José Luna Morales: el rol que le atribuye la fiscalía en la presunta red Los Gánsteres de la Política

“Los peones de Luna”, según el Ministerio Público, son aquellos personajes claves de la presunta organización criminal Los Gánsteres de la Política que lideraría José Luna Gálvez. Su hijo y actual congresista de Podemos Perú (PP), José Luna Morales, sería uno de ellos.

Esta presunta red criminal, cuya investigación se inició en setiembre del 2019, se habría ramificado hacia diversas instituciones. Tras la confesión del aspirante a colaborador Nro. 2109-2018, la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro, pudo conocer detalles del alcance que habría tenido en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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Ahora, la fiscal Castro también iniciará una línea de investigación hacia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) según se ha informado en las recientes audiencias de prisión preventiva contra el fundador de PP y actual candidato al Congreso, José Luna Gálvez y otros.

Pero, existe otra línea que ya tiene en manos la Fiscalía de la Nación. La que involucra a José Luna Morales, en su condición de alto funcionario y su papel dentro de esta presunta red criminal en la que fue incluido en calidad de “investigado” mediante disposición Nro. 4, el 16 de marzo del 2020.

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Los integrantes de la presunta red criminal, según la fiscalía, habrían desempeñado diversas acciones que tenían como fin la elección de Adolfo Castillo Meza como jefe de Onpe, en el 2017. Luego, con el apoyo de este, inscribir al partido Podemos Perú y obtener poder político y económico.

-Gerente y representante-

Según la tesis de la fiscalía, la organización criminal “se habría constituido en el mes de abril del 2016 y vendría realizando sus principales actividades delictivas hasta la fecha, evidenciándose la permanencia en el tiempo”.

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Y, el rol desempeñado por Luna Morales sería el de la “representación” del presunto líder, José Luna Gálvez, en la compra de voluntades de los entonces magistrados de Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que tenía la función de elegir al jefe de la Onpe.

Ello, como gerente general de la Universidad Privada Telesup, cuyas acciones se encuentran en manos de la familia Luna.

Según la escritura, minuta y kardex de constitución del 8 de junio del 2017 en manos de la fiscalía; en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Universidad Privada Telesup, del 26 de diciembre del 2016, la constitución empresarial quedó conformada por José Luna Gálvez (con el 75% de acciones), José Luna Morales (15% de acciones) y Luis Luna Morales (representado por José Luna G. con 10% de acciones).

En su rol de gerente general de Telesup, Luna Morales habría ayudado a darle apariencia de legalidad a los pagos que se le habrían realizado a integrantes del CNM para que apoyen con su voto la elección de Castillo Meza, según el Ministerio Público.

“Se le atribuye a José Luis Luna Morales, ser miembro de la presunta organización criminal Los Gánsteres de la Política, hijo del líder; habiendo participado en la elección del jefe de la Onpe, para lo cual tuvo a cargo la función de firmar los contratos simulados con la finalidad de comprar las voluntades de exconsejeros del CNM; y en el copamiento de la Onpe con personal de la Universidad Privada Telesup, del cual es el gerente general. Y, a su vez, perturbar la investigación tratando de ocultar evidencias que sirven para el esclarecimiento de la investigación”, se indica en la conclusión de la fiscal Castro.

-Pagos a exCNM-

Según la fiscalía, Luna Morales habría participado en el pago anticipado de S/30 mil que se le hizo al expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, en octubre del 2016.

Dicho abono, a entender de la fiscalía, era parte de los incentivos económicos que le entregaba para que más adelante pudiera lograr su apoyo en la elección de Castillo Meza como jefe de la Onpe.

La fiscal Castro sostiene que Guido Aguila Grados habría recibido pagos “disfrazados” a través de contratos de cesión de derechos de autor por sus publicaciones.

Por ello, hace hincapié en uno de los cheques que emite José Luna Morales y que es recibido por el exconsejero 24 días antes de firmar el contrato con la Universidad Telesup, por la cesión de derechos de uno de sus libros.

“Se le desembolsa S/30,000.00 a Guido Aguila Grados por la cesión de derechos de autor de la obra ´Derecho Procesal Constitucional-Parte general-Basado en la Jurisprudencia del TC´. Fue entregado antes de la firma del Contrato de Cesión de Derechos de autor que tiene fecha 27 OCT 2016. Es decir, José Luna Morales, presunto integrante de la O/C “Los peones de Luna”, el día 3 de OCT 2016 le giró un cheque a Guido Aguila Grados, (ex)presidente del CNM”, relata la fiscal en la investigación.

