Patricia Benavides se victimiza ante el Congreso: lo que dejó su presentación en la Comisión de Fiscalización

Pero a diferencia de otras apariciones de Patricia Benavides en el Congreso, esta vez la fiscal se enfrentó a preguntas que cuestionaron desde sus recientes decisiones como fiscal de la Nación y el rol de Jaime Villanueva y sus asesores, hasta la remoción de la fiscal que investigaba su hermana y el estatus de sus tesis. Sus respuestas, sin embargo, no abordaron todos esos temas.

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A lo largo de más de tres horas y media de presentación, Patricia Benavides negó los señalamientos que la involucran en una presunta red criminal, aunque apelando sobre todo a supuestos intereses políticos en su contra. Luego, no detalló los motivos de los ceses de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipó especial que investiga a sus asesores, y Jaime Villanueva. En su lugar, dijo ser víctima de un “montaje”, un “show mediático” y una “conspiración”, aunque sin mencionar específicamente quienes estarían detrás. Eso sí, cuestionó directamente a la fiscal Barreto.

‘Denuncio un montaje’ fue, precisamente, el título de la presentación de Power Point con la que Patricia Benavides comenzó a declarar ante la comisión presidida por el legislador Wilson Quispe (Perú Libre). Lo hizo acompañada por el excongresista Jorge del Castillo -investigado por la fiscalía dentro del Caso Odebrecht- como abogado. También estuvieron con ella personas de confianza como otro de sus abogados, Juan Peña, y su gerenta de imagen, quien se le acercaba a hablarle al oído cada cierto tiempo.

“No existe una organización criminal ni lidero una organización criminal. Por el contrario: he luchado contra el uso político de la función fiscal”, afirmó. A continuación, comparó la situación del golpe de estado de Pedro Castillo con la actual controversia que la rodea: “Nuevamente, cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros, buscan mi salida como fiscal de la Nación”.

Según Patricia Benavides, hay un “binomio” en su contra, conformado por una supuesta “venganza política” y un “fin político de sacarme del sistema de justicia”. “Todo este show mediático es la más clara expresión de la politización de la función fiscal y policial, y la venganza contra quienes enfrentamos realmente al poder de turno”, alegró Patricia Benavides. La fiscal se enfrenta actualmente a un proceso disciplinario en su contra por esta imputaciones y a un pedido de suspensión preventiva en la Junta Nacional de Justicia que se verá este miércoles. Ella he presentado recursos para intentar frenar ese proceso.

Patricia Benavides apuntó luego contra Marita Barreto, a quien cesó de su cargo la misma noche del operativo ‘Valkiria V’ donde se detuvo a su asesor Jaime Villanueva. “Combatir la corrupción en el poder también comprende combatir las pasiones por el poder y la forma en que el poder capta y destroza la moral, los principios y los valores de las personas”, afirmó.

“No me siento una divinidad ni una heroína, pero sí una fiscal con más de 28 años de servicio [,,,] Nunca tuve que servirme de un caso para aspirar al placer de la exposición en los medios de comunicación”, afirmó Patricia Benavides, quien se hizo conocida como fiscal de la Nación por las investigaciones que inició al expresidente Pedro Castillo. “Puedo definirme con una fiscal que defendió el Estado de derecho”, agregó.

En ese momento, la fiscal hizo un “mea culpa” que en realidad sirvió para calificar a Marita Barreto como “una coordinadora que había sucumbido al apetito del poder”. “Denuncio un montaje, una motivación política, porque las investigaciones sobre las muertes sucedidas en las protestas sociales no podían detenerse y debían determinarse las responsabilidades para que sea este Parlamento el que decida sobre la procedencia de la denuncia contra quien envió una insinuación amenazante en un medio de comunicación”. alegó.

Nuevamente sin dar nombres, la última fue una clara alusión a Alberto Otárola, quien la semana previa al estallido del escándalo hizo una alusión a Jaime Villanueva como “El filósofo” en una declaración a la prensa. El primer ministro y la presidenta fueron denunciados por Patricia Benavides la misma tarde de ‘Valkiria V’, una decisión que fue considerada por sectores políticos y por juristas como un intento de distraer la atención del caso de sus asesores, al margen de la necesidad de que se investiguen las muertes en la protestas contra el gobierno.

