Guillermo Bermejo: Las razones por las que el PJ dictó prisión preventiva contra su asesor

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 20 meses de prisión preventiva contra Jaime Jara Aguirre, asesor del congresista Guillermo Bermejo, por el caso “Los Operadores de la Reconstrucción” el pasado lunes 11.

Jara, acusado por la fiscalía de ser el “operador” de Bermejo, es investigado por el presunto delito de organización criminal, por supuestamente participar en el cobro de coimas a cambio de manipular licitaciones públicas en Piura.

Jara trabajó en el despacho del congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú con el cargo de técnico, pero la fiscalía asegura que, en la práctica, era su asesor en la sombra.

El juzgado concluyó que “hay suficiente información sobre la presunta vinculación de Jara” con una supuesta red criminal que cobró coimas a empresarios que ganaron contratos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Por este mismo caso, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Bermejo el mes pasado, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Durante la audiencia por la prisión preventiva, se destacó que un colaborador eficaz relató que Jara, Bermejo y otro presunto asesor de este último recibían el 2 % de los contratos financiados por la ARCC.

El juzgado precisó que los datos brindados por el colaborar eficaz al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder deben ser corroborados, pero añadió: “No estamos ante la única versión, sino que hay otros testimonios. [...] [Lo que] representa un nivel de sospecha grave”.

En otro momento, el juzgado se refirió a la conversación que dio inicio al caso “Los Operadores de la Reconstrucción”, en la que se escuchan coordinaciones de presuntos pagos ilícitos por obras públicas entre Fernando Ipanaqué, exalcalde de La Unión (Piura), y Mario Espinoza, quien fue asesor de Robert López López, exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios .

En el diálogo, se menciona a “Jaime” - en referencia a Jaime Jara - y a Yul Valdivia, otro sindicado de actuar como asesor en la sombra de Bermejo para fines ilícitos.

Para el juzgado, los elementos de convicción presentados por la fiscalía durante las audiencias por el pedido de prisión preventiva evidencian “la relación de Jaime Jara con el presunto propósito criminal de cobro de coimas”. Es decir, se cumplió con el primer presupuesto: la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito.

El Ministerio Público proyectó que Jara y otros involucrados en el caso de presunta organización criminal recibirían una condena de al menos ocho años de cárcel.

El juzgado concluyó que ese pronóstico es objetivo, pues ocho años es el tiempo mínimo de pena que les correspondería si, al final del proceso, se concluye que son responsables.

Con ello, se cumplió con el segundo presupuesto: que la prognosis de pena sea superior a cuatro años.

Luego, el juzgado determinó que Jara no cuenta con “arraigo familiar de calidad”, pues sus hijos no viven con él o no dependen económicamente de él, aunque son menores de edad.

También concluyó que no tiene arraigo laboral porque el presunto delito que se le imputa “lo cometió valiéndose de su puesto en el Estado”.

Además, destacó que la fiscalía y la policía tuvieron que derribar las vías de acceso a su domicilio porque este se negó a una orden de allanamiento.

El juzgado precisó que en ese momento, las autoridades “perdieron tiempo valioso, [en el que] el investigado podría haber ocultado información de interés para la investigación fiscal”.

Además, consideró que Jara “cuenta con suficiente relación [con el poder] para afectar el desarrollo normal de la investigación”. En este punto, el juzgado destacó su vínculo directo con el congresista Bermejo.

Por último, destacó la magnitud del daño causado, pues no solo “se ha afectado la concreción de obras públicas de calidad, sino también el proyecto de vida de niños [...] por obras inconclusas y abandonadas”, en referencia a escuelas públicas.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional señaló que “la magnitud del daño es inconmensurable”.

El juzgado también dictó 20 meses de prisión preventiva contra Mario Espinoza, quien fue asesor de Robert López López; y el exfuncionario Jorge Bernal.

En tanto, impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra López, Máximo Palacios Lazo y Joseph Lombardi Lizano.

Ellos deberán pasar por control biométrico cada 30 días durante el tiempo que dure el proceso, concurrir ante la autoridad fiscal y judicial cuando sean citados, no ausentarse de la localidad de la que residen sin previa autorización y no comunicarse con sus coimputados.

En el caso de López, el juzgado concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción y podría recibir una pena de al menos ocho años de prisión. No obstante, determinó que cuenta con arraigo domiciliario y familiar.

Además, señaló que la fiscalía no le sindica ninguna inconducta o mala fe procesal.