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MARIO MEJÍA (@mariomejiah)
El fiscal Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, finalizó su investigación por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década del 1990, y concluyó que los investigados Alberto Fujimori y su ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta no tienen ninguna responsabilidad delictiva.
Guzmán solo denunciará a seis médicos, por la muerte de una mujer que fue esterilizada en Cajamarca.
El fiscal dispuso archivar la denuncia en lo que respecta al delito de crimen de lesa humanidad, pues sostiene que no se ha encontrado indicios de que el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori haya tenido intención de esterilizar de manera forzada a las mujeres pobres del país.
Guzmán Baca indicó que, para acusarlos, a Fujimori y a sus ex ministros se les habría tenido que imputar la autoría mediata, pero dijo que en este caso no se cumple el requisito de existencia de una "estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical", como existe en el Ejército. “El ministerio de Salud es otra cosa: nadie puede obligar a un médico a hacer algo contra su voluntad”, dijo el fiscal a El Comercio.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial reabrió la investigación de las esterilizaciones forzadas en junio del 2013 a raíz de una recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Peruano, debido a que el número de mujeres afectadas era muy alto y una de ellas había muerto a consecuencia de las esterilizaciones.
El caso se había archivado en mayo del 2009, porque, según el fiscal que tuvo el caso, no se había encontrado indicios de carácter criminal en los investigados por las irregularidades cometidas en la ejecución del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000.
Como parte de ese programa, falleció Mamérita Mestanza, quien fue sometida a una esterilización en Cajamarca. Precisamente el fiscal Guzmán ha decidido formular denuncia contra un grupo de médicos de Cajamarca por haber cometido irregularidades en la ejecución del programa de salud reproductiva.
Se trata de dos médicos legistas y cuatro galenos de una posta médica. A los primeros se los denunciará en los próximos días ante un juzgado de la Sala Penal Nacional por los delitos de encubrimiento real e incumplimiento de funciones, y a los segundos por los delitos de exposición al peligro y homicidio culposo.
Guzmán Baca sostiene que, si bien no se ha incurrido en crimen de lesa humanidad, sí hay elementos que indican que hubo violación de derechos humanos porque “en algunos casos eso [las esterilizaciones] afectaba la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza”, señaló.