Las investigaciones por las muertes, ocurridas hace casi un año, no ha tenido mayores frutos bajo la gestión de Patricia Benavides. A la fecha, no hay detenidos o acusados penalmente por esos casos, que siguen bajo indagación. Recién en medio de la actual crisis institucional, la fiscal de la Nación denunció a Dina Bolaurte, Alberto Otárola y exministros, al mismo tiempo que anunció que el equipo especial para esos casos había formalizado investigaciones. Dicho grupo es liderado por la fiscal civil Marena Mendoza, una de sus fiscales de mayor confianza y, por ahora, de escasos resultados.

Por otro lado, dijo que los chats del caso son “manifiestamente manipulados que no revelan ningún acto delictivo, carentes de fiabilidad probatoria. Solo se leen conversaciones y opiniones políticas de una sola persona sin respuesta de su interlocutor. Confió en que ustedes consideren que las opiniones políticas no son un delito”, afirmó.

El supuesto “montaje” fue denunciado por Patricia Benavides a pesar de que la noche anterior, Jaime Villanueva declaró a la fiscalía que los chats que sustentan su detención preliminar y la ‘Operación Valkiria V’ son verídicos y son de su autoría, admitiendo así que actuó por orden de la fiscal de la Nación. El Comercio reportó su declaración el martes por la mañana. Por la tarde, el propio Villanueva y su defensa ratificaron esa declaración en la audiencia judicial donde desistieron de apelar la orden judicial en su contra, que expira este jueves 7 de diciembre.

Patricia Benavides también afirmó que “al interior del Ministerio Público se sabía muy bien que se iba a cambiar” a Marita Barreto, la coordinadora del equipo especial contra la corrupción en el poder. Sin embargo, no detalló ni ofreció evidencia sobre la decisión que afectó a la fiscal que lideraba el grupo que investigó a sus asesores y que la sindicó a ella misma como líder una red criminal.

La fiscal solo dijo que esto se debió “a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con propósitos mediáticos y no jurídicos”. No obstante, la resolución firmada por Patricia Benavides para remover a Marita Barreto no hizo mención a dichos cuestionamientos, ni quienes están detrás de ellos. El documento publicado el 27 de noviembre en El Peruano solo alega que Marita Barreto supuestamente con cumplió con entregar información sobre la carga procesal del equipo especial.

Adicionalmente, fuentes ligadas a la fiscal rechazaron lo argumentado por Patricia Benavides en su presentación. Precisamente, Marita Barreto ha apelado su cese como coordinadora ante la Junta de Fiscales Supremos -a la que Patricia Benavides sigue sin convocar- y ha presentado una demanda de amparo para dejarla sin efecto. Patricia Benavides también afirmó que la decisión de cesarla fue dada a conocer en una reunión de fiscales coordinadores del 10 de noviembre, a la que Marita Barreto no asistió; y que le fue comunicada al día siguiente.

“La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 diciembre, indicado que era para conmemorar y ser galardonada por la detención del expresidente Pedro Castillo. Pero lo real fue que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado, su supuesta organización criminal, y lograr un seguro mediático para atornillarse en el cargo de coordinadora”, dijo Benavides, quien se ha aferrado al cargo del fiscal del Nación pese a los pedidos del resto de fiscales supremos y de fiscales al interior del Ministerio Público para que renuncie.

La tesis fiscal que implica a Patricia Benavides y sus asesores señala que se habría negociado votaciones con congresistas para favorecer a los intereses de la fiscal. Esto a cambio de favorecerlos con el archivo de investigaciones. Ante el Congreso, la titular del Ministerio Público afirmó que todas sus resoluciones son apegadas a ley. Es más, calificó el archivo del caso de los llamado ‘Niños 3′ como “una resolución impecable” y que se basó en la respuesta dada por Marita Barreto a un pedido de información.

Al respecto, fuentes ligadas a ese caso comentaron a El Comercio que la denuncia que dio origen a esa investigación fue de una supuesta compra de votos para no interpelar al exministro Juan Silva, pero que el requerimiento de Patricia Benavides a Marita Barreto fue más general: sobre favorecimientos a la gestión de Pedro Castillo. Las fuentes señalaron que ese pedido se hizo mal, que Benavides no hizo más diligencias de investigación y que eso llevó al archivo. La Procuraduría General del Estado (PGE) ha apelado esa decisión mediante un amparo que aún está por resolverse.

