José Domingo Pérez pedirá la disolución de Fuerza Popular

El pedido de la fiscalía para suspender las actividades políticas del partido Fuerza Popular (FP) quedó en manos del juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado.

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El magistrado evaluó ayer el requerimiento del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, quien pidió que la medida sea aplicada por dos años y medio, como parte de la investigación por el caso Odebrecht.

Al finalizar la sesión, Zúñiga señaló que emitirá su decisión en un “plazo prudente”, de acuerdo a la carga procesal.

Fuerza Popular, al igual que su lideresa Keiko Fujimori y otros dirigentes, son investigados por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal. Esto, según el Ministerio Público, por haber recibido dinero de origen ilícito de Odebrecht y de otros empresarios para sus campañas electorales del 2011 y el 2016.

Argumentos

Durante sus alegatos, el fiscal Pérez sostuvo que el pedido era para prevenir que la presunta organización criminal que operaría a través de Fuerza Popular pueda seguir cometiendo el delito de lavado de activos, instrumentalizando al partido político. Agregó que existen graves y fundados elementos de convicción sobre las actividades ilícitas imputadas.

El fiscal enfatizó que los presuntos actos ilícitos del grupo político “han pervertido el sistema político y financiero”.

Comparó el caso de FP con la disolución de la persona jurídica Utopía o el partido Batasuna (España), vinculado al grupo terrorista ETA y que fue disuelto por afectación al sistema democrático.

Anunció que solicitarán la disolución y liquidación de Fuerza Popular, tal como se hizo cuando se presentó la acusación contra el Partido Nacionalista Peruano.

Pérez pidió al juez que declare fundado su pedido al remarcar que es un requerimiento constitucional.

”Solo sospechas”

El exprocurador anticorrupción Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, cuestionó que se pueda solicitar la suspensión de un partido con “solo sospechas” y no con “fundamentos reales”.

Consideró que al suspender a una agrupación política no solo se afectarían los derechos de los dirigentes de la misma, sino de todos los candidatos y afiliados que tienen derecho a elegir y ser elegidos.

Agregó que en los tres años de investigación no existe un peritaje contable; que Odebrecht no ha remitido las copias de sus servidores informáticos para probar la ilicitud del presunto dinero entregado, y que los directivos de la constructora desconocen la procedencia del dinero. Añadió que los empresarios peruanos, entre ellos Dionisio Romero, que aportaron a la campaña electoral de Keiko Fujimori, no están procesados penalmente, ya que estos han reconocido y sustentado dichos aportes.

El abogado enfatizó que la aplicación de una suspensión a un partido político solo corresponde al sistema electoral y no judicial.

Salas solicitó que se declare improcedente el pedido fiscal; o en su defecto, se considere infundada la solicitud de suspensión de Fuerza Popular.

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