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A pesar de una serie de maniobras dilatorias en las que incurrió el abogado de Martín Vizcarra, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional instaló este lunes el juicio oral en contra del expresidente, a quien el Ministerio Público imputa el delito de cohecho pasivo propio por haber recibido millonarios sobornos a cambio de entregar dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional (2010-2014).
Durante su primer alegato- que recién pudo iniciar a las 11:38 a.m. (cuando la audiencia había comenzado a las 9 a.m.)- el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, ratificó que el ex jefe de Estado recibió el pago de dos coimas por parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA por un total de S/2,3 millones.
Esto para dichas compañías sean favorecidas en la entrega de las licitaciones del proyecto agrícola Lomas de Ilo y la ampliación y mejoramiento del hospital regional de Moquegua, respectivamente.
Juárez Atoche remarcó que si bien el Gobierno Regional (GORE) de Moquegua encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) que realizara el proceso de recomendación de postores, la entidad dirigida por Vizcarra se guardó el derecho a veto y a elección. Es decir, el acusado tenía la última palabra.
El representante del Ministerio Público precisó que Vizcarra Cornejo violó “el acuerdo de confidencialidad” suscrito entre el GORE de Moquegua y la UNOPS, al haberle recomendando, a inicios de noviembre de 2013, al entonces gerente de Operaciones de Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, que el consorcio que integraba presente una oferta no mayor a S/81 millones para obtener la buena pro del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
“UNOPS no publicaba el valor referencia de la obra, los postores iban ciegos, no sabían cuánto era el valor presupuesto para esta obra […] En una reunión en las oficinas de Obrainsa, Vizcarra le dice a Tejeda que para que ‘ustedes puedan ganar no ofrezcan más allá de S/81 millones’ y a cambio de eso le solicita un donativo económico indebido”, refirió.
(Foto: Poder Judicial)
El fiscal, además, subrayó que el entonces gobernador regional de Moquegua buscó replicar las prácticas del llamado “club de la construcción” en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“[Vizcarra] le dice [a Tejeda] que tenía conocimiento de que en el MTC siempre piden el 2% del costo directo de la obra, y dice ‘yo quiero que también me pagues ese monto”, puntualizó Juárez Atoche.
El 6 de diciembre- complementó el representante del Ministerio Público- se firmó el contrato entre el GORE de Moquegua y el consorcio liderado por Obrainsa. La empresa había sido recomendada por UNOPS, luego de que presentará una oferta de S/80′981,000. Es decir, por debajo de la cifra que el expresidente le dio a Tejeda.
Subrayó que Tejeda hizo entrega de S/1 millón a Vizcarra en las instalaciones de Obrainsa, en San Isidro (Lima), en dos armadas: la primera fue el 27 de enero de 2014, S/400 mil; y la otra fue el 4 de abril de ese mismo año, S/600 mil. Y en diciembre de 2013, la constructora pagó el alquiler de una avioneta a solicitud del entonces gobernador regional para trasladar “a sus amigos” desde Lima a la localidad sureña, entre ellos se encontraba el hoy presidente de Bolivia, Luis Arce.
El precio de la no objeción
En la segunda parte de su alegato, el fiscal del equipo especial Lava Jato sostuvo que Vizcarra aplicó la misma fórmula que usó en el proyecto Lomas de Ilo en la licitación de la ampliación y mejoramiento del hospital regional de Moquegua. Es decir, que la UNOPS recomiende un ganador de la buena pro.
El organismo internacional propuso que el consorcio formado por ICCGSA obtenga la obra, luego de haber ofertado poco más de S/123 millones. No obstante, Vizcarra, a través del exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, pidió el pago de un soborno de S/1,3 millón “para no objetar el contrato y la suscripción del mismo”.
“Martín Vizcarra, el acusado, al tener conocimiento de que el consorcio [integrado por ICCGSA] estaba participando contacta a Hernández, quien en ese entonces era su amigo cercano, y le dice ‘sé que están participando y lo que pasa es que estos se comen la torta solos’. Y le pide que contacte a Rafael Granados Cueto, gerente Comercial de ICCGSA. Ambos estaban en la CADE en Ica. Y que le diga que para no objetar el contrato y la suscripción del mismo tienen que dar S/1,3 millón”, narró el representante del Ministerio Público.
ICCGSA terminó aceptando la solicitud del entonces gobernador regional de Moquegua y realizó, entre marzo de 2014 y agosto de 2015, el pago en seis armadas.
(Foto: Justicia TV)
“Aceptaron porque quien tenía la sartén por el mango era Martín Vizcarra, él tenía la facultad de poder observar el contrato, a él le correspondía aprobar si iba o no esa oferta y esa recomendación que estaba haciendo UNOPS”, dijo.