“No he cometido ningún acto arbitrario ni ilegal. Lo que se ha iniciado es una campaña mediática en mi contra [...] Una fiscal incompetente decidió investigarme. Esa es la verdad: se me investiga sin respetar el fuero constitucional que corresponde”, alegó Patricia Benavides. Incompetente, en el ámbito del derecho, implica que un caso no está dentro de las competencias de un fiscal o juez.

La afirmación de la fiscal fue engañosa: el equipo de Marita Barreto no investiga directamente a Patricia Benavides, sino que la señala como parte de la red criminal. Al ser una alta funcionaria, solo la podría investigar la propia fiscal del Nación. Fuentes de El Comercio señalaron que ante la imposibilidad de que ella se investigue a sí misma, correspondería que se inhiba y le delegue la indagación a un fiscal supremo. Así ocurrió con Pedro Chávarry y el caso Cuellos Blancos que fue delegado al fiscal supremo Pablo Sánchez. Hasta el momento, Benavides no ha hecho lo propio.

El esquema en que este mismo equipo especial investiga a los asesores de Patricia Benavides como no aforados es el mismo con el que se investigó los casos de Pedro Castillo y ministros durante su gobierno. No investigaban directamente al presidente, pero sí a sus allegados y subordinados que no tenían inmunidad: Bruno Pacheco, Yenifer Paredes, Zamir Villaverde, Sada Goray, Salatiel Marrufo, Fray Vásquez, etc. Luego, la fiscal de la Nación iniciaba investigación al mandatario, ministros y congresistas.

Hasta ahora, que una investigación de ese tipo la involucra, Patricia Benavides nunca había cuestionado esa estrategia fiscal. Es más, había abierto sus indagaciones a partir de los informes del equipo de Marita Barreto y con la evidencia aportada por sus indagaciones y sus colaboradores eficaces.

“¿Quién quiere la Fiscalía de la Nación y para qué? ¿Quién está detrás de esta conspiración contra el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Congreso? ¿Quién intenta, un año después, amenazar nuevamente a la democracia peruana?”, cuestionó la fiscal, sin dar repuesta. “No he cometido ningún delito ni falta administrativa, he cuidado que no se politice la justicia. [...] Ninguna votación ha sido efectuada a pedido mío, a pedido de algún beneficio dado por el Ministerio Público”.

Culminada la presentación inicial, los congresistas comenzaron a hacer preguntas en bloque a Patricia Benavides. Las intervenciones de legisladores de Fuerza Popular y Renovación Popular fueron principalmente para defenderla, hacer largos comentarios y para criticar la competencia de la JNJ en la previa a la audiencia para ver su suspensión y para cuestionar la investigación del equipo especial contra la corrupción en el poder. No hubo participación de congresistas de bancadas como APP, Avanza País o Somos Perú.

Legisladores como Kelly Portalatino (Perú Libre), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Jaime Quito (no agrupado) cuestionaron las respuestas de la fiscal y aprovecharon para defender a Pedro Castillo. A un año del golpe de estado, la fiscalía bajo la gestión de Patricia Benavides aún no ha presentado acusación penal contra el expresidente por ese caso ni por los casos de corrupción que lo involucran.

En tanto, congresistas como Pasión Dávila (Bloque Magisterial), Ruth Luque, Susel Paredes y Sigrid Bazán (Cambio Democrático) incidieron en que Patricia Benavides responda los cuestionamientos por el rol de sus asesores investigados y el cese de Marita Barreto; la decisión de no solicitar una detención preliminar contra un grupo de legisladores investigados a pesar de la solicitud que le hizo el equipo especial y su presencia en su despacho en la madrugada del lunes, horas antes de ‘Valkiria V’. También le hicieron de cuestionamientos sobre temas previos, como la remoción de la fiscal que investigaba por presuntos sobornos a su hermana, la jueza Emma Benavides, y sus inubicables tesis de maestría y doctorado.

Las preguntas fueron en bloque. Es decir, se acumulaban las intervenciones de varios congresistas ante de volver a dar la palabra a la fiscal. Y a pesar de que fue vista haciendo anotaciones y mirando fijamente a los legisladores que participaron presencialmente, Patricia Benavides dejó varias preguntas sin responder o con respuestas cortas.

