La Universidad Privada Telesup S.A.C. fue incorporada, mediante mandato judicial, en la investigación de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, seguida en contra del congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) y otros.
A través de la Resolución N° 6, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido del Ministerio Público en el proceso penal por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.
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El Poder Judicial fundamenta su decisión con base a los argumentos expuestos por el Ministerio Público en la audiencia del 12 de enero de 2024, entre los cuales, un partido político obtiene personería jurídica mediante la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo cual no lo exime de responsabilidad sobre las acciones realizadas previamente.
Según la hipótesis fiscal, este partido carecía de control y supervisión en el recojo de firmas para su inscripción, lo que habría permitido que se presenten rúbricas falsas ante el JNE para participar en las Elecciones Municipales y Regionales 2018.
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La fiscalía argumenta que la Universidad Telesup habría sido instrumentalizada para facilitar, favorecer o encubrir los delitos de crimen organizado y corrupción que habrían cometido los demás investigados.
Además, en la audiencia del pasado 15 de enero el fiscal provincial Roger Saldaña Pineda sustentó que a través de Telesup se habría pagado a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para influir en la elección del jefe de la ONPE en el 2017.
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Refiere que Telesup fue utilizada para viabilizar las actividades de la organización criminal para tener influencia en los miembros del desactivado CNM Guido Aguila y Sergio Noguera.
Detalla que se buscó favorecer al consejero Julio Gutiérrez Pebe con depósitos en cuentas a nombre de su hijo, financiar publicaciones de Aguila, designar a la esposa de Noguera como decana de facultad de Derecho y permitir que un inmueble se consigne como su dirección domiciliaria.
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Estos beneficios económicos sirvieron para influir en el proceso de selección del jefe de la ONPE, donde dichos consejeros votaron favorablemente por el nombramiento del candidato Adolfo Castillo Meza.
Asimismo, alegó que se habría financiado el proceso de inscripción del partido político Podemos por el Progreso del Perú y otras actividades desplegadas a favor de la presunta organización criminal.
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