Luego de más de seis meses, el Poder Judicial se pronunció respecto a la demanda de amparo presentada por el excomandante general PNP Jorge Angulo Tejada, quien fuera abruptamente destituido de su cargo —en enero pasado— por la presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro del Interior Víctor Torres, a escasos diez meses de haber sido designado.
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró fundada en parte la demanda que había interpuesto Angulo contra el Ministerio del Interior (Mininter) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, el juzgado también declaró improcedente su pedido de reincorporación a la institución.
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Angulo Tejada fue removido el 22 de enero pasado, una decisión que calificó luego como “ilegal e irregular”, por lo que optó por recurrir a la vía judicial.
Su salida de la PNP se dio poco después de controversias con el Ejecutivo por los cambios de colocación de oficiales, que desde el Mininter se había pretendido frenar, tal como lo reveló El Comercio.
Además, Angulo dio a conocer después que el propio ministro Torres le llegó a preguntar si era posible pasar al retiro a integrantes del grupo PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). El grupo llegó a ser desactivado por el gobierno posteriormente, en mayo pasado.
Fue inconstitucional
En la sentencia, a la que accedió El Comercio, el juez Alexis Anicama Budiel advirtió que sí hubo una afectación de derechos (al debido proceso y a la debida fundamentación y motivación de resoluciones), por lo que declaró como nula la controvertida Resolución Suprema N°019-2024-IN con la que Boluarte concluyó la designación de Angulo y dispuso su pase al retiro.
A juicio del magistrado, en la citada resolución no se motiva adecuadamente las razones que llevan a la decisión de sacarlo del cargo ni las “acciones en específico” que habría cometido para determinar la supuesta “negligencia muy grave en el control y comando de la institución policial”, que se le atribuía a Angulo en la resolución.
El magistrado también apuntó que un comandante general PNP puede ser cesado antes de que concluya su periodo dos años, a propósito de la Ley N°31570. Sin embargo, remarcó que en la norma se establecen determinadas causales para ello y que el Ejecutivo no precisó ni sustentó cuál había contravenido Angulo.
“Siendo ello así, en el presente caso, no se apreciar que la resolución materia de la presente demanda constitucional, haya precisado cuál de las causales fue el sustento para dar por concluida la designación del demandante en el cargo que le fue encomendado”, se lee en la sentencia que tiene fecha 27 de agosto.
Así, el juez concluyó que la resolución suprema, en el extremo que da por concluida la designación de Angulo como comandante general PNP y lo pasa a la situación de retiro, “resulta inconstitucional”. Por ello, ordenó que se emita una nueva resolución “teniendo en cuenta lo expuesto”.
Por otro lado, el extremo solicitado por Angulo para su reincorporación fue declarado como improcedente, toda vez que se advirtió que para el cargo de comandante general PNP solo existe una plaza y que actualmente la misma se encuentra ocupad siguiendo con el escalafón.
Además, se cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que indica que ello debe ser resuelto en la vía ordinaria y no mediante un proceso amparo.
El excomandante general PNP Jorge Angulo manifestó que con la sentencia del Poder Judicial se evidencia que la decisión de su pase al retiro fue “ilegal”, pues se afectó a su institución.
“Se evidencia que fue efectivamente arbitraria, ilegal, abusiva y afectó la institucionalidad”, indicó en entrevista con RPP TV, donde remarcó que su intención fue generar precedentes para que no se manipule una institución con “intereses políticos”.
Sin embargo, cuestionó los fundamentos del juzgado, que ordenó emitir una nueva resolución, pues –desde su punto de vista- generará más incertidumbre.
“En esta misma resolución la entidad demanda dice que se debe emitir una nueva resolución. Yo me pregunto, ¿cuáles serán las motivaciones o fundamentos para generar una nueva resolución? ¿Cómo se va a ejecutar?”, manifestó.
Puntos de vista
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos explicó que los efectos de inmediatos de la sentencia es que se anula el pase a la situación de retiro de Angulo y que el gobierno —si así lo considera— emita una nueva resolución que justifique, de manera adecuada, las razones para pasarlo al retiro.
Apuntó que la sentencia del juzgado precisa que la designación de un comandante general PNP es, efectivamente, por dos años de acuerdo a ley. Y que el plazo puede acortarse, pero si es que existe razones válidas que así lo justifique. “Es decir —apuntó Campos— la interrupción de ese plazo no puede ser arbitraria, debe estar debidamente fundamentada en algunas de las causales previstas en la ley”.
El constitucionalista indicó que ahora todo dependerá de lo que decida el Ejecutivo. Y que incluso si se vuelve a incurrir en una falta de motivación para insistir con el pase al retiro, esta decisión nuevamente podría ser cuestionada ante la vía judicial y ser declarada nula. Para efectos prácticos, el juzgado únicamente ha decidido que haya un nuevo pronunciamiento.
“El pase al retiro se ha anulado. El gobierno debe ahora sustentar esa medida con razones válidas, si acaso decide insistir con ella. Si el gobierno no cumple con ese estándar, entonces el señor Ángulo puede, nuevamente, cuestionar judicialmente dicha decisión”, explicó Campos a El Comercio.
Por su parte, el exdirector de la policía Eduardo Pérez Rocha cuestionó que en la resolución suprema que dispuso el pase al retiro de Angulo se haya indicado que durante su gestión hubo un aumento de la delincuencia y fracasado los estados de emergencia, lo cual —remarcó— no estaba motivado por ningún informe.
Pérez Rocha también criticó que ni siquiera se le haya dado gracias por los servicios prestados, cuando es lo usual sobre todo en funcionarios de ese rango. Con la sentencia, explicó, lo más probable es que se pueda efectuar a favor a Angulo el pago de una reparación civil.
“De acá para adelante no debe haber ningún comandante general que sea cambiado, excepto por las medidas que dice la ley. Lo que ha pasado con Angulo ha roto todo es aspecto legal porque tiene que haber primero un informe que justifique el motivo por el cual te están sacando. Y lo peor y más grave, es que, siendo funcionario y de ese nivel, no se le dio las gracias por los servicios prestados”, incidió Pérez Rocha.
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