Sobre la remoción de Bersabeth Revilla en julio del 2022, a poco de iniciar su gestión, solo dijo que todo cambio es para dar “celeridad” a un caso. El fiscal que nombró en su lugar, Uriel Terán, pidió al Poder Judicial meses después archivar el proceso contra la hermana de Benavides. El Poder Judicial evaluará esa solicitud recién el próximo 11 de diciembre.

En cuanto al pedido del equipo especial para que ella solicite la detención de los congresistas, lo cual no hizo, solo respondió que la fiscalía “no tiene la función de detener, la detención se da por flagrancia o por mandato judicial”. “Ante este informe que llega del equipo especial es que nosotros realizamos la precisión de los hechos e incluso se amplía a más congresistas las investigaciones y esa es la respuesta en una disposición fiscal detallada y motivada. No hay ningún tipo de archivo, todo está en trámite [...] Nosotros tomamos decisiones en base a un debido proceso. No obedecemos órdenes”.

Respecto a por qué cesó a Jaime Villanueva antes del operativo ‘Valkiria V’, solo dijo que esto se dio “ante la información dada en algunas medios de comunicación, que señalaban alguna participación del señor Valdivia”. La respuesta no fue clara, pero si la fiscal se refería a la información sobre su participación en el gobierno de Pedro Castillo, los informes periodísticos sobre el tema se remontan a julio de este año, a pesar de lo cual siguió por varios meses en el cargo.

En otro momento, Patricia Benavides afirmó que nunca se reunió con congresistas fuera de su despacho fiscal. Sin embargo, sí se reunió en el Palacio Legislativo con Lady Camones, hoy presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando era titular del Congreso. Este año, la fiscal decidió no abrir una investigación en su contra por un presunto favorecimiento de la Mesa Directiva a César Acuña en la semana previa a que el Congreso vote la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Esa decisión también ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado.

La fiscal también se refirió a sus asesores investigados: sobre Jaime Villanueva, afirmó que este tenía el cargo de gerente, con la función de “coordinador interinstitucional con los organismos del Estado”; sobre Miguel Girao, que velaba por “la parte administrativa del Ministerio Público”; y sobre Abel Hurtado, que se encargaba de la coordinación parlamentaria. Añadió que se autorizó sus visitas al Congreso para hacer coordinaciones sobre proyecto de ley de interés del Ministerio Público. “De ninguna manera para ningún otro tipo de interés”, afirmó.

Sobre el cierre de su presentación, dijo que su presencia en la fiscalía hasta minutos antes de la ‘Operación Valkiria V’ fue porque trabaja como fiscal de la Nación “24 por 7, todos los días [...] Trabajo mañana y hora [sic] para recobrar la institucionalidad del Ministerio Público”. Además, dio a entender que aquella reunión fue para tratar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola.

Finalmente, rechazó la declarado por Jaime Villanueva ante la fiscalía sobre la veracidad de los chats y sobre que actuó bajo las órdenes de su exjefa, y cuestionó cómo la prensa accedió a su declaración. “Es seguro que una persona detenida de su libertad pueda decir falacias para obtener ella. Nunca he participado en ningún hecho delictivo”, proclamó. Al rato, se retiró de la sesión, que se desarrolló en la sala Martha Hildebrandt, con un aforo para solo cuatro periodistas.

Por el pedido de suspensión preventiva

Defensa de Benavides intentó denunciar un supuesto adelanto de opinión.

Durante la sesión, Jorge del Castillo participó principalmente para asegurar que el pedido de suspensión temporal contra Patricia Benavides, hecho por la ponente de su proceso disciplinario en lka JNJ, era una suerte de adelanto de opinión o una sentencia ya escrita. Esto fue secundado por congresistas fujimoristas como Fernando Rospigliosi y Héctor Ventura.

Sin embargo, la facultad de proponer una suspensión dentro de un proceso disciplinario está prevista en la Ley Orgánica de la JNJ y su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios. Es una solicitud que puede hacer por escrito el instructor del caso. Este, para ponerlo en términos de un proceso judicial, actúa como una suerte de fiscal. Luego, se convoca al investigado a una audiencia en un plazo de cinco días para que pueda defenderse ante el pleno, que actúa como una suerte de juzgado. Finalmente, el pleno vota por si aprueba la sanción. Esa audiencia está programada para este miércoles.