El representante del Ministerio Público también hizo mención de los principales testigos que convocará en las próximas semanas para el juicio en contra del ex jefe de Estado [ver recuadro].
El fiscal Juárez Atoche concluyó su alegato inicial reiterando su pedido de 15 años de prisión en contra del expresidente. De estos, nueve años por los hechos relacionados a la ampliación y mejoramiento del hospital regional de Moquegua, y seis años por la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
Seis recursos para dilatar el inicio del juicio
En la primera parte de la audiencia, Erwin Siccha, abogado del expresidente Vizcarra, presentó hasta seis recursos-entre nulidades, apelaciones, reposiciones y quejas- que tenían como única finalidad evitar la instalación del juicio en contra de su patrocinado.
En su solicitud inicial, el letrado intentó que se postergué el comienzo del proceso hasta que otro tribunal resuelva si irá o no a juicio por el presunto delito de colusión “por los mismos hechos”.
“No puede ser posible que hayamos llegado a esta situación que por el mismo hecho por el cual está a instalarse este juicio, siga pendiente un acto de control en etapa intermedia. Llegaríamos al absurdo de que por el mismo hecho se emitan dos actos de enjuiciamiento, dos actos de juzgamiento”, manifestó.
Tras un receso de 45 minutos, la jueza Fernanda Ayasta Nassif, quien preside el tribunal, declaró improcedente el pedido de Siccha, al argumentar que sus reclamos “son propios de la etapa intermedia” y que el colegiado no ha incurrido en ningún vicio procesal al llamar a la instalación del juicio.
(Foto: Poder Judicial)
Después de un primer revés, el abogado de Vizcarra informó que el sábado 26 de octubre, día no laborable en el Poder Judicial, ingresó un segundo recurso, pero esta vez para anular el auto de enjuiciamiento dictado por la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en mayo pasado.
El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional rechazó también ese pedido de Siccha, quien interpuso recurso de reposición y luego uno de queja.
El abogado de Vizcarra, además, interrumpió en dos ocasiones al fiscal Juárez Atoche cuando este se disponía a iniciar su alegato. En la segunda oportunidad lo hizo para mostrarse en contra de que se llamará “Las coimas al amigo del sur” el caso en contra de su cliente. Tras ello, la jueza Ayasta Nassif le llamó la atención.
“Señor abogado, es un título o etiqueta que se está colocando [...] Ya inició el uso de la palabra el señor fiscal. En su momento, a usted también se le dará el uso de la palabra cuando realice sus alegatos. Le pedimos que no interrumpa de esa manera porque no tiene ningún fundamento y se le está explicando que simplemente es un título, no se le está adjetivando”, remarcó.
(Foto: Hugo Pérez | El Comercio)
Durante la audiencia, Juárez Atoche y el procurador ad hoc adjunto para el Caso Lava Jato, Carlos Fernández, advirtieron que el abogado de Vizcarra estaba realizando acciones dilatorias.
“Es notorio el afán de dilación indebida en esta etapa de juzgamiento”, refirió Fernández.
En declaraciones a El Comercio tras la sesión, el fiscal consideró que los recursos planteados por Siccha “son inviables”. “Es una manera, una actitud de dilatar, entrampar un proceso que creo que ya con el tiempo era necesario de que se convoque a un juicio oral, creo que estos recursos los podrá hacer independientemente [del juicio oral], pero no van a llegar a buen puerto”, expresó.
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Juárez Atoche, además, estimó que, en tres meses, se podría finalizar el juicio oral contra Vizcarra y dar paso a una lectura de sentencia.
“Este proceso va a ser bastante rápido, célere, porque se trata de un solo procesado, no hay más acusados que puedan hacer complejo el caso. En tres meses aproximadamente puede estar concluyendo y puede haber una sentencia”, dijo el representante del Ministerio Público.
Por su parte, el expresidente Vizcarra dijo que la exposición del fiscal no tuvo fundamentos y recalcó que cuando a su defensa le toque usar la palabra, lo dejarán en claro.
“No voy a salir del país, aquí estaré, no me internaré en una clínica”, señaló.
En breve diálogo con este Diario, el expresidente intentó justificar las acciones dilatorias de su abogado y reiteró que no teme la acción de la justicia.
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Más información
El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional programó para el lunes 4 de noviembre la continuación del juicio oral contra Vizcarra. Ese día la sesión será virtual, desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.
En esa oportunidad, harán uso de la palabra para sus alegatos iniciales, la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato y el abogado de Vizcarra.
La procuraduría y la defensa de Vizcarra solicitaron que la próxima audiencia sea presencial. No obstante, la jueza Ayasta Nassif le precisó que su colegiado no tiene una sede física y que la sala usada para la instalación en el edificio Zavala fue prestada.