A ello, se suman otros pagos que según la fiscalía se hizo durante el proceso de elección del jefe de la Onpe.

-Inmueble-

La fiscalía también sostiene que Luna Gálvez habría influido en el exconsejero Iván Noguera con presuntos pagos simulados por contratos de cesión de derecho de autor y la compra de un inmueble a través de la citada universidad.

Luna Morales, en su calidad de gerente general de la casa de estudios, según la fiscalía, habría justificado la compra-venta de un inmueble ubicado en la calle José Mariano Arce 285 (Pueblo Libre) por parte del exconsejero Iván Noguera a la Universidad Telesup, en julio del 2016. Por esa transacción, el exconsejero recibió US$380 mil que fueron cancelados en su totalidad.

Sin embargo, agrega la fiscalía, pese a que la compra se realizó en julio del 2016 y por tanto la universidad ya tenía la posesión del inmueble; el exconsejero Noguera seguía registrando la dirección del mencionado inmueble en contratos posteriores del 17 de agosto 2016 y 30 de agosto 2016, por cesión de derechos de autor.

Otro aspecto que ha sido resaltado por la fiscalía durante las audiencias de prisión preventiva solicitada contra su padre, es que Luna Morales “ha pretendido relacionar la actividad investigativa del Ministerio Público con algún interés político”.

De esta manera, podría estar abonando para entorpecer las investigaciones al querer generar “un clima de sospecha” en la ciudadanía sobre la actuación objetiva e imparcial del Ministerio Público.

“Lo cual podría repercutir en que los ciudadanos (testigos, coimputados u otros) que vayan a ser citados cuestionen el trabajo fiscal y, a partir de ello, puedan brindar información errónea o equívoca en la investigación”, sostuvo la fiscal.

-Hasta que concluya gestión-

Las actuaciones de Luna Morales y los hechos a los que ha sido vinculado fueron enviados por la fiscal Sandra Castro a la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, cualquier investigación deberá esperar hasta que el congresista por Podemos Perú concluya su gestión debido a su inmunidad parlamentaria.

Como se recuerda, Luna Morales fue electo congresista en enero del 2020 para completar el período 2016-2021

Y es que, según el artículo 93 de la Constitución, los congresistas no pueden ser sometidos a proceso judicial sin autorización del Congreso hasta un mes después de haber dejado el cargo parlamentario.

“El investigado José Luna Morales tiene la calidad de congresista de la República; por lo tanto, cumple la calidad especial para beneficiarse con la inmunidad parlamentaria”, explicó la fiscal.

La fiscalía no puede iniciar una acción penal contra Luna Morales hasta después de agosto del 2021 cuando concluya su período parlamentario. Su caso, ha quedado suspendido.

-José Luna Morales: “Me voy a someter a las investigaciones”-

En diálogo con El Comercio, José Luna Morales, dijo que afrontará a la justicia al igual que lo ha hecho su padre, José Luna Morales, pero enfatizó que “no solo hay que valorar las pruebas que les conviene y lo que no, dejarlo de lado”.

“Yo, al igual que mi padre, no nos corremos de la justicia. Me voy a someter a las investigaciones; todas las veces que se ha requerido presentarme como testigo, en todas he participado, pero hay que tener la justicia clara e independiente. No solo hay que valorar las pruebas que les conviene y lo que no, dejarlo de lado”, exclamó.

Indicó que la fiscalía lo ha involucrado en esta investigación, en base a la declaración de “un seudo colaborador eficaz que me ha mencionado y ha declarado que escuchó que yo era el que estaba buscando darle la legalidad a los pagos de los señores Iván (Noguera) y Guido Aguila”.

Afirmó que, en el 2018 y 2019, cuando aún era gerente de la Universidad Privada Telesup, entregó toda la información a la fiscalía sobre los contratos. Así como los textos con la respectiva inscripción en el ISBN (sistema internacional de numeración de libros) de la Biblioteca Nacional y los libros producidos por los exconsejeros.

Agregó que, en su calidad de gerente general, fue quien realizó los contratos con Aguila y Noguera, pues “al ser personas de renombre” coordinaban directamente con él o su secretaria.

“En ese momento, no recuerdo si teníamos la facultad de derecho más grande del Perú o la segunda; y esos señores, supuestamente en su momento, eran eminencias en el derecho porque eran autoridades máximas del derecho y la universidad contrató con ellos, así como contratamos con profesionales en diferentes áreas”, exclamó.

