La procuradora especializada en casos de corrupción Yudith Villegas afirmó que existen varios supuestos “determinantes” que permitirían reabrir la investigación archivada contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por el caso de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 durante su gobierno.
En declaraciones a los periodistas, indicó que el Código Procesal Penal prevé el reexamen de una indagación archivada cuando se presentan nuevas pruebas, razón por la cual la procuradora general del Estado, María Caruajulca, ya elevó el informe al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.
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“Para la Procuraduría Anticorrupción son determinantes. En ese sentido, hemos elevado el informe a la procuradora general. El reexamen que está previsto en el artículo 335, inciso 2, permite a un operador de justicia, en este caso un procurador general del Estado, solicitar –acción que ya se ha realizado- reabrir la investigación ya archivada cuando hay dos supuestos: una nueva prueba y nosotros hemos elevado un informe”, expresó.
“Entiendo que el despacho de la procuradora lo ha evaluado y en ese sentido ha solicitado el reexamen de la investigación, como bien lo ha manifestado la procuradora, que está a cargo del fiscal de la Nación”, agregó.
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Sobre el tiempo que tomará el reexamen a cargo de Villena, Villegas indicó que eso corresponde al ámbito del fiscal de la Nación y enfatizó que no se puede exigir que emita un pronunciamiento.
“Eso opera dentro del campo de la investigación, no podemos también señalar al fiscal que de alguna manera se pronuncie, tiene su tiempo, una evaluación, porque son varios documentos”, subrayó.
Como se recuerda, Villena archivó la investigación contra el expresidente y tres exministros por la supuesta compra irregular de pruebas rápidas para la detección de la COVID-19, librándolos así de una denuncia constitucional por estos hechos ante el Congreso.
La disposición emitida el 31 de mayo último a la que tuvo acceso El Comercio revela que también se dio por concluida la investigación contra los exministros María Antonieta Alva (Economía) y Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud).
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Todos ellos estaban siendo investigados por los presuntos delitos de colusión simple y alternativamente negociación incompatible por supuestamente haber concertado con las empresas privadas la compra de pruebas rápidas en el 2020 durante los primeros días del estado de emergencia que se decretó ante los contagios de coronavirus.
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