Fiscalía investiga contrataciones en JNJ: ¿qué delitos se habrían cometido y hasta donde alcanzan las responsabilidades?

En cuestión de horas desde la emisión de un reportaje sobre presuntas contrataciones irregulares en una dirección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público inició una investigación preliminar e intervino la sede de la institución para recolectar información.

La indagación es por el delito de negociación incompatible y está a cargo del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Justamente el fiscal Juan Carlos Zuñiga, que dirige el citado despacho, fue quien encabezó la delegación de agentes del Ministerio Público y de la Policía que llegó alrededor del mediodía a la sede de la JNJ.

LEE TAMBIÉN | ¿Una prueba más de la alianza? APP es el partido más beneficiado con los créditos suplementarios

El último domingo, el programa Punto Final denunció que siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia provienen de un mismo círculo de amigos y que al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.

Los involucrados lograron trabajar en la Dirección de Procesos Disciplinarios (DPP) de la JNJ, al mando de la abogada Marielka Nepo Linares. Allí se brinda soporte técnico y jurídico a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios en la tramitación de denuncias, investigaciones y procesos contra jueces, fiscales y jefes de la ONPE y el Reniec.

Mientras la diligencia del lunes seguía en curso, Zuñiga declaró a la prensa en los exteriores de la sede de la JNJ, en San Isidro. Indicó que estaban “recabando información de los expedientes de contratación, los CPU y las computadoras. Todo lo que pueda servir para determinar los hechos que se han puesto en conocimiento público”.

Según dijo, la JNJ mostró “buena disposición para entregar la documentación e información” y “no ha habido ninguna obstrucción”.

Precisó que se entrevistó con la titular y el vicepresidente de la JNJ, Imelda Tumialán, y Aldo Vásquez, respectivamente.

Las pesquisas también incluirán “citaciones al personal de los investigados y a todos los testigos que tengan que ver con las presuntas irregularidades”.

La JNJ anunció el domingo por la noche, tras la emisión del reportaje, una investigación interna. El lunes por la tarde, luego del inicio de las diligencias fiscales, la institución informó que dispuso el “desplazamiento” (reasignación a otra área) de la directora de la DPP y de tres trabajadores CAS mencionados en el reportaje hasta que terminan las indagaciones administrativas.

Añadió que otra de las involucradas, una locadora de servicios, fue cesada, mientras que otras dos personas citadas en la denuncia ya no trabajaban en la institución. Finalmente, la JNJ afirmó que están revisando todos las contrataciones CAS y de locadores de la DPP desde el 2020 y aseguró que están colaborando con la fiscalía en sus pesquisas.

La pregunta que se abre es si la investigación podría llegar hasta los miembros del pleno. El hecho de que la investigación esté siendo llevada en estos momentos por un fiscal provincial da a entender que, al menos por ahora, no.

Si el caso implicara directamente a los miembros del pleno de la JNJ, la investigación hubiese sido abierta por la fiscal de la Nación, quien es la única que puede investigarlos por ser altos funcionarios.

Los especialistas consultados por El Comercio al respecto coincidieron. El penalista Andy Carrión señaló que de lo que se conoce del caso, no hay elementos para vincular directamente a alguno de los miembros del pleno de la JNJ con los hechos bajo investigación. Sin embargo, indicó que el Congreso sí podría usar este caso para atribuirles un indebido control de las contrataciones en la institución.

“No es suficiente para el ámbito penal, pero sí le da insumos al ámbito congresal. Ellos se despliegan en otro tipo de circunstancia administrativa, política. Todavía no alcanza [para involucrar penalmente a los miembros de la JNJ]. Es muy puntal, es solo un área de las tres que conforman su organigrama. Además, no necesariamente ellos se encargan de contratar a un personal de asesoría externa. En lo penal hay que ser más rigurosos para involucrar a una persona”.

En esa misma línea, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que en este tipo de delitos solo se puede implicar a los funcionarios cuyas funciones estén vinculadas al hecho ilícito.

“Si dentro de las funciones de los miembros de la JNJ estuviese supervisar los temas de contrataciones y demás, si podría llegar, pero no creo que sea así. Aquí va a haber responsabilidad penal hasta el funcionarios que tendría a cargo la contratación”, dijo.

Consideró que esto cambiaría si se hallan nuevos elementos como que, por ejemplo, algún miembro de la JNJ conocía a estas personas o tenía un interés particular en ellas.

No obstante, el abogado también señaló que este tipo de presuntas irregularidades en contrataciones no deben en ocurrir en un área que tiene a cargo funciones importantes como los procesos a jueces y fiscales supremos.

“Puede haber alguna norma de carácter general, pero en principio, creo que esta va a alcanzar directamente a los responsables de las áreas que han estado involucradas en el proceso de selección hasta la contratación”, comentó.

El penalista Andy Carrión consideró que el delito de negociación incompatible sí se acomoda a las hechos bajo investigación, pero añadió que la pesquisa también podría ser por nombramiento o aceptación ilegal de un cargo.

En el primer delito, explicó, se sanciona a un funcionario que esté interesado de manera indebida en favorecerse a sí mismo o a un tercero.

“Entiendo que la imputación está dirigida a quienes han contratado a estas personas, pero creo que no a quienes fueron nombradas de manera ilegal. Debería haber además un delito de nombramiento ilegal, que va en sentido bilateral: no solo a quien nombra, sino también a quien acepta ese nombramiento sin cumplir los requerimiento”, comentó.

No obstante, indicó que en este tipo de casos es común que la fiscalía inicie indagando un solo delito y a que medida que vayan recolectando evidencias. En esa línea, indicó que la atención podría poner el foco sobre la jefa de la DPP respecto a si esta informó al pleno de la JNJ sobre las contrataciones.

Por su parte, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía consideró que el principal delito a investigarse debería ser el de colusión.

“Este es un delito en el que hay un funcionario y un privado que se interesa. En este caso, las contrataciones ya realizadas no son otra cosa que la consumación del delito de colusión. Estas personas tienen que haberse de acuerdo con alguien que quien los ha ayudado a poder ser parte de la organización”.

Advirtió que el derecho administrativo sancionador “es una rama muy compleja” y que “son cosas que, evidentemente, alguien que asesora a una cevichería no conoce”.

“Además, tenemos la sospecha de que han ‘ruleteado’ estos certificados: yo te certifico a ti, tú a mí, etc. Son amigos del barrio que han encontrado a alguien dentro de la institución que ha tenido que pasar por alto estos temas”, agregó.