Fiscal de la Nación confirma que existen más de 300 investigaciones contra altos funcionarios por diferentes delitos

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó este viernes que existen más de 300 investigaciones en trámite contra altos funcionarios por delitos de corrupción, entre otros, además de 11 denuncias constitucionales, durante su intervención en el 189 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Villena añadió que entre los investigados se encuentran congresistas y que los casos son “importantísimos” porque implican “corrupción de funcionarios, y también violación a los derechos humanos”, a raíz de los sucesos derivados a las protestas sociales de diciembre del 2022.

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Una de las principales investigadas por las protestas sociales de ese año es la mandataria peruana, Dina Boluarte, quien sucedió en el cargo al destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), después de su fallido intento de golpe de Estado, debido a los más de 49 fallecidos por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en esas movilizaciones.

El actual fiscal de la Nación (general) respondió de esa forma durante la audiencia pública convocada por la CIDH sobre la situación del Ministerio Público y sus impactos en los derechos humanos.

Distintos representantes de la sociedad civil peruana denunciaron en la audiencia un clima de hostigamiento contra los fiscales que investigan casos de corrupción contra altos funcionarios, los intentos de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, y una criminalización contra los operadores de justicia.

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La representante de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó que, desde julio de 2022, al menos 10 equipos fiscales han sido removidos o suspendidos, y enviados a cubrir puestos en los que no tienen experiencia.

Asimismo, denunció una “criminalización” de fiscales probos para “generar restricciones a su labor”, y en este caso citó al fiscal coordinador del Equipo Especial que investiga el escándalo Lava Jato, Rafael Vela, que ha sido suspendido por 8 meses en el cargo, con la consecuente pérdida de su protección personal.

Además, ha habido plantones en la casa de Vela para amedrentarlo, pero “no ha habido respaldo de la fiscalía de la Nación, no ha tomado acciones de condena, lo que genera un clima hostil para el cumplimiento de las funciones fiscales”, agregó la portavoz de Cejil.

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Por su parte, el comisionado relator para derechos humanos Edgar Stuardo Ralón recordó que la CIDH manifestó su preocupación por la investigación sumaria contra la JNJ, que es “un organismo clave para garantizar la independencia e idoneidad de los operadores de justicia”.

“La comisión siempre se ha pronunciado en que la figura de la acusación utilizada contra los operadores de justicia forma parte de un catálogo para debilitar la división del poder”, anotó Ralón.

El comisionado llamó la atención sobre la necesidad de identificar aspectos que puedan poner en riesgo y generar algún debilitamiento institucional.

En nombre del Estado peruano también intervino el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien garantizó la transparencia para la próxima elección de los nuevos miembros de la JNJ.

Agregó que las preocupaciones de la sociedad civil son atendibles y que es su labor fomentar la participación activa de los ciudadanos.

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En tal sentido, una representante de la sociedad civil anunció el arribo de una misión internacional de observadores para la elección de la JNJ, al tratarse de “un proceso importante para toda la región”.

Las solicitudes planteadas por la sociedad civil peruana en la audiencia fueron además que se realice un monitoreo al hostigamiento a los fiscales, que el Congreso detenga los juicios políticos contra los operadores de justicia, y que el Ministerio Público garantice la libertad de expresión de sus fiscales.

Igualmente, que la CIDH valore incorporar a Perú en su informe anual en vista a la crisis en el sistema de justicia y la reciente liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), en cumplimiento a un indulto otorgado en 2017, pero que va en contra de una resolución del sistema interamericano.

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