Redacción EC
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La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, a cargo del doctor Walter Delgado Tovar, solicitó 24 años de prisión y cinco años de inhabilitación para asumir cualquier cargo público para el detenido candidato presidencial de Democracia Directa, .

Al ex gobernador regional de Cajamarca se le imputan la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión simple y colusión agravada.

El documento final de la fiscalía, presentado ante la Sala Penal Nacional, comprende más de 1.500 páginas, pues la investigación comprende a 46 personas naturales y dos empresarios.

Según los hechos sustentados, se imputa que dentro del Gobierno Regional de Cajamarca, especialmente dentro de la Unidad Ejecutora Proregión, existió una organización criminal encargada de convocar a empresarios con los que Gregorio Santos tenía acuerdos colusorios para entregarles licitaciones públicas.

La acusación fiscal menciona que el postulante presidencial habría recibido sobornos por la suma de S/1.237.000 y US$67.804. Estos habrían sido entregados por los empresarios Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera Andrianzen.

Asimismo, se ha solicitado el decomiso de bienes muebles e inmuebles de propiedad de Gregorio Santos que fueron adquiridos con presunto dinero ilícito producto de los sobornos. 

La fiscalía también reunió registros telefónicos para corroborar en qué días y horas se efectuaron los presuntos pagos por parte de empresarios al candidato presidencial y sus familiares.

Vale anotar que la semana pasada se conoció que Gregorio Santos sería finalmente sentenciado por la Corte Suprema de Justicia el próximo 29 de marzo.

Así lo anunció el presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, durante la audiencia por el recurso de casación presentado por la defensa legal de Gregorio Santos a fin de que se fije un plazo para su sentencia.

El aspirante presidencial de Democracia Directa se encuentra hace más de 22 meses en prisión preventiva pese a que, de acuerdo a su abogado, la fiscalía solo pidió en total 16 meses de esta medida mientras afronta el juicio en su contra.

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