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El Consejo Directivo incluyó en la agenda del pleno del Congreso de esta semana el dictamen de la Comisión de Constitución que permite que los jefes de los organismos que integran el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec) puedan ser sometidos a los procedimientos de juicio político y antejuicio a través de una acusación constitucional en el Congreso.
Con ello, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones y los jefes del Reniec y de la ONPE podrán ser sometidos, a criterio del Congreso, a inhabilitaciones por infracción a la Constitución y a procesos penales ante la Corte Suprema. La propuesta se aprobó pese a la oposición de las instituciones que conforman el sistema electoral, que adviriteron una amenaza a su autonomía.
El dictamen fue aprobado el 9 de abril con 16 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. Los apoyos provinieron de Fuerza Popular (5), APP (2), Renovación Popular (2), Acción Popular (2), Podemos (2), Avanza País (1), Somos Perú (1) y la no agrupada Maricarmen Alva.
En aquella sesión, la propuesta fue defendida por Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución. Detalló que el dictamen recogía propuestas de seis proyectos de ley y remarcó que respondía a una exhortación hecha por el Tribunal Constitucional (TC) para que los jefes del sistema electoral puedan ser pasibles de acusaciones constitucionales.
Durante el debate posterior, la legisladora Diana Gonzales (Avanza País) indicó que la exhortación que hizo el TC en el 2003 era para que solo sean sometidos al antejuicio, es decir, que tengan inmunidad para que solo puedan ser procesados por delitos con autorización del Congreso.
Martha Moyano reconoció lo advertido, pero agregó que los congresista tenían el derecho de también incluir en su reforma el juicio político por infracción a la Constitución, que se sanciona con inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ello para “nivelar” la protección del antejuicio (inmunidad) con la posibilidad de poder ser sancionados por el Congreso.
Con la aprobación a nivel de la Comisión de Constitución, la reforma deberá pasar ahora al pleno del Congreso. Por ser una reforma constitucional, requiere ser aprobada en dos legislaturas con un mínimo de 87 votos, o ser aprobada por mayoría simple con una posterior ratificación a través de un referéndum.
