El presidente Martín Vizcarra rechazó este miércoles las críticas de exautoridades sobre el manejo que se viene realizando en los penales durante la pandemia del coronavirus. Sostuvo que su gobierno no permitirá que los criminales, violadores, narcotraficantes y corruptos salgan en libertad como una medida para reducir el hacinamiento en los penales. Recordó que en anteriores gobiernos se indultó a narcotraficantes sin necesidad de atravesar por una emergencia.
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“¿No nos acordamos que hubo cantidad de indultos de narcotraficantes, y sin pandemia ni nada, saliendo? Puertas abiertas para los narcotraficantes y muchos de ellos ahora nos critican”, dijo en alusión al caso denominados ’narcoindultos’ que marcó el segundo gobierno de Alan García.
¿'A qué se refiere ese sonado caso?. Pues nada menos que a la revelación de numerosos indultos y conmutaciones de penas a sentenciados por narcotráfico.
Este caso se dio a conocer públicamente el 31 de marzo del 2013 a través de un informe del programa televisivo “Cuarto Poder”. Esa denuncia se basó en una investigación que llevaba a cabo la denominada megacomisión del Congreso, grupo de trabajo parlamentario que se encargó de investigar los presuntos actos de corrupción del segundo gobierno de García (2006-2011).
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1- Informe de la megacomisión
El 19 junio del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, el pleno del Congreso aprobó el informe de la megacomisión referido al tema de los 'narcoindultos’ . Este concluyó que durante el gobierno aprista se dictaron 5.246 conmutaciones de penas e indultos. De este total, 3.207 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas, de acuerdo al informe en mayoría.
Si bien García Pérez declaró a la megacomisión que las conmutaciones respondían “a una política de su gobierno para solucionar el hacinamiento carcelario”, la comisión sostuvo que con la reducción de la pena se benefició a 371 condenados que ya se encontraban con beneficio de la semilibertad. Por lo tanto, no incrementaban el deshacinamiento carcelario.
El informe aprobado que proponía denunciar constitucionalmente a García y a su exministro de Justicia Aurelio Pastor fue calificada por el exmandatario como una “venganza conyugal” del entonces gobernante Humala y su esposa Nadine Heredia.
Sin embargo, la denuncia no prosperó pues García presentó recursos ante el Poder Judicial y este anuló los informes de la megacomisión.
Al final, el único personaje implicado en el caso que tuvo una condenado, tras un proceso penal, fue el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo Chinguel.
Al abogado aprista le imputaron la responsabilidad de haber ayudado a reclusos implicados en casos de narcotráfico a obtener conmutaciones de penas a cambio de pagos ilícitos. El 14 de diciembre del 2015 fue sentenciado a 13 años de prisión, pero en agosto del 2016 su pena fue rebajada a 9 años de cárcel.
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2-El proceso de Facundo Chinguel
El fiscal Whalter Delgado Tovar inició una investigación preliminar en los primeros días de abril del 2013, luego de la difusión del programa “Cuarto Poder” sobre los presuntos indultos irregulares. El 24 de junio de ese año, el representante del Ministerio Público formalizó la investigación y solicitó nueve meses de prisión preventiva para el investigado principal, el abogado Facundo Chinguel, quien en enero del 2008 fue nombrado por el entonces mandatario Alan García titular de la Comisión de Gracias Presidenciales. El letrado contrató a personal de su confianza, 12 de los cuales eran miembros del Partido Aprista.
La fiscalía le imputó a Facundo los delitos de asociación ilícita y cohecho por presuntamente liderar una organización criminal que ayudaba a reclusos a obtener conmutaciones de pena mediante un pago. La fiscalía le atribuyó diez casos específicos en los que habría condicionado la tramitación de gracias presidenciales al pago de sumas de dinero.
En la investigación también estaban implicados ex miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales y ex delegados del penal de Lurigancho como Carlos Butrón Dos Santos 'Brasil, además de José Marruffo Acosta, exasesor congresal del exministro de Justicia Aurelio Pastor.
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3- El juicio oral
Luego de dos años de investigación fiscal y ante las evidencias de las acusaciones, el caso ‘narcoindultos’ pasó a la etapa de juicio oral que se inició el 22 de julio del 2015. El fiscal Whalter Delgado sustentó el 30 de julio de ese año su acusación penal contra Facundo y otras 13 personas involucradas. Pidió 17 años de prisión para el extitular de la Comisión de Gracias Presidenciales y reiteró que durante su gestión fueron conmutadas las penas de 886 sentenciados por el delito de narcotráfico agravado.
En dicha audiencia desarrollada en el penal de Ancón, donde estaba recluido Facundo, el magistrado aseguró que la comisión se tomaba solo 50 segundos para aprobar las solicitudes de conmutación. Precisó que los expedientes se “maquillaban y alteraban” para ocultar las irregularidades. “Facundo Chinguel vendió sus atribuciones de recomendar indultos”,dijo el fiscal en esa oportunidad.
La hipótesis central de la fiscalía es que durante el gobierno de Alan García se constituyó una presunta organización criminal para otorgar indultos y conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas a cambio de dinero. Uno de los casos fue el del narcotraficante checo Eugene Csorgo, quien pagó US$17 mil y recibió una reducción de pena de 9 años de su condena total y gracias a ello fue excarcelado.
