el mandatario fue “el que no autoriza ingreso del personal fiscal”.

En otra diligencia, realizada en ese mes, el despacho presidencial se negó a entregar el registro de las visitas a los fiscales anticorrupción, Luis Reynaldo Mina Abanto y Clarita Baca Laveriano.

Además, interpuso un recurso de hábeas corpus cuestionando el accionar fiscal; sin embargo el Poder Judicial rechazó su demanda. Por ello, recurrió al Tribunal Constitucional que aún tiene pendiente procesar el caso.

El presidente Castillo también trató de impedir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales procese la denuncia en su contra por presunta traición a la patria por sus declaraciones de una posible salida al mar para Bolivia.

Al respecto, tanto el Décimo Juzgado Constitucional como la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia han declarado improcedente su recurso contra el Congreso.