A poco más de un mes desde que se iniciara el juicio oral en su contra por el delito de cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido millonarios sobornos a cambio de entregar dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional (2010-2014), el expresidente Martín Vizcarra ha registrado dos triunfos judiciales, que han generado preocupación en el Ministerio Público.
Vizcarra Cornejo, primero, recibió la autorización para viajar a Tacna y luego a Moquegua para pasar las fiestas navideñas en su localidad y luego, gracias a una norma dada por este Congreso, se le levantaron las medidas restrictivas. Es decir, puede trasladarse por todo el país sin solicitar permiso de un juez.
A esto se puede sumar que el 4 enero concluye la orden de impedimento de salida del país que a inicios de este año dictó el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria (entonces a cargo de la jueza Margarita Salcedo) en contra del ex jefe de Estado, procesado penalmente por recibir coimas por S/2,3 millones por las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.
En breve comunicación con El Comercio, el fiscal Germán Juárez Atoche- integrante del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público- refirió que se “está preparando” un pedido para “prolongar esa medida”. Agregó que se presentará antes de su vencimiento.
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El juez Ubaldo Callo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), tendrá que convocar a una audiencia para evaluar la nueva solicitud. Este magistrado fue el que decidió dejar sin efecto las restricciones que pesaban sobre el exgobernador regional en aplicación de la Ley N°32130.
Al respecto, el abogado penalista Enrique Ghersi consideró que las declaraciones ofrecidas por los ex directivos de Obrainsa y del exministro de Agricultura José Manuel Hernández, quien es colaborador eficaz, en el juicio oral a Vizcarra son elementos que revelan actos de corrupción y que deben ser incluidos en el petitorio de la fiscalía.
José Manuel Hernández confesó este martes haber sido el intermediario para un acuerdo ilícito realizado en noviembre del 2013 entre Vizcarra y representantes de la constructora ICCGSA. (Foto: Poder Judicial)
“El riesgo si el Poder Judicial rechaza este pedido es que Vizcarra se sustraiga de la justicia y se dé a la fuga. En ese caso, se burlaría de la aplicación de la ley. Por un mínimo de diligencia y responsabilidad, es aconsejable que el representante del Ministerio Público pida la ampliación con la debida anticipación. Hay elementos dados por múltiples testigos en el proceso”, expresó a El Comercio.
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“La inminencia de un fallo no sería suficiente”
El abogado penalista Andy Carrión advirtió que la Ley N°32130, dada por el Parlamento, ha fijado nuevos parámetros, entre ellos tiempos límite, no solo para la comparecencia con restricciones, sino también para el impedimento de salida del país.
Según el artículo 287 de la referida norma, las restricciones “se impondrán en los plazos previstos” en el artículo 272 del Código Penal, que regula los tiempos de la prisión preventiva: nueve meses para casos simples, 18 meses para casos complejos y 36 meses para casos de crimen organizado.
Vizcarra, entre el 2020 y 2022, cumplió una primera orden de impedimento de salida del país de 18 meses. Estos sumados a los últimos 12 meses son 30 meses en total.
En declaraciones a este Diario, Carrión indicó que el fiscal Juárez Atoche puede solicitar la ampliación, pero remarcó que será el juez Callo el que decida si aplica o no la norma descrita líneas arriba.
Agregó que no es suficiente que un imputado pueda ser condenado, sino que la fiscalía debe demostrar qué elementos tiene para argumentar un peligro de fuga.
“La sola inminencia de una sentencia no sería suficiente para imponer este tipo de restricción. Vizcarra ha estado en todas las audiencias de su juicio. ¿Cuál sería el argumento para decir que se puede fugar? Eso es lo complicado”, manifestó en diálogo con este Diario.
Carrión refirió que “los riesgos”, en caso no se amplíe el impedimento de salida del país, “son muy serios y altos”.
“Vizcarra como el exjuez supremo César Hinostroza podría abandonar el país en cualquier momento, si se le levanta esta única medida restrictiva que tiene. Habría que ver si la fiscalía identifica elementos adicionales más allá de una posible condena”, remarcó.
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Por su parte, Cecilia Madrid, profesora de Derecho Penal en la Universidad Científica del Sur, sostuvo que si el fiscal Juárez Atoche considera que se debe mantener la presencia de Vizcarra hasta que concluya el juicio oral en su contra y se lea la sentencia, en primera instancia, por el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, sí puede solicitar la ampliación del referido impedimento.
En diálogo con El Comercio, Madrid indicó que el Ministerio Público no debe tener como único argumento para pedir la ampliación de una medida cautelar el hecho de que en los próximos meses se le dictará una sentencia al exmandatario.
“¿Esta persona a lo largo del proceso ha incumplido con las reglas de conducta? ¿Ha tratado de influir en testigos? ¿Ha asistido o no a su proceso? Estos y otros indicadores van a estar en evaluación”, subrayó.
“Tiene todas las motivaciones para fugarse”
Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción
Hay un escenario en el cual en el proceso en contra de Martín Vizcarra se está incorporando medios de prueba muy importantes, que no solo fortalecen la postura del Ministerio Público, sino la probabilidad de que se dé una sentencia condenatoria y elevada al expresidente. Este hecho suele ser suficiente para que las personas imputadas busquen fugarse.
(Foto: Archivo El Comercio)
El impedimento de salida del país para Vizcarra debe ampliarse, sobre todo teniendo en cuenta de que puede recibir una condena elevada, estamos hablando de 15 años de prisión. Claramente es una pena superior a los tres años que pide la norma para restringir la salida al exterior.
En estos momentos, Vizcarra tiene todas las motivaciones para fugarse del país, corresponde que se aplique un principio de racionalidad. El principal riesgo es que evada la acción de la justicia.
Ya nos ha ocurrido una cosa similar en el pasado, nos pasó con Alejandro Toledo, se flexibilizaron sus condiciones y él se fue a Estados Unidos, eso le costó al Perú años y años de extradición y millones de dólares.
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En una presentación que duró más de dos horas, José Manuel Hernández confesó este martes haber sido el intermediario para un acuerdo ilícito realizado en noviembre del 2013 entre Vizcarra y representantes de la constructora ICCGSA. El supuesto pacto fue para que le paguen S/ 1,3 millón a cambio de que, como gobernador regional, no observe la buena pro del proyecto Hospital de Moquegua, eventualmente adjudicado a esa constructora.