El colaborador eficaz Marco Gálvez Tello, exdelegado del penal de Lurigancho afirmó que la reducción de la sentencia de Eugen Csorgo, de 15 años a seis años, se dio luego de una serie de coordinaciones con José Marruffo Acosta.
Durante el proceso penal, el abogado negó haber recibido dinero de los condenados por narcotráfico a cambio de conmutaciones de penas. Aseguró que “nunca acepté ni un vaso de agua de los internos”. El 3 de diciembre del 2015, Facundo trató de despejar cualquier vínculo del exlíder del Partido Aprista en sus decisiones. “Nunca Alan García me dio directivas sobre algún expediente”, dijo.
El Juzgado Penal Nacional emitió su sentencia el 14 de diciembre del 2015 y condenó a Facundo a 13 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y cohecho (soborno),
Fue condenado por los casos de Eugene Csorgo y otros dos reclusos. No obstante, en otros 21 de los casos de conmutaciones irregulares denunciadas, Facundo Chinguel fue absuelto debido a falta de pruebas.
También fueron condenados la exservidora de la comisión, Fabiola Ojeda Julca y Rafael Agurto Chihuán, exdelegado de los internos del penal de Lurigancho. Del mismo modo fueron sentenciados a prisión suspendida la exsecretaria técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, Noelia Gómez Paulet y los acusados Manuel Carrera Toribio, Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Nijahuanca y Jaime Acevedo Saavedra.
Luego de conocerse el fallo, Alan García manifestó que “tras la sentencia a Miguel Facundo Chinguel por un caso de droga, reconocemos que fue un grave error nombrarlo. Traicionó la confianza”.
4- Pena rebajada
Tanto la fiscalía como la defensa de Facundo apelaron la sentencia del Juzgado Penal Nacional, la cual fue revisada por la Sala Penal Nacional de Apelaciones. El 15 de agosto del 2016 se leyó la resolución en el penal de Ancón. Al final de la audiencia se vio contento a Facundo. No era para menos, la sala lo absolvió del delito de asociación ilícita y le rebajó la pena. Ya no cumpliría 13 años de cárcel (cuatro por asociación ilícita y nueve por cohecho). Ahora solo deberá cumplir la condena por el segundo delito. Según el Poder Judicial, permanecerá en prisión hasta el 22 de julio del 2022.
En su resolución, los jueces indicaron que en este caso no se ha visto que una organización delictiva se haya infiltrado y funcionado en la Comisión de Gracias Presidenciales, sino que Miguel Facundo Chinguel convocó a un concurso para conseguir más personal y que fue legal el ingreso de apristas a la comisión.
Las 12 personas que fueron condenadas con Facundo por asociación ilícita también fueron absueltas al desaparecer este delito, entre ellas están los exfuncionarios Noelia Gómez Paulet, Manuel Carrera Toribio y Dámaso Luyo Vicente.
El exprocurador anticorrupción Joel Segura lamentó la decisión judicial. En ese momento dijo que se trataba de un “lamentable retroceso". "Lo que Facundo hizo fue conseguir que se contratara a personas de un partido [el Apra] y estas entraron para intermediar, para pedir coimas [a cambio de conmutaciones de penas]. Todo el aparato ha funcionado en esa lógica, pero el tribunal no quiere entender eso”, sostuvo luego de la audiencia.
El abogado Benji Espinoza, defensor de Facundo, expresó que el tribunal determinó que su cliente nunca dirigió ninguna organización criminal y que nunca existió un grupo de personas al mando de su patrocinado que cobrara dinero por conmutaciones.
Sin embargo, en el fallo del 2015 se acreditó que Facundo cometió dicho delito por tres casos en los que recibió dinero de los reclusos a los que se benefició, uno de ellos era el checo Eugene Csorgo. Además, la Sala Penal Nacional de Apelaciones añadió un cuarto caso: el de dos colombianos que también habrían pagado para que le conmuten sus penas.
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5- Ministro investigado
El excongresista y exministro de Justicia Aurelio Pastor también fue investigado por el tema de los ‘narcoindultos’. Una indagación preliminar fue abierta cuando Carlos Ramos Heredia era fiscal de la Nación.
Después, cuando Pablo Sánchez asumió ese despacho, la investigación que estaba por archivarse se reactivó pues en le proceso seguido a Miguel Facundo Chinguel algunos testigos y colaboradores eficaces lo mencionaron repetidamente. Ellos expresaron que el exministro aprista visitaba los penales junto a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales. En diciembre del 2009 visitó el penal de Lurigancho. Finalmente, la indagación fue archivada por falta de pruebas.
Durante el juicio a Facundo, Pastor fue citado como testigo para dar su declaración. En esa ocasión, negó haber coordinado las gracias presidenciales para sentenciados por narcotráficos con Miguel Facundo Chinguel, como lo había asegurado el colaborador eficaz Marco Gálvez Tello.
También descartó que el presidente de la Comisión de Gracias presidenciales le haya solicitado acelerar o priorizar el trámite de alguna gracia presidencial para ningún interno.
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