Martín Vizcarra y el ‘vacunagate’: ¿La fiscalía podría investigarlo por organización criminal?

El expresidente Martín Vizcarra y actual candidato al Congreso por Somos Perú, es investigado en la Fiscalía de la Nación por dos delitos debido a que fue beneficiado, junto a su familia, con la vacuna experimental contra el Covid-19 del laboratorio Sinopharm que formaba parte de un lote adicional destinado para ensayos clínicos.

MIRA: ‘Vacunagate’: Martín Vizcarra y los escenarios ante una eventual inhabilitación del Congreso

Al ex jefe de Estado se le atribuye los presuntos delitos de concusión y negociación incompatible (o aprovechamiento del cargo). Sin embargo, a medida que pasan los días, las evidencias y los actores han ido dando luces sobre el grado de conocimiento y participación de Vizcarra, así como de otros personajes directamente involucrados en este hecho.

MIRA: Fiscal de la Nación sobre Martín Vizcarra: “existen datos objetivos de irregularidades en procedimiento de ‘vacunación’”

“Yo le pregunto al doctor (Germán Málaga) como son parte de las 12 mil, le digo ‘¿usted sabe si esto es vacuna o placebo?’, llego a ese nivel de preguntarle, y él sonriendo me dice: ‘no, esto es vacuna’”, dijo Vizcarra el último miércoles en entrevista con RPP.

Ante ello, especialistas en materia penal consultado por El Comercio han indicado que la investigación contra Vizcarra -actualmente impedido de salir del país por orden judicial- podría ampliarse por otros delitos como colusión u organización criminal.

MIRA: Martín Vizcarra en su propio laberinto: Sus versiones sobre Antonio Camayo, reunión con fiscales y el ‘vacunagate’

Puede ampliarse

El penalista Luis Lamas Puccio consideró que si bien los presuntos delitos iniciales que se le tribuyen a Vizcarra como concusión o aprovechamiento indebido del cargo son para iniciar una línea de investigación, los hechos ocurridos ya podrían ser tomados en cuenta para una ampliación.

MIRA: Martín Vizcarra, la vacuna y las elecciones: ¿Cómo van los plazos de la investigación fiscal?

Explicó que el presunto aprovechamiento del cargo parte de la premisa de que un funcionario se interesa en una gestión para sacar un beneficio personal propio.

No obstante, argumentó que con la información que se ha conocido en la actualidad, sobre quiénes se beneficiaron con esta vacuna y las circunstancias en que Vizcarra ha reconocido haberse inoculado el fármaco, podría configurarse también un presunto delito de colusión.

“¿Por qué no han incluido el delito de colusión? Con este delito se puede investigar la existencia de una presunta concertación de voluntades en relación a una contratación con el Estado. Se ha ido conociendo más sobre este aspecto; y es importante porque la colusión, a diferencia de otros delitos tiene hasta de 15 años de pena privativa de la libertad, mientras que los otros delitos son menores de ocho años”, dijo.

Además, explicó Lamas Puccio, el caso podría investigarse bajo la Ley de Crimen Organizado no solo por la cantidad de personas, sino porque este marco le daría mayores prerrogativas a la Fiscalía.

“Allí debe haberse abierto por crimen organizado por la cantidad de personas que están siendo involucradas y en el sentido que hay de una estructura operativa donde han intervenido diferentes personas o funcionarios con diferentes funciones”, anotó.

La vacuna, como dádiva

En línea similar se encaminó el abogado penalista Andy Carrión, quien remarcó que después que abrieron investigación contra Vizcarra y las exministras de Salud, Pilar Mazetti y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, “salieron algunos datos adicionales, sobre todo, respecto a los vacunados antes de firmarse los contratos”.

Por ello, según el abogado podría analizarse un presunto cohecho pasivo impropio, teniendo como referencia que el funcionario solicita un beneficio o dádiva para realizar un acto propio de su cargo.

En el caso de Vizcarra, anotó el penalista, no debe entenderse erradamente que para que se configure este delito, la empresa o contratista debía ofrecerle directamente un soborno a Vizcarra; sino que a través de otros actores se le pudo ofrecer o pedir él, el beneficio. En este caso, la vacuna.

“Este delito nos habla de un funcionario público, que en este caso podría ser Martín Vizcarra, quien solicita; y no es necesario que sea directamente, algún donativo o ventaja. Esta ventaja tiene que ser indebida; y todos ya hemos conocido que el solicitar la vacuna era indebido”, sostuvo.

Un posible patrocinio ilegal, que sanciona al funcionario público que patrocina intereses de particulares ante la administración pública, podría ser otra línea de acción consideró.

Esto pasaría por considerar que el expresidente, pudo haber tratado de favorecer a la empresa Sinopharm a pesar de ser el representante del Estado.

Carrión consideró que dentro de la investigación no puede admitirse como excusa que Vizcarra Cornejo alegue que, si bien se vacunó; él no firmó el contrato con la empresa china. Esto, porque como el exjefe de Estado lo ha indicado en diversas oportunidades, había dejado “encaminado” este convenio.

El abogado recordó que el favorecimiento pudo haber ocurrido en la etapa previa a la firma del contrato.

“En este caso lo que ha hecho Vizcarra es participar en los actos preparatorios de la posterior firma del contrato. Yo creo que es un excesivo formalismo decir que no participó en el contrato y por tanto no favorecí, pero no es tan cierto pues cuando uno investiga esos tipos de delitos, los jueces lo valoran de acuerdo a la etapa”, explicó.

En esa línea, según Carrión, el contrato pudo haber sido firmado por el presidente Francisco Sagasti debido a la urgencia, pero lo hizo en base a convenios previos.

“El código penal no habla de que un favorecimiento significa la firma del contrato; sino de un favorecimiento en general”, advirtió.

Finalmente, agregó, un factor importante en este caso es el papel de la exministra de Salud Pilar Mazzetti, quien participó tanto en el gobierno de Martín Vizcarra como en el actual gobierno de Francisco Sagasti.

“La agravante se corrobora respecto a Mazzeti quien ha participado en todas las etapas. La pregunta central es ¿por qué no se llegaron a cerrar los convenios con otras farmacéuticas? Ese es un punto a investigar”, anotó.

Las otras investigaciones

Martín Vizcarra tiene en su haber otras investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) y en su gobierno presidencial (2018-2020).

Uno de los casos se vincula a los contratos que realizó el cantante Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura, por una presunta orden de Vizcarra Cornejo.

Los servicios, por los que el cantante cobró por más de S/175 mil, se brindaron entre 2018 y 2020.

Por este caso, abierto en el 9 de octubre del 2020, se le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

El candidato al Congreso también viene siendo investigado por el Equipo Especial Lava Jato, por la presunta recepción de pagos ilícitos de parte de la empresas constructoras que participaron en el proyecto Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En esta investigación se le atribuyen los presuntos delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado. Es en este caso que, en noviembre del 2020, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra el exmandatario por 18 meses. Es decir, hasta el 12 de mayo de 2022.

Actualmente, en el Congreso de la República también se analizan siete denuncias contra Vizcarra Cornejo, constitucionales y juicio político para su inhabilitación, tras confirmar que se inoculó la vacuna de ensayo de Sinopharm.

VIDEO RECOMENDADO