En todo caso, acotó, la fiscalía tendría que investigar a todos los gerentes de las universidades que han contratado a dichos personajes para la elaboración de libros.

En diálogo con El Comercio, el congresista aseguró que no conoce al exjefe de la Onpe, Odolfo Castillo Meza y tampoco a los denunciados implicados en esta investigación, pues, en ese momento, estaba concentrado en sus actividades empresariales. Recién tomó conocimiento de sus nombres, explicó, cuando se denunció el caso de Podemos Perú, pese a que ya era un “reciclado” del 2018.

“Entonces, tratan de decirme que yo hice esos pagos pensando que se iba a nombrar al jefe de la Onpe. No sabía quién era el jefe de la Onpe, no estaba involucrado en esas actividades. Pensar que por pagarles a ellos su producción intelectual iba a generar un problema como este. Entonces deberíamos pensar que cualquier profesional que haga libros y luego cae en delitos, se le va a acusar al gerente general de haber pensado que iba a realizar esos delitos cinco años después”, remarcó.

En otro momento, Luna Morales cuestionó que la fiscalía le quiera atribuir a su padre un número telefónico que él usaba en su condición de gerente o lo usaba su secretaria.

También criticó que la fiscalía no haya tomado en cuenta la declaración del investigado Fernando Obregón, quien -añadió- narró que fueron otras las personas interesadas en la elección de Castillo Meza como jefe de la Onpe y no su padre.

Aseguró que José Luis Cavassa trabajó con él desde el 2015.

“También han querido decir que se han reunido en Telesup con mi padre, pero el señor Obregón, siendo un testigo de hecho, habiendo declarado en noviembre, donde dijo que mi padre nunca participó en la reunión, que la reunión fue entre el señor Cavassa y Castillo”, remarcó.

Por su parte, Guido Aguila, expresidente del CNM, dijo a El Comercio que la elección de Castillo Meza, “fue por unanimidad”, por lo que decir que ya tenían dos voto asegurados -entre ellos el suyo- “pierde totalmente sentido”.

Calificó de “absurdo” que se afirme que los pagos de derecho de autor son un “disfraz” por parte de Telesup. Dijo que se entregaron facturas y se pagó el impuesto anual por esos ingresos. Puntualizó que eran pagos de libros que ya habían escrito con anticipación y que dicha transacción fue “por la autoría”.

“Además, lo que menciona es de oídas, habría que preguntarle a (José) Cavassa, no es que a mí me dijo, pierde seriedad y en segundo lugar, ha sido una transacción pública y su nombramiento fue por unanimidad”, manifestó.

Cuestionó que las investigaciones reservadas se conozcan, ya que indicó que en la opinión pública se forma una “pre-condena” por los dichos de alguien. Añadió que eso “no es justo” para una persona investigada.

Aguila Grados aseveró que no conocía a Castillo Meza; sino hasta el día de su elección y su juramentación, por lo que consideró que el exjefe de Onpe pudo ser “inducido” a brindar dichas declaraciones en su contra.

“Yo hice el trato con el señor José Luna Morales y una vez tuve contacto para con él, el señor Luna Morales, para ver ese tema de los libros. No hay nada más del desempeño profesional con el señor Luna Morales y menos con el señor Luna Gálvez”, afirmó.

En otro momento, el exconsejero señaló que en su declaración, Castillo Meza afirma que presentó documentación fraguada, pero que todo eso pasó por dos estamentos antes de llegar al pleno del CNM: la Dirección de Selección y la Comisión de Selección y Nombramiento, cuyos integrantes no están siendo investigados.

“Son ellos los que ven, no es que todo vaya directamente al Pleno. Para eso hay una comisión y se reunía con mayor frecuencia cuando pasaban estas cosas (elecciones) y hacían la revisión. Luego ellos presentaban un informe; y si la Comisión y Dirección (lo aprobaba), cómo es que íbamos nosotros o al menos yo que no formaba parte de ninguna comisión por ser presidente, cómo íbamos a desconfiar que eran documentos fraguados”, anotó.

Agregó que quien finalmente armó el puntaje a favor de Castillo Meza, fue uno de los exasesores del CNM que está sometido a colaboración eficaz.

Fiorella Cuya, abogada de Iván Noguera, dijo que no se pronunciaría sobre el tema. “Por el momento él no desea declarar nada. Tampoco vamos a dar algún alcance de ello, mi patrocinado viene cumpliendo las diligencias que le notifican en la fiscalía y con su comparecencia como vienen haciéndolo desde el día uno”, agregó.

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